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Régimen de excepción logra drástica reducción de delitos en El Salvador
En más de dos años de implementado el régimen de excepción, los delitos de mayor impacto tuvieron una reducción que supera el 27.7 %, de acuerdo con los comparativos de las memorias de labores de la Fiscalía General de la República (FGR) de junio de 2021 a mayo de 2022 y junio de 2023 a mayo de 2024.
Los datos del ministerio público dan cuenta de que, de junio de 2021 a mayo de 2022, se registraron 21,609 ilícitos (al final de la memoria solo habían transcurrido tres meses de régimen de excepción), mientras que de junio de 2023 a mayo de 2024 se totalizaron 15,620 delitos; es decir, luego de que la administración del presidente Nayib Bukele comenzó a combatir frontalmente a las pandillas, a finales de marzo de 2022, se disminuyeron en 5,989 los delitos que por muchos años impactaron a las familias salvadoreñas.
Los homicidios son uno de los ilícitos que han tenido una reducción más notoria, pues en la memoria fiscal de 2021-2022 se documentaron 990, mientras que en la del período 2023-2024 se totalizaron 142; es decir, 848 menos, lo que representa una disminución de 85.7 %.
La extorsión es otro de los delitos que por muchos años afectó a la población honrada y que gracias a la puesta en marcha de la guerra contra las pandillas tuvo una importante disminución de 60.6 %, puesto que pasó de 2,141 casos de 2021-2022 a 844 de junio de 2023 a mayo de 2024, es decir, 1,297 comerciantes o familias menos que no pagaron extorsión a las estructuras terroristas bajo la amenaza de asesinar a algún cercano.
En su reciente gira por Argentina, el presidente Bukele destacó que el tema de seguridad es el que más se conoce internacionalmente, y eso es debido al cambio diametral, pues El Salvador pasó de ser el país más peligroso de todo el mundo, aun más que Siria (inmerso en una guerra) o Haití (bajo la anarquía de grupos de pandillas), a ser el más seguro del hemisferio occidental.
«Nosotros lo que hicimos fue liberar a millones de salvadoreños a cambio de poner a unos miles de criminales en prisión», dijo el mandatario a decenas de periodistas en Argentina.
La integralidad de la estrategia de seguridad también ha logrado la baja del 54.5 % de los feminicidios, debido a que en 2021-2022 se totalizaron 55, y en el período 2023-2024 fueron 25 casos. Otro de los ilícitos mayormente impactados son los relativos a las drogas, con una disminución de 1,762 casos, lo que representa 54.8 % menos, puesto que en 2021-2022 se registraron 3,216 expedientes, y para 2023-2024 fueron 1,454.
En esa disminución también se incluyen ilícitos como la privación de libertad, con 47.7 %; hurto y robo, con 14 %; hurto y robo de vehículos, con 44.9 %; y violaciones, con 2.1 %.
Recientemente, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó: «Hoy por hoy somos los únicos que tenemos la receta para desarticular por completo la actividad de una organización criminal del tamaño de lo que estas organizaciones fueron en el país».
La reducción de los delitos que por muchos años afectaron a la población trajo tranquilidad a todas las zonas del país que vivieron bajo el control de las diferentes estructuras terroristas.
En la actualidad, los pobladores llevan a cabo sus actividades en un clima de seguridad sin el temor del acoso de los terroristas, debido a que la gran mayoría han sido detenidos y los cuerpos de seguridad ejecutan patrullajes diarios tanto en la zona urbana como en la rural.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
