Nacionales
Proveen seguridad y soporte operativo a feligresía católica durante la Semana Santa
El Gobierno desarrolla el Plan Verano a través de diferentes acciones que abarcan una amplia agenda de actividades religiosas y de esparcimiento en diferentes puntos del país durante Semana Santa.
Para ello se desplegó hoy al personal de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil para la cobertura de la bendición y Procesión de Las Palmas, con ocasión del Domingo de Ramos.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, estuvo presente en Sonsonate, una de las principales urbes de El Salvador y el mundo para el desarrollo de este evento; entretanto, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, representó al Ejecutivo en San Salvador.
“Ahora, en este clima de seguridad, que tiene las condiciones para hacer no solo turismo, sino sumarse a las actividades religiosas, todo el Sistema Nacional de Protección Civil, como ha sido el mandato del presidente Bukele, estamos con los recursos dispuestos a proveer las condiciones de seguridad”, dijo Amaya.
El Gobierno ha desplegado a 100,000 profesionales de diferentes instituciones para la salvaguarda de los salvadoreños y sus bienes, asistencia en carreteras, primeros auxilios, orientación, atención de denuncias y más; todo esto sin obviar las actividades regulares de cada dependencia estatal en los diferentes rubros.
Baltazar Solano dijo que el equipo bomberil está dando soporte a la agenda religiosa y turística, sin dejar de lado la prevención y atención de incendios; donde la ciudadanía tiene una participación relevante.
El director del Cuerpo de Bomberos instó a la población a cumplir con las recomendaciones para evitar siniestros infraestructurales, en la maleza o autos.
“Tenemos altas temperaturas, ráfagas de vientos, la vegetación está deshidratada y disponible para incendiarse (…). No lance las colillas de cigarrillos al viajar en carretera, no se debe entrar al bosque con vehículos ya que los gases son suficientes para incendiar la maleza”, instó.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
