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Presidente Bukele pidió realizar una investigación exhaustiva sobre incendio en exfábrica en San Juan Opico
Un incendio de grandes magnitudes se registró la noche del domingo en la exfábrica de baterías Récord, en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico. La Fuerza Armada y Protección Civil se unieron a elementos de Bomberos de El Salvador y cuerpos de socorro para trabajar el la sofocación del siniestro, que afortunadamente luego de unas horas y un arduo trabajo en conjunto lograron controlar.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos anticipó que el siniestro fue provocado, teoría que sostuvo el ministro de Gobernación, Mario Durán: «Sospechamos que hubo mano criminal porque las instalaciones no se pueden prestar para un incendio común, todo lo que se encontraba dentro de las baterías Récord no se prende con un fósforo”, aseguró.
En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, pidió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas y al Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, realizar una investigación exhaustiva sobre este incendio.
«Esta era una fábrica abandonada, sin electricidad conectada, casi nadie se acerca a ella y fue parte fundamental de juicios controversiales en el pasado» escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte el ministro de Gobernación, Mario Durán, declaró alerta roja en los alrededores de la fábrica Baterías Récord, debido a la contaminación del humo cargado con materiales químicos como plomo que emanan de las llamas.
Asimismo, anunció que junto a la cartera de Salud realizarán pruebas a los habitantes de los alrededores de la inhabilitada fábrica de baterías Récord para determinar el nivel de exposición a materiales contaminantes.
Es de recordar que en el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la alcaldía de San Juan Opico que rindieran cuentas sobre las acciones realizadas en el cantón Sitio del Niño para descontaminar el sector del plomo emanado por la fábrica Baterías de El Salvador con su marca Record.
El citatorio se debió porque la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el 2015 donde había que repararse los daños en la zona, ante el registro de aproximadamente 70 lugareños con alto grado de plomo en la sangre.
Según lo solicitado para reparar los daños en la zona, el monto ascendía a $25 millones para ejecutarlos en los años 2015 y 2016 para el proceso de descontaminación.
Otros casos de señalamientos por ilegalidades contra la exministra Lina Pohl.
A finales de abril del presente año, el diputado Mario Ponce, también hizo señalamientos sobre los procedimientos efectuados en el MARN, con respecto a una planta de transferencia de desechos sólidos, instalada en San Francisco Gotera, sobre todo porque el lugar que se eligió para su ubicación y haber mentido al expresar que se realizó consulta de los vecinos, la cual fue desmentida en una inspección al sitio realizada por el propio diputado.
Y en el mes de mayo, a solo unos días de dejar su cargo, la hoy exministra de Medio Ambiente, fue denunciada junto al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador, por negligencia e incumplimiento de labores en la protección, conservación y manejo racional del agua.
Es evidente que tuvimos en Lina Pohl y su gente más cercana, un Ministerio de Medio Ambiente, que no respondió a las necesidades de la población a gozar con un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, subraya el abogado Portillo Toruño; por el contrario, continúa manifestando, la exministra favoreció ilegal y arbitrariamente a un botadero propiedad del señor Salume, que bajo su mandato contaminó la zona del Puerto de La Libertad.
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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
