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Sala de lo Constitucional ordenó a la Casa Presidencial reinstalar a empleados que fueron despedidos vía Twitter
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Casa Presidencial reinstalar a 13 personas que fueron despedidas de diferentes instituciones de gobierno vía Twitter, luego que Nayib Bukele asumiera el cargo de la presidencia de la República, informaron fuentes.
La resolución fue tomada por unanimidad por los magistrados Marina Marenco de Torrento, Armando Pineda Navas, Aldo Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez Escobar, con base a los artículos 19, 21, 22, 23 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, indica la sentencia.
La Sala le ordena a Bukele, al Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo, o a la autoridad que corresponda, reinstalar “inmediatamente” a las personas que fueron cesadas en los cargos que tenían o en alguno de similar categoría, siempre que eso no implique una desmejora ni traslado que pueda perjudicar sus derechos laborales. Esto deberán hacerlo mientras dure el trámite del proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo.
Asimismo, se les ordena a las autoridades cancelar íntegramente a los afectados los salarios, prestaciones y cualquier otro derecho laboral que les corresponda, en conformidad a las labores que realizaban.
Las demandas de amparo fueron admitidas el pasado mes de agosto.
Según la fuente, ya se le notificó la sentencia a la presidencia de la República y se están notificando los empleados despedidos.
De acuerdo a los demandantes, el pasado 3 de junio se le hizo comunicó que estaban despedidos por “cesación en plaza”.
Los empleados despedidos se ampararon en la Sala de lo Constitucional por considerar que se les habían vulnerado los derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral.
Los despedidas argumentaron que se utilizó la figura de “supresión de plaza” de forma “arbitraria y fraudulenta”, ya que fueron destituidas de sus cargos sin que se realizara un procedimiento en el que les explicaran las razones que motivaron la decisión de dejarlos cesantes y que no se les garantizó el derecho de defenderse.
Se conoce de al menos otras 20 demandas que aún no han sido aceptadas por el Supremo.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
