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Turistas podrán viajar en el ferri, en una segunda fase
La dinamización comercial de la región centroamericana es solo el primer paso del ferri, que inició operaciones el jueves 10 de agosto, entre El Salvador y Costa Rica para movilizar carga, y convertirse en la primera vía marítima de corta distancia del istmo.
La siguiente fase a consolidar entre las dos naciones ejecutoras, El Salvador y Costa Rica, y la Blue Wave Corporation, la operadora del buque, es extender el servicio hacia el transporte turístico, aseguró el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.
«Del lado de El Salvador, ya estamos trabajando para que el ferri de pasajeros ya sea una realidad, nos enorgullece ser pioneros de un nuevo puente de conexión marítima que contribuirá a fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones y la integración en Centroamérica», señaló el titular.
En este sentido informó que en días recientes se incorporó a la Mesa Técnica del Ferri en El Salvador, integrada por 14 instituciones, los ministerios de Hacienda y Turismo, este último para agilizar la modalidad de transporte de pasajeros, que ya recorre con carga las 360 millas náuticas entre los puertos de La Unión y Caldera.
Apuntó que ha sostenido conversaciones al respecto con la ministra de Turismo, Morena Valdez, para atender la gran inquietud que la población ha mostrado por la posibilidad de viajar hasta la vecina nación a través del ferri.
«La gente quiere vivir la experiencia de viajar vía marítima hacia Costa Rica, con todas las bondades que hemos hablado, todas las comodidades que tiene el barco y que pueden subir su carro, su moto e irse a pasear», destacó Anliker.
Por su parte el CEO de la Blue Wave Corporation, Michael Volks, detalló que la empresa se encuentra embarcada y con todas las posibilidades de hacer posible la modalidad turística del ferri.
«Este barco cumple con todos los requisitos para llevar turistas y esto también ha sido algo a lo que nosotros le apostamos, en una segunda fase de la que no tenemos una fecha exacta pero que muy pronto se puedan transportar turistas», subrayó.
En otro tema, Anliker afirmó que existe una posibilidad de introducir un segundo buque de la Blue Wave Corporation, una vez el traslado de mercancías esté consolidado y que los empresarios hayan experimentado las múltiples ventajas del nuevo canal logístico podría introducirse un segundo barco para el traslado de carga, y en un futuro de pasajeros.
«Estábamos hablando (con la Blue Wave Corporation) que ojalá que trajeran dentro de poco el segundo barco porque una vez se comience a conocer más y la gente descubra sus bondades será necesario», comentó el presidente de CEPA.
«Lo importante es que el puerto ya tiene vida, que ya tiene una operación permanente y los ojos puestos de muchas navieras del mundo para tener operaciones en El Salvador, en el puerto de La Unión», concretizó.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
