Nacionales
Presidente Bukele pidió realizar una investigación exhaustiva sobre incendio en exfábrica en San Juan Opico
Un incendio de grandes magnitudes se registró la noche del domingo en la exfábrica de baterías Récord, en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico. La Fuerza Armada y Protección Civil se unieron a elementos de Bomberos de El Salvador y cuerpos de socorro para trabajar el la sofocación del siniestro, que afortunadamente luego de unas horas y un arduo trabajo en conjunto lograron controlar.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos anticipó que el siniestro fue provocado, teoría que sostuvo el ministro de Gobernación, Mario Durán: «Sospechamos que hubo mano criminal porque las instalaciones no se pueden prestar para un incendio común, todo lo que se encontraba dentro de las baterías Récord no se prende con un fósforo”, aseguró.
En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, pidió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas y al Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, realizar una investigación exhaustiva sobre este incendio.
«Esta era una fábrica abandonada, sin electricidad conectada, casi nadie se acerca a ella y fue parte fundamental de juicios controversiales en el pasado» escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte el ministro de Gobernación, Mario Durán, declaró alerta roja en los alrededores de la fábrica Baterías Récord, debido a la contaminación del humo cargado con materiales químicos como plomo que emanan de las llamas.
Asimismo, anunció que junto a la cartera de Salud realizarán pruebas a los habitantes de los alrededores de la inhabilitada fábrica de baterías Récord para determinar el nivel de exposición a materiales contaminantes.
Es de recordar que en el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la alcaldía de San Juan Opico que rindieran cuentas sobre las acciones realizadas en el cantón Sitio del Niño para descontaminar el sector del plomo emanado por la fábrica Baterías de El Salvador con su marca Record.
El citatorio se debió porque la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el 2015 donde había que repararse los daños en la zona, ante el registro de aproximadamente 70 lugareños con alto grado de plomo en la sangre.
Según lo solicitado para reparar los daños en la zona, el monto ascendía a $25 millones para ejecutarlos en los años 2015 y 2016 para el proceso de descontaminación.
Otros casos de señalamientos por ilegalidades contra la exministra Lina Pohl.
A finales de abril del presente año, el diputado Mario Ponce, también hizo señalamientos sobre los procedimientos efectuados en el MARN, con respecto a una planta de transferencia de desechos sólidos, instalada en San Francisco Gotera, sobre todo porque el lugar que se eligió para su ubicación y haber mentido al expresar que se realizó consulta de los vecinos, la cual fue desmentida en una inspección al sitio realizada por el propio diputado.
Y en el mes de mayo, a solo unos días de dejar su cargo, la hoy exministra de Medio Ambiente, fue denunciada junto al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador, por negligencia e incumplimiento de labores en la protección, conservación y manejo racional del agua.
Es evidente que tuvimos en Lina Pohl y su gente más cercana, un Ministerio de Medio Ambiente, que no respondió a las necesidades de la población a gozar con un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, subraya el abogado Portillo Toruño; por el contrario, continúa manifestando, la exministra favoreció ilegal y arbitrariamente a un botadero propiedad del señor Salume, que bajo su mandato contaminó la zona del Puerto de La Libertad.
Te podría interesar:
Nacionales
Sepultan a Junior Serrano, el futbolista de Quezaltepeque abandonado en una cuneta tras un accidente de moto
Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
