Judicial
ÚLTIMA HORA: Diputados acuerdan iniciar antejuicio contra magistrado acusado de agresión sexual a una menor de edad
Este martes por la mañana, los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa se reunieron en privado y aprobaron por unanimidad el dictamen favorable para crear la comisión de antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual a una menor de edad.
Con ello, los diputados declararon abierto el proceso de antejuicio en contra del funcionario.
Según explicó el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Ricardo Velásquez Parker, luego de analizar el requerimiento presentado el viernes por la Fiscalía, encontraron los elementos mínimos para que el magistrado sea procesado penalmente.
Luego de la reunión a puerta cerrada, los legisladores acordaron declarar abierto el proceso de antejuicio. Unos minutos después el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, anunció que habrá otra sesión extraordinaria para este martes y como punto único el caso.
Luego de la reunión a puerta cerrada, los legisladores acordaron por unanimidad declarar abierto el proceso de antejuicio. Unos minutos después el presidente de la Asamblea, Norman Quijano anunció que habrá otra sesión extraordinaria para este martes y como punto único el caso.
«Se convoca a los diputados a sesión extraordinaria para este día a las 6:00 p.m. Punto único a tratar: Conocer dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre petición de desafuero del magistrado Eduardo Jaime Escalante.», fue el tuit de Quijano anunciando.
En la plenaria de la tarde de este martes y luego de que los diputados acordaran seguir el proceso, se debería juramentar a los miembros de la comisión de antejuicio y el fiscal, quienes serán los encargados de escuchar a la defensa de Escalante Díaz y determinar si procede o no la solicitud de retirarle el fuero constitucional.
«Quiero hacer hincapié que la Asamblea no está emitiendo ningún tipo de juicio, condena o de absolución, simplemente se concluyó que la solicitud cumple los requisitos mínimos para la formación de causa y esto será trasladado por dictamen favorable votado», dijo luego de la sesión de la comisión el presidente en funciones de la misma, Ricardo Velásquez Parker.
Escalante Díaz, quien es magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, fue capturado por agentes policiales en la colonia Altavista, del municipio de Tonacatepeque. Fuentes policiales agregaron que los vecinos de la zona dijeron haber visto cuando Escalante arremetió contra la menor.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
