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Presidente Bukele es el referente regional en seguridad pública
Presidentes y otros funcionarios de Latinoamérica tienen a Nayib Bukele como referente a la hora de implementar estrategias en seguridad pública, imitando o, al menos, recomendando la ejecución en sus países de acciones como las desarrolladas por el mandatario salvadoreño, encaminadas a combatir a estructuras de pandillas y al crimen organizado.
En el vecino Honduras, la presidenta Xiomara Castro — del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— ordenó, el 6 de diciembre, la implementación del estado de excepción para combatir a los grupos delincuenciales en 89 barrios de Tegucigalpa y en 73 municipios de San Pedro Sula.
Al cierre de 2022, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que el país hermano cerró con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100, 000 habitantes, la más baja de los últimos 16 años. La secretaría atribuyó la reducción de la violencia homicida a la implementación de las nuevas estrategias en seguridad pública, como el estado de excepción.
Debido a esa efectividad, el 7 de enero de este año el Gobierno hondureño amplió la medida legal a 45 días más para garantizar las acciones de seguridad en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero a la vez las amplió a 73 distritos de ese país, que también están asediados por las pandillas.
Siempre a escala centroamericana, el ministro de Justicia de Costa Rica, Jorge Torres, destacó hace dos semanas ante los diputados de la comisión de seguridad y narcotráfico del congreso de ese país el trabajo del presidente salvadoreño y sugirió la implementación de un sistema similar en el territorio tico.
«Un sistema de seguridad como el que tiene el presidente [Nayib] Bukele sería genial para bajar el índice de homicidios», afirmó. En esa reunión con
los legisladores también expresó que el único país de Latinoamérica que ha controlado el índice de asesinatos es El Salvador, «porque [Nayib] Bukele ha encerrado a esos delincuentes».
Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, el régimen de excepción ha permitido el decomiso de bienes muebles e inmuebles en poder de las estructuras delincuenciales y ha facilitado la captura de 61,500 pandilleros a escala nacional, incluidos cabecillas.
Pero el trabajo en seguridad del presidente Nayib Bukele ha impactado no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Hace unas semanas, el candidato a alcalde de Guayaquil (Ecuador) Pedro Pablo Duart dijo que —si obtiene la victoria electoral en la municipalidad en los comicios del próximo mes— tomará como referencia las medidas implementadas por el gobernante salvadoreño, como el control de las cárceles.
«Si controlamos las cárceles, controlamos las calles. Esto no es nuevo, ya se implementó con éxito en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Es el mismo modelo el que vamos a replicar», anunció el candidato del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Sumado al reciente anuncio de Duart, el viernes 29 de abril de 2022, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó (al igual que en El Salvador) el estado de excepción por 60 días debido a la violencia causada por el crimen organizado en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Según las autoridades ecuatorianas de seguridad, la violencia provocó en esas tres provincias 1,255 homicidios en los primeros cuatro meses de 2022.
En Colombia, Carlos Felipe Mejía, senador del Partido Centro Democrático, reconoció que la popularidad del presidente Nayib Bukele deviene de su trabajo en seguridad y la notable reducción de los homicidios.
«Su país, El Salvador, es el más seguro de Latinoamérica y tiene la tasa de homicidios más baja. ¿Qué hace? Cumplir la ley y hacerla cumplir», publicó en Twitter a inicios de este año.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
