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Resultados históricos refutan las críticas contra plan de seguridad
Los históricos resultados registrados en la seguridad pública en El Salvador con el Gobierno del presidente Nayib Bukele refutan claramente las críticas que organizaciones y medios de comunicación internacionales, como el periódico The Guardian, hacen sin fundamento en contra del régimen de excepción y el Plan Control Territorial (PCT).
En su editorial del domingo anterior, el medio británico afirma que la «caída de la delincuencia es insostenible» en El Salvador, porque el Gobierno Central solo aplica la política de mano dura, que fue utilizada por gobiernos anteriores para combatir a las pandillas.
Pero lo cierto es que el trabajo en seguridad no solo está centrado en la represión del delito, sino también en la prevención, que se materializa en la fase II del PCT, que es Oportunidades, que ha dado paso a la construcción de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubos) en las comunidades que tenían alta incidencia delincuencial.
En esos Cubos los jóvenes encuentran un espacio para la recreación y el sano esparcimiento, gracias a la práctica del deporte, espacios de lectura y talleres de música o pintura, desarrollados por la dirección de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de la República.
El medio de comunicación británico también planteó en su editorial que el Gobierno salvadoreño no logrará la «derrota de las pandillas», sin embargo, desde el 27 de marzo de 2022 -cuando inició la vigencia del régimen de excepción- las autoridades de seguridad pública ya reportan la captura de más de 71,000 pandilleros, y ayer se cumplieron 399 días sin homicidios.
Aparte de estos dos registros, también se ha informado del decomiso de armas de fuego, municiones, drogas, viviendas y vehículos que estaban en poder de las pandillas y habían sido adquiridos con financiamiento ilícito.
Según el analista político y sociólogo Mauricio Rodríguez, la diferencia entre las acciones de seguridad de los gobiernos anteriores con las actuales es que ahora no hay un trasfondo electoral.
«Los gobiernos de ARENA y FMLN utilizaron la seguridad como un tema puramente electorero, para manejar las masas, la mentalidad de las personas, para generar una sensación de que estaban trabajando por la seguridad del país», señaló.
A tono con los ataques de diversos sectores, The Guardian recomienda en su editorial que los gobiernos de la región no repliquen las políticas de seguridad de Bukele, porque aparte de ser insostenibles son atentatorias contra los derechos humanos.
No obstante, Rodríguez cree que «sí se pueden retomar elementos» de la política de seguridad salvadoreña, porque «el bukelismo es una tendencia internacional, en la que ya muchos países están tratando de tropicalizar las ideas relacionadas con las seguridad pública en El Salvador».
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
