Nacionales
San Salvador se inunda nuevamente de basura
Por tercer día consecutivo varios camiones recolectores de desechos sólidos de San Salvador no fueron ocupados para trabajar, debido a que la comuna aún no ha honrado la deuda con la empresa que les provee de diésel y que reclamaría el pago de facturas de al menos seis meses, según explicaron empleados que recogen basura en la capital.
Se igual forma indicó, que la situación se complica porque la empresa que da el servicio de las góndolas que transporta la basura desde la planta de transferencia Aragón a la disposición final en Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), de Nejapa, tampoco da el servicio porque la alcaldía de San Salvador administrada por el alcalde, Ernesto Muyshondt les debe varias facturas.
Se informó que en San Salvador diariamente se recolectan al menos 720 toneladas de basura y que los camiones que están estacionados en la planta Aragón se encuentran cargados con basura.
Esta situación se originó desde el martes cuando ya no pudieron cargar los camiones con combustible, debido a que la empresa se negó a dispensar diésel, “ya no nos dieron diésel. Sabemos que hay facturas por seis meses por cancelar”, detalló el empleado de desechos sólidos, quien manifestó que hacen lo que pueden para levantar desechos sólidos y que este día únicamente lograron trabajar 21 camiones de 47 que es en totalidad de la flota.
Esta situación ocurre a dos semanas en que el Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez ordenó la entrega de 75 millones provenientes del BID para que fueran repartidos con criterio FODES a las 262 alcaldías del país.
“Ese dinero lo pueden ocupar para la recolección de la basura, pago de proveedores y para enfrentar las emergencias de Covid-19, tormentas tropicales, Amanda y Eta, como también en otros pagos. Úsenlo con mucha responsabilidad y no tienen que dar cuentas al Gobierno por ese dinero”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión desde Casa Presidencial.
De hecho, esta mañana la comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que recojan la basura de las calles a fin de evitar inundaciones por lluvias.
“Nosotros hacemos un enorme trabajo de limpieza y ellos vuelven a volcar los desechos a lugares no autorizados”, dijo la funcionaria y cuya situación coincide con el problema que enfrenta la alcaldía de San Salvador, donde la mitad de la flota de camiones que se usan para la recolección de desechos sólidos se encuentran estacionados en la planta de transferencia Aragón por falta de combustible diésel.
“Aquí en San Salvador a la par de los tragantes hay promontorios de desechos sólidos, ¿qué significa eso? Obstrucción de tragantes, obstrucción de quebradas ¿y asociado a eso qué viene? Muerte, porque se inundan las quebradas y se inundan las casas”, insistió la funcionaria.
Recinos les recordó el mandato legal que tienen los alcaldes: “Las obligaciones de los alcaldes están consignadas en el artículo cuarto del código municipal… yo le pido a los alcaldes y a las alcaldesas que de verdad trabajen por su población y que de verdad recojan los desechos sólidos y que dejen de volcarlos sobre los respiraderos naturales”, puntualizó.
El no pago de las facturas de combustible, de la disposición final de los desechos sólidos en MIDES, el no pago de las retenciones de ISSS, AFP, FSV y obligaciones bancarias de los empleados de la alcaldía de San Salvador, como también el no pago de otras obligaciones de la referida comuna, surge en los momentos que salió a luz pública un documento donde la alcaldía suscribe una prórroga de un contrato por casi medio millón de dólares para una campaña de imagen para acciones que desarrolla el alcalde Ernesto Muyshondt y que además tiene disponible ese millón de dólares para pagar ese servicio por adelantado.
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño. Nota Injerencia V3 El Salvador
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.
La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.
Una volqueta impactó contra una vivienda luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en la zona de Ateos, con dirección hacia Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.
Según información preliminar, el conductor habría realizado una maniobra para evitar colisionar con un motociclista que se le cruzó en la vía. Tras perder el control, la volqueta se salió de la carretera y terminó impactando contra una vivienda.
Afortunadamente, el percance no dejó personas con lesiones de gravedad. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún están siendo verificadas.
Nacionales
Autoridades desarticulan estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en Santa Ana y Sonsonate
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo coordinado que permitió la captura de ocho personas señaladas de distribuir cigarrillos que ingresaron al país de manera ilegal.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos operaban con diferentes rangos dentro de la estructura de distribución. Recibían el producto de un proveedor y posteriormente lo entregaban a compradores mayoristas, quienes se encargaban de comercializarlo hasta llegar al consumidor final.}
Las autoridades también establecieron que los cigarrillos no contaban con controles sanitarios y presentaban sustancias ajenas a su composición, lo que, según la información proporcionada, representaba un grave riesgo para la salud.
Hasta el momento, las personas capturadas son:
- Óscar Vladimir Aguilar Ávila
- Yolanda Aguilar Ávila
- Luis Bernal Custodio
- Neftaly Alfonso Roque Tepata
- Santiago Henríquez Anaya Guardado
- René Mauricio Portillo Alvarado
- María Magdalena Aguilar Aguilar Avila
- María Angela Zelaida Guardado
Todos serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes para responder por el delito de contrabando de mercadería.
