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Presidente Bukele es el referente regional en seguridad pública
Presidentes y otros funcionarios de Latinoamérica tienen a Nayib Bukele como referente a la hora de implementar estrategias en seguridad pública, imitando o, al menos, recomendando la ejecución en sus países de acciones como las desarrolladas por el mandatario salvadoreño, encaminadas a combatir a estructuras de pandillas y al crimen organizado.
En el vecino Honduras, la presidenta Xiomara Castro — del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— ordenó, el 6 de diciembre, la implementación del estado de excepción para combatir a los grupos delincuenciales en 89 barrios de Tegucigalpa y en 73 municipios de San Pedro Sula.
Al cierre de 2022, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que el país hermano cerró con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100, 000 habitantes, la más baja de los últimos 16 años. La secretaría atribuyó la reducción de la violencia homicida a la implementación de las nuevas estrategias en seguridad pública, como el estado de excepción.
Debido a esa efectividad, el 7 de enero de este año el Gobierno hondureño amplió la medida legal a 45 días más para garantizar las acciones de seguridad en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero a la vez las amplió a 73 distritos de ese país, que también están asediados por las pandillas.
Siempre a escala centroamericana, el ministro de Justicia de Costa Rica, Jorge Torres, destacó hace dos semanas ante los diputados de la comisión de seguridad y narcotráfico del congreso de ese país el trabajo del presidente salvadoreño y sugirió la implementación de un sistema similar en el territorio tico.
«Un sistema de seguridad como el que tiene el presidente [Nayib] Bukele sería genial para bajar el índice de homicidios», afirmó. En esa reunión con
los legisladores también expresó que el único país de Latinoamérica que ha controlado el índice de asesinatos es El Salvador, «porque [Nayib] Bukele ha encerrado a esos delincuentes».
Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, el régimen de excepción ha permitido el decomiso de bienes muebles e inmuebles en poder de las estructuras delincuenciales y ha facilitado la captura de 61,500 pandilleros a escala nacional, incluidos cabecillas.
Pero el trabajo en seguridad del presidente Nayib Bukele ha impactado no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Hace unas semanas, el candidato a alcalde de Guayaquil (Ecuador) Pedro Pablo Duart dijo que —si obtiene la victoria electoral en la municipalidad en los comicios del próximo mes— tomará como referencia las medidas implementadas por el gobernante salvadoreño, como el control de las cárceles.
«Si controlamos las cárceles, controlamos las calles. Esto no es nuevo, ya se implementó con éxito en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Es el mismo modelo el que vamos a replicar», anunció el candidato del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Sumado al reciente anuncio de Duart, el viernes 29 de abril de 2022, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó (al igual que en El Salvador) el estado de excepción por 60 días debido a la violencia causada por el crimen organizado en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Según las autoridades ecuatorianas de seguridad, la violencia provocó en esas tres provincias 1,255 homicidios en los primeros cuatro meses de 2022.
En Colombia, Carlos Felipe Mejía, senador del Partido Centro Democrático, reconoció que la popularidad del presidente Nayib Bukele deviene de su trabajo en seguridad y la notable reducción de los homicidios.
«Su país, El Salvador, es el más seguro de Latinoamérica y tiene la tasa de homicidios más baja. ¿Qué hace? Cumplir la ley y hacerla cumplir», publicó en Twitter a inicios de este año.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
