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Presidente Bukele pidió realizar una investigación exhaustiva sobre incendio en exfábrica en San Juan Opico
Un incendio de grandes magnitudes se registró la noche del domingo en la exfábrica de baterías Récord, en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico. La Fuerza Armada y Protección Civil se unieron a elementos de Bomberos de El Salvador y cuerpos de socorro para trabajar el la sofocación del siniestro, que afortunadamente luego de unas horas y un arduo trabajo en conjunto lograron controlar.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos anticipó que el siniestro fue provocado, teoría que sostuvo el ministro de Gobernación, Mario Durán: «Sospechamos que hubo mano criminal porque las instalaciones no se pueden prestar para un incendio común, todo lo que se encontraba dentro de las baterías Récord no se prende con un fósforo”, aseguró.
En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, pidió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas y al Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, realizar una investigación exhaustiva sobre este incendio.
«Esta era una fábrica abandonada, sin electricidad conectada, casi nadie se acerca a ella y fue parte fundamental de juicios controversiales en el pasado» escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte el ministro de Gobernación, Mario Durán, declaró alerta roja en los alrededores de la fábrica Baterías Récord, debido a la contaminación del humo cargado con materiales químicos como plomo que emanan de las llamas.
Asimismo, anunció que junto a la cartera de Salud realizarán pruebas a los habitantes de los alrededores de la inhabilitada fábrica de baterías Récord para determinar el nivel de exposición a materiales contaminantes.
Es de recordar que en el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la alcaldía de San Juan Opico que rindieran cuentas sobre las acciones realizadas en el cantón Sitio del Niño para descontaminar el sector del plomo emanado por la fábrica Baterías de El Salvador con su marca Record.
El citatorio se debió porque la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el 2015 donde había que repararse los daños en la zona, ante el registro de aproximadamente 70 lugareños con alto grado de plomo en la sangre.
Según lo solicitado para reparar los daños en la zona, el monto ascendía a $25 millones para ejecutarlos en los años 2015 y 2016 para el proceso de descontaminación.
Otros casos de señalamientos por ilegalidades contra la exministra Lina Pohl.
A finales de abril del presente año, el diputado Mario Ponce, también hizo señalamientos sobre los procedimientos efectuados en el MARN, con respecto a una planta de transferencia de desechos sólidos, instalada en San Francisco Gotera, sobre todo porque el lugar que se eligió para su ubicación y haber mentido al expresar que se realizó consulta de los vecinos, la cual fue desmentida en una inspección al sitio realizada por el propio diputado.
Y en el mes de mayo, a solo unos días de dejar su cargo, la hoy exministra de Medio Ambiente, fue denunciada junto al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por la Mesa de Cambio Climático de El Salvador, por negligencia e incumplimiento de labores en la protección, conservación y manejo racional del agua.
Es evidente que tuvimos en Lina Pohl y su gente más cercana, un Ministerio de Medio Ambiente, que no respondió a las necesidades de la población a gozar con un medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, subraya el abogado Portillo Toruño; por el contrario, continúa manifestando, la exministra favoreció ilegal y arbitrariamente a un botadero propiedad del señor Salume, que bajo su mandato contaminó la zona del Puerto de La Libertad.
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El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
Por tres delitos de crimen organizado, 10 terroristas de la Mara Salvatrucha fueron condenados a penas de 20 y 28 años de prisión.
Los pandilleros integraban la estructura San Sivar Locos Salvatruchos y se habían agrupado en la célula territorial para consumar una serie de hechos delictivos en la colonia San Felipe y otros sectores de Ilopango, según quedó establecido en la vista pública realizada por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El juez tres impuso la mayor condena a René Alonso Herrera Morales, conocido como Loncho, y ordenó que pase 28 años en la cárcel por los delitos de extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.
Mientras que otros nueve pandilleros fueron sentenciados a 20 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República probó que la estructura extorsionó a una víctima con régimen de protección con el pago semanal de $40. Le advirtieron que, si no accedía y colabora con la pandilla, la iban asesinar junto con su familia.
La persona denunciante dijo a las autoridades que por varios años estuvo pagando «renta» a la Mara Salvatrucha, pero dejo de cancelar la cuota hasta en el 2022, cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en la zona donde residía para detener a los mareros como parte de las acciones ejecutadas en el marco del régimen de excepción.
La persona afectada dijo que por temor a que Locho la fuera asesinar huyó de su residencia, fue hasta la detención de todos los extorsionistas que pudo librarse de esta estructura criminal.
