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Roberto Rubio habla sobre el combate a la corrupción entre gobiernos de El Salvador y EE.UU., cuando ha sido señalado por cobro de sobresueldos
Un abogado con reserva de su nombre, ha criticado la opinión del director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, quien en una entrevista a Diario El Mundo, opinión sobre la futura relación del gobierno del El Salvador con la venidera admiración en los Estados Unidos.
Rubio fue enfático al señalar en la entrevista que el gobierno del presidente Bukele deberá cambiar su política exterior con la nación norteamericana y centrarse en los temas como el combate a la corrupción y acciones democráticas.
Sin embargo, para el experto en leyes, e discurso de director de FUNDE, está basado en una doble moral por parte de Roberto Rubio.
Su argumento lo basa en que en el 2016, Roberto Rubio, fue señalado en una publicación de Diario Colatino de haber recibido sobresueldo en la administración presidencial de Antonio Saca hasta por un monto de $300 mil.
El articulo en mención presentó en su momento comprobantes de los montos económicos que habría recibido Rubio en su cuenta bancaria con número 510-006-704-3 del Banco Agrícola.
La publicación señala a Pablo Gómez de ser quien abonaba los montos a la cuenta de Roberto Rubio por ser haber sido el excontador de Casa Presidencial en su momento durante la administración Saca.
Gómez fue el único imputado en el caso Saca que no acepto criteriarse, ni llevar un proceso abreviado por lo fue condenado a 15 años de cárcel.
En agosto de 2018, Rubio, figuró en una lista de exfuncionarios de Gobierno y periodistas, quienes fueron denunciados en la Fiscalía General de la República, para que se investigara el tema de sobresueldos; sin embargo, el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez no realizó ningún tipo de proceso.
Roberto Rubio ha mencionado que nunca formó parte de ningún Gobierno; sin embargo, fue parte de la extinta Comisión Nacional de Desarrollo, por la que según la publicación terminó de Diario Colatino recibió los $300 mil en concepto de sobresueldo.
En la entrevista con Diario El Mundo (DEM), Rubio resaltó que el Gobierno salvadoreño deberá tener una agenda que incluya el combate a la corrupción y fortalecimiento de la democracia.
“Yo creo que le hace bien al planeta, le hace bien a Estados Unidos y le va a hacer bien a Centroamérica y a El Salvador. Un dato importante para el Salvador es que la relación con Estados Unidos va a cambiar, ya la relación no se va a basar en tema de amistad sino en una agenda donde los temas de democracia y corrupción van a ser claves”, detalla la publicación de DEM.
De allí los señalamientos del abogado con reserva de nombre hacia Roberto Rubio por manejar una doble moral al estar acusado de actos corruptivos “por fondos robados de los impuestos. Con que cara puede salir a expresar y hablar de corrupción, la única diferencia es que él no ha sido procesado”, declaró el experto en leyes.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
