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Presidente Bukele es el referente regional en seguridad pública
Presidentes y otros funcionarios de Latinoamérica tienen a Nayib Bukele como referente a la hora de implementar estrategias en seguridad pública, imitando o, al menos, recomendando la ejecución en sus países de acciones como las desarrolladas por el mandatario salvadoreño, encaminadas a combatir a estructuras de pandillas y al crimen organizado.
En el vecino Honduras, la presidenta Xiomara Castro — del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— ordenó, el 6 de diciembre, la implementación del estado de excepción para combatir a los grupos delincuenciales en 89 barrios de Tegucigalpa y en 73 municipios de San Pedro Sula.
Al cierre de 2022, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que el país hermano cerró con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100, 000 habitantes, la más baja de los últimos 16 años. La secretaría atribuyó la reducción de la violencia homicida a la implementación de las nuevas estrategias en seguridad pública, como el estado de excepción.
Debido a esa efectividad, el 7 de enero de este año el Gobierno hondureño amplió la medida legal a 45 días más para garantizar las acciones de seguridad en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero a la vez las amplió a 73 distritos de ese país, que también están asediados por las pandillas.
Siempre a escala centroamericana, el ministro de Justicia de Costa Rica, Jorge Torres, destacó hace dos semanas ante los diputados de la comisión de seguridad y narcotráfico del congreso de ese país el trabajo del presidente salvadoreño y sugirió la implementación de un sistema similar en el territorio tico.
«Un sistema de seguridad como el que tiene el presidente [Nayib] Bukele sería genial para bajar el índice de homicidios», afirmó. En esa reunión con
los legisladores también expresó que el único país de Latinoamérica que ha controlado el índice de asesinatos es El Salvador, «porque [Nayib] Bukele ha encerrado a esos delincuentes».
Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, el régimen de excepción ha permitido el decomiso de bienes muebles e inmuebles en poder de las estructuras delincuenciales y ha facilitado la captura de 61,500 pandilleros a escala nacional, incluidos cabecillas.
Pero el trabajo en seguridad del presidente Nayib Bukele ha impactado no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Hace unas semanas, el candidato a alcalde de Guayaquil (Ecuador) Pedro Pablo Duart dijo que —si obtiene la victoria electoral en la municipalidad en los comicios del próximo mes— tomará como referencia las medidas implementadas por el gobernante salvadoreño, como el control de las cárceles.
«Si controlamos las cárceles, controlamos las calles. Esto no es nuevo, ya se implementó con éxito en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Es el mismo modelo el que vamos a replicar», anunció el candidato del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Sumado al reciente anuncio de Duart, el viernes 29 de abril de 2022, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó (al igual que en El Salvador) el estado de excepción por 60 días debido a la violencia causada por el crimen organizado en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Según las autoridades ecuatorianas de seguridad, la violencia provocó en esas tres provincias 1,255 homicidios en los primeros cuatro meses de 2022.
En Colombia, Carlos Felipe Mejía, senador del Partido Centro Democrático, reconoció que la popularidad del presidente Nayib Bukele deviene de su trabajo en seguridad y la notable reducción de los homicidios.
«Su país, El Salvador, es el más seguro de Latinoamérica y tiene la tasa de homicidios más baja. ¿Qué hace? Cumplir la ley y hacerla cumplir», publicó en Twitter a inicios de este año.
En el segundo día del año escolar, el Gobierno salvadoreño continúa la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos del país, y uno de ellos es el Centro Escolar Benjamín Sol Millet, ubicado en San Salvador Centro, donde los estudiantes recibieron uniformes, útiles y recursos tecnológicos.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó personalmente la jornada y afirmó que la distribución se mantendrá activa durante todo el mes, como parte de una logística nacional que beneficiará a más de 1.2 millones de estudiantes.
Entre los insumos entregados se incluyen tablets de 8 pulgadas para parvularia cuatro, tablets de 10 pulgadas para primer grado, computadoras portátiles para cuarto grado y para primer año de bachillerato. La funcionaria destacó que estos recursos buscan motivar a los estudiantes a continuar su formación académica.
«Son más de 5,000 escuelas, 1.2 millones de paquetes escolares, que vamos a entregar en todo este mes, es una logística inmensa, su paquete escolar va a llegar a su escuela, es gratuito, completo y con los implementos tecnológicos para los diferentes niveles educativos», recalcó Trigueros.
Durante la visita, la ministra y la directora del centro educativo, Blanca Guirola, dieron la bienvenida a los alumnos y promovieron la práctica de valores como el respeto, los buenos modales y la convivencia sana dentro de la comunidad educativa.
