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Realizan pruebas para detectar Covid-19 en el municipio de Olocuilta, La Paz
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa combatiendo frontalmente el COVID-19 para salvar la vida de los salvadoreños, por lo que se siguen haciendo tamizajes para detectar la posible presencia del coronavirus en el territorio.
Los tamizajes comunitarios son parte de las diferentes estrategias que ha puesto en práctica el Gobierno del Presidente Bukele y que han posicionado internacionalmente al país por su buen manejo de la pandemia. En este marco, este viernes se llevó a cabo una jornada de toma de pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa, siglas en inglés) en el municipio de Olocuilta, del departamento de La Paz.
El médico coordinador del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) La Paz, José Joaquín Rivera, explicó que las pruebas PCR se hicieron en puntos estratégicos de Olocuilta: uno en el parque central del municipio y el otro, en la colonia Montelimar.
“Se van a estar tomando este día 500 pruebas para la población, puede venir toda la persona que quiera”, aseguró Rivera. “Son pruebas gratis y no necesita requisitos para venir (a tamizarse)”, comentó Rivera.
A la fecha, de acuerdo con el sitio web covid19.gob.sv, Olocuilta ocupa el tercer lugar con respecto a los contagios del departamento de La Paz, con 215 casos positivos a COVID-19 detectados desde marzo de 2020.
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En relación a los contagios de coronavirus en el departamento de La Paz se registran 2,248; siendo así el quinto departamento con menos contagios en el país. Por otro lado, el Gobierno del Presidente Bukele ha realizado ya 1,000,769 pruebas PCR para detectar el COVID-19 a escala nacional.
“Las personas se acercan a la plaza municipal. Se les toma la temperatura, se les entrega alcohol gel. Se verifica que se cumplan las medidas de bioseguridad”, detalló el médico coordinador del SIBASI La Paz. “Se les está entregando un número para llevar un orden correlativo durante la jornada de tamizajes”, agregó.
La estrategia de tamizajes comunitarios permite a las autoridades detectar un posible crecimiento de contagios por SARS-CoV-2 en zonas específicas y así tomar decisiones oportunas que salvaguarden la vida de los salvadoreños.
Para la toma de la prueba PCR, la persona debe presentar su DUI (Documento Único de Identidad) y dar algunos datos de contacto a los encargados de las cabinas móviles del EICE (Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica); ante lo que recibirá un tubo e hisopo para la respectiva toma del examen, el cual se realiza tomando una muestra en la nariz y/o garganta del paciente. En aproximadamente 72 horas son entregados los resultados vía telefónica y de resultar positivos, el Ministerio de Salud les lleva un kit de medicamentos y vitaminas hasta la puerta de la casa.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
