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Sala de lo Constitucional ordenó a la Casa Presidencial reinstalar a empleados que fueron despedidos vía Twitter
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Casa Presidencial reinstalar a 13 personas que fueron despedidas de diferentes instituciones de gobierno vía Twitter, luego que Nayib Bukele asumiera el cargo de la presidencia de la República, informaron fuentes.
La resolución fue tomada por unanimidad por los magistrados Marina Marenco de Torrento, Armando Pineda Navas, Aldo Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez Escobar, con base a los artículos 19, 21, 22, 23 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, indica la sentencia.
La Sala le ordena a Bukele, al Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo, o a la autoridad que corresponda, reinstalar “inmediatamente” a las personas que fueron cesadas en los cargos que tenían o en alguno de similar categoría, siempre que eso no implique una desmejora ni traslado que pueda perjudicar sus derechos laborales. Esto deberán hacerlo mientras dure el trámite del proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo.
Asimismo, se les ordena a las autoridades cancelar íntegramente a los afectados los salarios, prestaciones y cualquier otro derecho laboral que les corresponda, en conformidad a las labores que realizaban.
Las demandas de amparo fueron admitidas el pasado mes de agosto.
Según la fuente, ya se le notificó la sentencia a la presidencia de la República y se están notificando los empleados despedidos.
De acuerdo a los demandantes, el pasado 3 de junio se le hizo comunicó que estaban despedidos por “cesación en plaza”.
Los empleados despedidos se ampararon en la Sala de lo Constitucional por considerar que se les habían vulnerado los derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral.
Los despedidas argumentaron que se utilizó la figura de “supresión de plaza” de forma “arbitraria y fraudulenta”, ya que fueron destituidas de sus cargos sin que se realizara un procedimiento en el que les explicaran las razones que motivaron la decisión de dejarlos cesantes y que no se les garantizó el derecho de defenderse.
Se conoce de al menos otras 20 demandas que aún no han sido aceptadas por el Supremo.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras el aparatoso accidente de un camión repartidor de bebidas sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dos personas resultaron lesionadas.
“Al menos cinco personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido en el km 19½ carretera al Puerto de La Libertad”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron que en el percance estuvieron involucrados el camión repartido y otros vehículos particulares.
Agregaron que dos de los lesionados eran acompañantes del conductor del camión, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.
Por el momento el paso vehicular está cerrado debido a que el producto está esparcido sobre la carretera y equipos de primera respuesta realizarán el levantamiento de los escombros.
Como Jorge Ramírez, ha sido identificado el joven motociclista que falleció esta mañana al accidentase en el departamento de San Miguel Oeste.
Las autoridades informaron que la tragedia se reportó en carretera que conduce al distrito de San Jorge, cerca del cantón Placitas.
Según información compartida, Ramírez vivía en el cantón Conacastal, en cercanías donde se registró el accidente que acabó con su vida.
Las autoridades policiales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del trágico accidente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de cárcel a los colombianos Luis Alberto Cuero, Yulian Duván Ortiz y Herminsuk Victoria Gamboa, por el delito de tráfico ilícito. Historia
Los ahora condenados fueron capturados el 23 de noviembre de 2024, durante una intervención realizada por la Marina Nacional a una lancha localizada a 406 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz, en la cual transportaban 2,000 kilos de cocaína.
La droga está valorada en más de $50 millones. En la vista pública se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, con base en las cuales el tribunal declaró responsables a los imputados.
