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San Salvador se inunda nuevamente de basura
Por tercer día consecutivo varios camiones recolectores de desechos sólidos de San Salvador no fueron ocupados para trabajar, debido a que la comuna aún no ha honrado la deuda con la empresa que les provee de diésel y que reclamaría el pago de facturas de al menos seis meses, según explicaron empleados que recogen basura en la capital.
Se igual forma indicó, que la situación se complica porque la empresa que da el servicio de las góndolas que transporta la basura desde la planta de transferencia Aragón a la disposición final en Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), de Nejapa, tampoco da el servicio porque la alcaldía de San Salvador administrada por el alcalde, Ernesto Muyshondt les debe varias facturas.
Se informó que en San Salvador diariamente se recolectan al menos 720 toneladas de basura y que los camiones que están estacionados en la planta Aragón se encuentran cargados con basura.
Esta situación se originó desde el martes cuando ya no pudieron cargar los camiones con combustible, debido a que la empresa se negó a dispensar diésel, “ya no nos dieron diésel. Sabemos que hay facturas por seis meses por cancelar”, detalló el empleado de desechos sólidos, quien manifestó que hacen lo que pueden para levantar desechos sólidos y que este día únicamente lograron trabajar 21 camiones de 47 que es en totalidad de la flota.
Esta situación ocurre a dos semanas en que el Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez ordenó la entrega de 75 millones provenientes del BID para que fueran repartidos con criterio FODES a las 262 alcaldías del país.
“Ese dinero lo pueden ocupar para la recolección de la basura, pago de proveedores y para enfrentar las emergencias de Covid-19, tormentas tropicales, Amanda y Eta, como también en otros pagos. Úsenlo con mucha responsabilidad y no tienen que dar cuentas al Gobierno por ese dinero”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión desde Casa Presidencial.
De hecho, esta mañana la comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que recojan la basura de las calles a fin de evitar inundaciones por lluvias.
“Nosotros hacemos un enorme trabajo de limpieza y ellos vuelven a volcar los desechos a lugares no autorizados”, dijo la funcionaria y cuya situación coincide con el problema que enfrenta la alcaldía de San Salvador, donde la mitad de la flota de camiones que se usan para la recolección de desechos sólidos se encuentran estacionados en la planta de transferencia Aragón por falta de combustible diésel.
“Aquí en San Salvador a la par de los tragantes hay promontorios de desechos sólidos, ¿qué significa eso? Obstrucción de tragantes, obstrucción de quebradas ¿y asociado a eso qué viene? Muerte, porque se inundan las quebradas y se inundan las casas”, insistió la funcionaria.
Recinos les recordó el mandato legal que tienen los alcaldes: “Las obligaciones de los alcaldes están consignadas en el artículo cuarto del código municipal… yo le pido a los alcaldes y a las alcaldesas que de verdad trabajen por su población y que de verdad recojan los desechos sólidos y que dejen de volcarlos sobre los respiraderos naturales”, puntualizó.
El no pago de las facturas de combustible, de la disposición final de los desechos sólidos en MIDES, el no pago de las retenciones de ISSS, AFP, FSV y obligaciones bancarias de los empleados de la alcaldía de San Salvador, como también el no pago de otras obligaciones de la referida comuna, surge en los momentos que salió a luz pública un documento donde la alcaldía suscribe una prórroga de un contrato por casi medio millón de dólares para una campaña de imagen para acciones que desarrolla el alcalde Ernesto Muyshondt y que además tiene disponible ese millón de dólares para pagar ese servicio por adelantado.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
