Nacionales
Presidente Bukele es el referente regional en seguridad pública
Presidentes y otros funcionarios de Latinoamérica tienen a Nayib Bukele como referente a la hora de implementar estrategias en seguridad pública, imitando o, al menos, recomendando la ejecución en sus países de acciones como las desarrolladas por el mandatario salvadoreño, encaminadas a combatir a estructuras de pandillas y al crimen organizado.
En el vecino Honduras, la presidenta Xiomara Castro — del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— ordenó, el 6 de diciembre, la implementación del estado de excepción para combatir a los grupos delincuenciales en 89 barrios de Tegucigalpa y en 73 municipios de San Pedro Sula.
Al cierre de 2022, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que el país hermano cerró con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100, 000 habitantes, la más baja de los últimos 16 años. La secretaría atribuyó la reducción de la violencia homicida a la implementación de las nuevas estrategias en seguridad pública, como el estado de excepción.
Debido a esa efectividad, el 7 de enero de este año el Gobierno hondureño amplió la medida legal a 45 días más para garantizar las acciones de seguridad en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero a la vez las amplió a 73 distritos de ese país, que también están asediados por las pandillas.

Siempre a escala centroamericana, el ministro de Justicia de Costa Rica, Jorge Torres, destacó hace dos semanas ante los diputados de la comisión de seguridad y narcotráfico del congreso de ese país el trabajo del presidente salvadoreño y sugirió la implementación de un sistema similar en el territorio tico.
«Un sistema de seguridad como el que tiene el presidente [Nayib] Bukele sería genial para bajar el índice de homicidios», afirmó. En esa reunión con
los legisladores también expresó que el único país de Latinoamérica que ha controlado el índice de asesinatos es El Salvador, «porque [Nayib] Bukele ha encerrado a esos delincuentes».
Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, el régimen de excepción ha permitido el decomiso de bienes muebles e inmuebles en poder de las estructuras delincuenciales y ha facilitado la captura de 61,500 pandilleros a escala nacional, incluidos cabecillas.
Pero el trabajo en seguridad del presidente Nayib Bukele ha impactado no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Hace unas semanas, el candidato a alcalde de Guayaquil (Ecuador) Pedro Pablo Duart dijo que —si obtiene la victoria electoral en la municipalidad en los comicios del próximo mes— tomará como referencia las medidas implementadas por el gobernante salvadoreño, como el control de las cárceles.
«Si controlamos las cárceles, controlamos las calles. Esto no es nuevo, ya se implementó con éxito en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Es el mismo modelo el que vamos a replicar», anunció el candidato del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Sumado al reciente anuncio de Duart, el viernes 29 de abril de 2022, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó (al igual que en El Salvador) el estado de excepción por 60 días debido a la violencia causada por el crimen organizado en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Según las autoridades ecuatorianas de seguridad, la violencia provocó en esas tres provincias 1,255 homicidios en los primeros cuatro meses de 2022.
En Colombia, Carlos Felipe Mejía, senador del Partido Centro Democrático, reconoció que la popularidad del presidente Nayib Bukele deviene de su trabajo en seguridad y la notable reducción de los homicidios.
«Su país, El Salvador, es el más seguro de Latinoamérica y tiene la tasa de homicidios más baja. ¿Qué hace? Cumplir la ley y hacerla cumplir», publicó en Twitter a inicios de este año.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




