Judicial
ÚLTIMA HORA: Diputados acuerdan iniciar antejuicio contra magistrado acusado de agresión sexual a una menor de edad
Este martes por la mañana, los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa se reunieron en privado y aprobaron por unanimidad el dictamen favorable para crear la comisión de antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual a una menor de edad.
Con ello, los diputados declararon abierto el proceso de antejuicio en contra del funcionario.
Según explicó el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Ricardo Velásquez Parker, luego de analizar el requerimiento presentado el viernes por la Fiscalía, encontraron los elementos mínimos para que el magistrado sea procesado penalmente.
Luego de la reunión a puerta cerrada, los legisladores acordaron declarar abierto el proceso de antejuicio. Unos minutos después el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, anunció que habrá otra sesión extraordinaria para este martes y como punto único el caso.
Luego de la reunión a puerta cerrada, los legisladores acordaron por unanimidad declarar abierto el proceso de antejuicio. Unos minutos después el presidente de la Asamblea, Norman Quijano anunció que habrá otra sesión extraordinaria para este martes y como punto único el caso.
«Se convoca a los diputados a sesión extraordinaria para este día a las 6:00 p.m. Punto único a tratar: Conocer dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre petición de desafuero del magistrado Eduardo Jaime Escalante.», fue el tuit de Quijano anunciando.
En la plenaria de la tarde de este martes y luego de que los diputados acordaran seguir el proceso, se debería juramentar a los miembros de la comisión de antejuicio y el fiscal, quienes serán los encargados de escuchar a la defensa de Escalante Díaz y determinar si procede o no la solicitud de retirarle el fuero constitucional.
«Quiero hacer hincapié que la Asamblea no está emitiendo ningún tipo de juicio, condena o de absolución, simplemente se concluyó que la solicitud cumple los requisitos mínimos para la formación de causa y esto será trasladado por dictamen favorable votado», dijo luego de la sesión de la comisión el presidente en funciones de la misma, Ricardo Velásquez Parker.
Escalante Díaz, quien es magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, fue capturado por agentes policiales en la colonia Altavista, del municipio de Tonacatepeque. Fuentes policiales agregaron que los vecinos de la zona dijeron haber visto cuando Escalante arremetió contra la menor.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
