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Presidente Bukele pidió realizar una investigación exhaustiva sobre incendio en exfábrica en San Juan Opico
Un incendio de grandes magnitudes se registró la noche del domingo en la exfábrica de baterías Récord, en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico. La Fuerza Armada y Protección Civil se unieron a elementos de Bomberos de El Salvador y cuerpos de socorro para trabajar el la sofocación del siniestro, que afortunadamente luego de unas horas y un arduo trabajo en conjunto lograron controlar.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos anticipó que el siniestro fue provocado, teoría que sostuvo el ministro de Gobernación, Mario Durán: «Sospechamos que hubo mano criminal porque las instalaciones no se pueden prestar para un incendio común, todo lo que se encontraba dentro de las baterías Récord no se prende con un fósforo”, aseguró.
En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, pidió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas y al Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, realizar una investigación exhaustiva sobre este incendio.
«Esta era una fábrica abandonada, sin electricidad conectada, casi nadie se acerca a ella y fue parte fundamental de juicios controversiales en el pasado» escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte el ministro de Gobernación, Mario Durán, declaró alerta roja en los alrededores de la fábrica Baterías Récord, debido a la contaminación del humo cargado con materiales químicos como plomo que emanan de las llamas.
Asimismo, anunció que junto a la cartera de Salud realizarán pruebas a los habitantes de los alrededores de la inhabilitada fábrica de baterías Récord para determinar el nivel de exposición a materiales contaminantes.
Es de recordar que en el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la alcaldía de San Juan Opico que rindieran cuentas sobre las acciones realizadas en el cantón Sitio del Niño para descontaminar el sector del plomo emanado por la fábrica Baterías de El Salvador con su marca Record.
El citatorio se debió porque la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el 2015 donde había que repararse los daños en la zona, ante el registro de aproximadamente 70 lugareños con alto grado de plomo en la sangre.
Según lo solicitado para reparar los daños en la zona, el monto ascendía a $25 millones para ejecutarlos en los años 2015 y 2016 para el proceso de descontaminación.
Otros casos de señalamientos por ilegalidades contra la exministra Lina Pohl.
A finales de abril del presente año, el diputado Mario Ponce, también hizo señalamientos sobre los procedimientos efectuados en el MARN, con respecto a una planta de transferencia de desechos sólidos, instalada en San Francisco Gotera, sobre todo porque el lugar que se eligió para su ubicación y haber mentido al expresar que se realizó consulta de los vecinos, la cual fue desmentida en una inspección al sitio realizada por el propio diputado.
Y en el mes de mayo, a solo unos días de dejar su cargo, la hoy exministra de Medio Ambiente, fue denunciada junto al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador, por negligencia e incumplimiento de labores en la protección, conservación y manejo racional del agua.
Es evidente que tuvimos en Lina Pohl y su gente más cercana, un Ministerio de Medio Ambiente, que no respondió a las necesidades de la población a gozar con un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, subraya el abogado Portillo Toruño; por el contrario, continúa manifestando, la exministra favoreció ilegal y arbitrariamente a un botadero propiedad del señor Salume, que bajo su mandato contaminó la zona del Puerto de La Libertad.
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El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
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Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
