Judicial
ÚLTIMA HORA: Diputados acuerdan iniciar antejuicio contra magistrado acusado de agresión sexual a una menor de edad
Este martes por la mañana, los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa se reunieron en privado y aprobaron por unanimidad el dictamen favorable para crear la comisión de antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual a una menor de edad.
Con ello, los diputados declararon abierto el proceso de antejuicio en contra del funcionario.
Según explicó el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Ricardo Velásquez Parker, luego de analizar el requerimiento presentado el viernes por la Fiscalía, encontraron los elementos mínimos para que el magistrado sea procesado penalmente.
Luego de la reunión a puerta cerrada, los legisladores acordaron declarar abierto el proceso de antejuicio. Unos minutos después el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, anunció que habrá otra sesión extraordinaria para este martes y como punto único el caso.
Luego de la reunión a puerta cerrada, los legisladores acordaron por unanimidad declarar abierto el proceso de antejuicio. Unos minutos después el presidente de la Asamblea, Norman Quijano anunció que habrá otra sesión extraordinaria para este martes y como punto único el caso.
«Se convoca a los diputados a sesión extraordinaria para este día a las 6:00 p.m. Punto único a tratar: Conocer dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre petición de desafuero del magistrado Eduardo Jaime Escalante.», fue el tuit de Quijano anunciando.
En la plenaria de la tarde de este martes y luego de que los diputados acordaran seguir el proceso, se debería juramentar a los miembros de la comisión de antejuicio y el fiscal, quienes serán los encargados de escuchar a la defensa de Escalante Díaz y determinar si procede o no la solicitud de retirarle el fuero constitucional.
«Quiero hacer hincapié que la Asamblea no está emitiendo ningún tipo de juicio, condena o de absolución, simplemente se concluyó que la solicitud cumple los requisitos mínimos para la formación de causa y esto será trasladado por dictamen favorable votado», dijo luego de la sesión de la comisión el presidente en funciones de la misma, Ricardo Velásquez Parker.
Escalante Díaz, quien es magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, fue capturado por agentes policiales en la colonia Altavista, del municipio de Tonacatepeque. Fuentes policiales agregaron que los vecinos de la zona dijeron haber visto cuando Escalante arremetió contra la menor.
Nota tomada de El Salvador Times
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
