Nacionales
Presidente Bukele pidió realizar una investigación exhaustiva sobre incendio en exfábrica en San Juan Opico
Un incendio de grandes magnitudes se registró la noche del domingo en la exfábrica de baterías Récord, en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico. La Fuerza Armada y Protección Civil se unieron a elementos de Bomberos de El Salvador y cuerpos de socorro para trabajar el la sofocación del siniestro, que afortunadamente luego de unas horas y un arduo trabajo en conjunto lograron controlar.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos anticipó que el siniestro fue provocado, teoría que sostuvo el ministro de Gobernación, Mario Durán: «Sospechamos que hubo mano criminal porque las instalaciones no se pueden prestar para un incendio común, todo lo que se encontraba dentro de las baterías Récord no se prende con un fósforo”, aseguró.
En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, pidió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas y al Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, realizar una investigación exhaustiva sobre este incendio.
«Esta era una fábrica abandonada, sin electricidad conectada, casi nadie se acerca a ella y fue parte fundamental de juicios controversiales en el pasado» escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte el ministro de Gobernación, Mario Durán, declaró alerta roja en los alrededores de la fábrica Baterías Récord, debido a la contaminación del humo cargado con materiales químicos como plomo que emanan de las llamas.
Asimismo, anunció que junto a la cartera de Salud realizarán pruebas a los habitantes de los alrededores de la inhabilitada fábrica de baterías Récord para determinar el nivel de exposición a materiales contaminantes.
Es de recordar que en el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la alcaldía de San Juan Opico que rindieran cuentas sobre las acciones realizadas en el cantón Sitio del Niño para descontaminar el sector del plomo emanado por la fábrica Baterías de El Salvador con su marca Record.
El citatorio se debió porque la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el 2015 donde había que repararse los daños en la zona, ante el registro de aproximadamente 70 lugareños con alto grado de plomo en la sangre.
Según lo solicitado para reparar los daños en la zona, el monto ascendía a $25 millones para ejecutarlos en los años 2015 y 2016 para el proceso de descontaminación.
Otros casos de señalamientos por ilegalidades contra la exministra Lina Pohl.
A finales de abril del presente año, el diputado Mario Ponce, también hizo señalamientos sobre los procedimientos efectuados en el MARN, con respecto a una planta de transferencia de desechos sólidos, instalada en San Francisco Gotera, sobre todo porque el lugar que se eligió para su ubicación y haber mentido al expresar que se realizó consulta de los vecinos, la cual fue desmentida en una inspección al sitio realizada por el propio diputado.
Y en el mes de mayo, a solo unos días de dejar su cargo, la hoy exministra de Medio Ambiente, fue denunciada junto al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador, por negligencia e incumplimiento de labores en la protección, conservación y manejo racional del agua.
Es evidente que tuvimos en Lina Pohl y su gente más cercana, un Ministerio de Medio Ambiente, que no respondió a las necesidades de la población a gozar con un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, subraya el abogado Portillo Toruño; por el contrario, continúa manifestando, la exministra favoreció ilegal y arbitrariamente a un botadero propiedad del señor Salume, que bajo su mandato contaminó la zona del Puerto de La Libertad.
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Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
