Judicial
Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla aplaza fallo en caso denominado “San Blas”
Para el próximo 30 de noviembre a las 9:00am, el Juez a cargo del juicio denominado “San Blas” dará a conocer el fallo que defina la situación jurídica de cinco agentes que pertenecían al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP); y a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera Dennis Alexander Hernández Martínez, ilícito tipificado y sancionado en el Artículo 129 del Código Penal. Para este viernes 16 de noviembre el Juez del caso había programado emitir su fallo; sin embargo por la abundancia de la prueba presentada se aplaza y se reprograma para la nueva fecha.
Durante el juicio la Fiscalía ha solicitado al Tribunal un fallo de carácter mixto. Pidió que a tres de los cinco imputados se les condene como coautores del delito de homicidio agravado en comisión por omisión; y el resto como autores directos del delito de homicidio agravado, tipificado y sancionado en el Artículo 129, numerales 3 y 8 del Código Penal.
Por su parte, la defensa alegó que en virtud de que no existen la certeza de que sus representados hayan cometido el delito que se les imputa solicitó un veredicto de carácter absolutorio definitivo.
Este es el segundo juicio que enfrentan los imputados por el mismo hecho. El primero se llevó a cabo en septiembre de 2017; y uno de los tres jueces del mismo tribunal emitió un veredicto de carácter absolutorio. Sin embargo, la apelación presentada por el Ministerio Público ante la Cámara de lo Penal de la 4ª Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, dio como resultado que dicho juicio fuera declarado nulo y ordenó “la reposición de la vista pública, a efecto que un nuevo juez reponga dicho acto y dicte lo que conforme a derecho corresponda”.
Actualmente, los imputados gozan de libertad sin ninguna medida y deberán de presentarse mañana para escuchar el fallo que definirá su situación legal.
Los hechos, según la investigación del Ministerio Público, ocurrieron el 26 de marzo del año 2015, en un operativo al interior de la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad, en el que participaron los cinco agentes policiales procesados, entre otros; y que concluyó con la muerte de ocho personas, a quienes hasta ese momento las autoridades habían señalado como pandilleros.
Sin embargo, en julio de 2016, los agentes fueron acusados por el Ministerio Público únicamente por el homicidio de Dennis Alexander Hernández Martinez.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
