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San Salvador se inunda nuevamente de basura
Por tercer día consecutivo varios camiones recolectores de desechos sólidos de San Salvador no fueron ocupados para trabajar, debido a que la comuna aún no ha honrado la deuda con la empresa que les provee de diésel y que reclamaría el pago de facturas de al menos seis meses, según explicaron empleados que recogen basura en la capital.
Se igual forma indicó, que la situación se complica porque la empresa que da el servicio de las góndolas que transporta la basura desde la planta de transferencia Aragón a la disposición final en Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), de Nejapa, tampoco da el servicio porque la alcaldía de San Salvador administrada por el alcalde, Ernesto Muyshondt les debe varias facturas.
Se informó que en San Salvador diariamente se recolectan al menos 720 toneladas de basura y que los camiones que están estacionados en la planta Aragón se encuentran cargados con basura.
Esta situación se originó desde el martes cuando ya no pudieron cargar los camiones con combustible, debido a que la empresa se negó a dispensar diésel, “ya no nos dieron diésel. Sabemos que hay facturas por seis meses por cancelar”, detalló el empleado de desechos sólidos, quien manifestó que hacen lo que pueden para levantar desechos sólidos y que este día únicamente lograron trabajar 21 camiones de 47 que es en totalidad de la flota.
Esta situación ocurre a dos semanas en que el Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez ordenó la entrega de 75 millones provenientes del BID para que fueran repartidos con criterio FODES a las 262 alcaldías del país.
“Ese dinero lo pueden ocupar para la recolección de la basura, pago de proveedores y para enfrentar las emergencias de Covid-19, tormentas tropicales, Amanda y Eta, como también en otros pagos. Úsenlo con mucha responsabilidad y no tienen que dar cuentas al Gobierno por ese dinero”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión desde Casa Presidencial.
De hecho, esta mañana la comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que recojan la basura de las calles a fin de evitar inundaciones por lluvias.
“Nosotros hacemos un enorme trabajo de limpieza y ellos vuelven a volcar los desechos a lugares no autorizados”, dijo la funcionaria y cuya situación coincide con el problema que enfrenta la alcaldía de San Salvador, donde la mitad de la flota de camiones que se usan para la recolección de desechos sólidos se encuentran estacionados en la planta de transferencia Aragón por falta de combustible diésel.
“Aquí en San Salvador a la par de los tragantes hay promontorios de desechos sólidos, ¿qué significa eso? Obstrucción de tragantes, obstrucción de quebradas ¿y asociado a eso qué viene? Muerte, porque se inundan las quebradas y se inundan las casas”, insistió la funcionaria.
Recinos les recordó el mandato legal que tienen los alcaldes: “Las obligaciones de los alcaldes están consignadas en el artículo cuarto del código municipal… yo le pido a los alcaldes y a las alcaldesas que de verdad trabajen por su población y que de verdad recojan los desechos sólidos y que dejen de volcarlos sobre los respiraderos naturales”, puntualizó.
El no pago de las facturas de combustible, de la disposición final de los desechos sólidos en MIDES, el no pago de las retenciones de ISSS, AFP, FSV y obligaciones bancarias de los empleados de la alcaldía de San Salvador, como también el no pago de otras obligaciones de la referida comuna, surge en los momentos que salió a luz pública un documento donde la alcaldía suscribe una prórroga de un contrato por casi medio millón de dólares para una campaña de imagen para acciones que desarrolla el alcalde Ernesto Muyshondt y que además tiene disponible ese millón de dólares para pagar ese servicio por adelantado.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
