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Sala de lo Constitucional suspende decreto de emergencia nacional aprobado por el Ejecutivo

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 18 de emergencia nacional, aprobado por el presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado sábado 16 de mayo.

La Sala emitió la resolución en el caso 63-2020, admitiendo la demanda presentada por el ciudadano Jonatan Sisco.

“Decrétase medida cautelar en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional los efectos del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020”, dice la resolución del máximo tribunal.

Por tanto, “mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece”, enfatiza la Sala.

La Sala indica que la pandemia del COVID-19 puede ser atacado y contenida en otros instrumentos legales aprobados desde su inicio y aún vigentes, y con disposicioines específicas del Código de Salud, como los artículos 136, 139 y 140, por lo que consideró decretar mas medidas cautelares.

También, insta a que la Asamblea y el Ejecutivo realicen un mutuo esfuerzo para emitir “en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad se encuentra a la fecha al combate de la covid-19”.

Desacuerdos por decisión del Ejecutivo, al prescindir del poder Legislativo

La decisión del Ejecutivo generó reacciones de repudio entre diversos sectores de la sociedad civil porque significa la imposición de disposiciones de hecho de la presidencia que, por lo mismo, son nulas.

La misma Fiscalía General de la República declaró que se trataba de una usurpación de funciones de parte del gobierno Bukele y presentó un recurso ante la Sala para anularla.

El gobierno ha alegado que necesitaba urgentemente ampliar la vigencia el estado de emergencia para congelar plazos de pagos bancarios y de otros servicios de los ciudadanos, la suspensión de clases y otras medidas para el confinamiento domiciliar obligatorio, así como poder seguir disponiendo de fondos y haciendo compras directas para enfrentar la pandemia sin ser frenado por controles que manda la ley en situaciones normales.

Reacción del presidente de la República, Nayib Bukele Órtez

Por su parte, el presidente Nayib Bukele acusó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de invadir por la suspensión del decreto de emergencia.

«¿Quién está invadiendo las funciones de quién?, ¿Quién está rompiendo el orden constitucional?», cuestionó en sun cuenta de Twitter minutos después que la Sala publicara la resolución.

Según el mandatario, la suspensión del decreto consolida un «acto sin precedentes» porque se le está quitando la facultad que han tenido «todos los presidentes del El Salvador».

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Ella era Mirza Acosta, jovencita que murió en fatal accidente de tránsito en Santa Ana

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Una joven de 18 años identificada como Mirza Acosta falleció la tarde del martes, horas después de resultar gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Metapán conduce a la frontera Anguiatú, a la altura del cantón El Limón, en el municipio de Santa Ana Norte.

La víctima era una de las siete personas que viajaban en un camión que se precipitó a un barranco en el kilómetro 122.5 de dicha vía, según reportes preliminares compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC).

Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Acosta perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital local.

La División de Tránsito Terrestre de la PNC se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.

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Zona Norte tendrá moderna vía y puente atirantado con inversión de $120 millones

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.

La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.

Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.

El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.

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PNC reporta cero homicidios el 8 de julio 

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el martes 8 de julio sin registrar homicidios a nivel nacional, sumando así 154 días sin muertes violentas en lo que va del año 2025.

Según el balance oficial, estos días sin homicidios se distribuyen de la siguiente manera: 6 días en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.

La institución policial destacó que, desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 948 jornadas sin homicidios en el país, lo que atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, este último vigente desde el 27 de marzo de 2022.

En el marco de estas medidas, más de 86,000 personas —entre pandilleros y colaboradores— han sido capturadas y procesadas por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, según datos oficiales.

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