El Centro Escolar Benjamín Sol Millet atiende a una población de 309 estudiantes, desde parvularia cuatro hasta noveno grado, quienes iniciaron el año escolar con los insumos necesarios para su formación integral.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del lunes, la captura de Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años de edad y Juan Israel Lazo Martínez, de 26 años, quienes son los responsables de asesinar a un hombre de 33 años en el cantón El Rebelde, distrito de San Vicente, San Vicente Sur.
La policía detalló que la víctima mortal fue atacada con arma de fuego. «La investigación determinó que el móvil del crimen fue pasional ya que la víctima acosaba a uno de los detenidos», explicó la PNC.
Los dos hombres fueron ubicados y arrestados en Apastepeque, San Vicente Norte. Además, informaron que ambos serán remitidos por los delitos de homicidio y por tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
El desempeño fiscal de El Salvador durante 2025 marcó un nuevo récord en la recaudación pública. Al cierre del año, los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central sumaron $8,298.3 millones, lo que representa un incremento absoluto de $647.9 millones frente a 2024 y un crecimiento interanual del 8.5 %, según datos de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Del total recaudado, $7,986.1 millones correspondieron a ingresos tributarios y contribuciones, con un aumento del 8.4 % en comparación con el año anterior. Este resultado refleja tanto una mayor actividad económica como una mejora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de una ejecución que se mantuvo en línea con las proyecciones oficiales para el ejercicio fiscal.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se consolidó nuevamente como el principal pilar de la recaudación. Durante 2025, este tributo generó $3,817.6 millones, con un crecimiento interanual del 9 %. El dinamismo estuvo explicado, en buena medida, por el IVA a la importación, que alcanzó $2,084.8 millones, con un alza del 10.6 %, mientras que el IVA por declaraciones internas sumó $1,732.8 millones, reflejando un incremento del 7.2 %.
Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) cerró el año con una recaudación de $3,328 millones, lo que representa un crecimiento del 7.3 % frente a 2024. Dentro de este rubro, las declaraciones aportaron $965.3 millones (+10 %), las retenciones $1,567.4 millones (+5.8 %) y los pagos a cuenta $795.5 millones (+6.9 %), mostrando un comportamiento sólido de los contribuyentes a lo largo del año.
Otros ingresos tributarios también registraron avances relevantes. Los derechos arancelarios a la importación sumaron $383 millones, con un crecimiento del 12.4 %, en línea con el dinamismo del comercio exterior. En tanto, los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $245.1 millones, con un incremento moderado del 3.9 %, aunque con desempeños diferenciados entre los productos gravados. Mientras los ingresos por cigarrillos crecieron 4.2 % y los de bebidas no carbonatadas 2.4 %, se registraron descensos en cerveza (-0.5 %) y productos alcohólicos (-5.6 %).
El rubro de «otros impuestos y gravámenes diversos» presentó uno de los mayores crecimientos relativos del año, al sumar $128.6 millones, lo que representa un aumento del 17.7 %. Destacan los ingresos por transferencia de bienes raíces, que alcanzaron $74.4 millones (+26.2 %), así como el impuesto ad-valorem sobre primas de seguros, con $25.3 millones (+13.7 %).
Los ingresos no tributarios totalizaron $312.3 millones, con un crecimiento interanual del 11 %. Este resultado estuvo impulsado por el aumento en las contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $55 millones (+17.5 %), así como por el desempeño de tasas y derechos, ingresos financieros y transferencias corrientes.
En el caso de las contribuciones especiales, la recaudación sumó $83.5 millones, con un incremento del 5 %. El mayor aporte provino del transporte público, con $61.6 millones (+7 %), mientras que la contribución para la promoción del turismo registró una leve contracción anual.
Este cierre fiscal favorable refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y se alinea con la estrategia del Gobierno de fortalecer los ingresos sin generar brechas presupuestarias. «El crecimiento en la recaudación es resultado de la modernización de los procesos tributarios, la facturación electrónica y el combate a la evasión fiscal», ha señalado el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en declaraciones recientes.
Por otro lado, el ministro ha indicado que El Salvador pasó de registrar un déficit primario superior al 5 % del PIB en 2020 a alcanzar un superávit primario en 2024 y proyectar un resultado cercano al 1.9 % del PIB en 2025, en línea con los compromisos fiscales asumidos. Añadió que las agencias calificadoras ya comenzaron a reconocer estos avances, reflejando una mejora gradual en la percepción de riesgo país.
Con estos resultados, El Salvador concluye 2025 con cifras fiscales sólidas, que brindan mayor margen para la ejecución del gasto público, el financiamiento de programas sociales y la inversión en áreas estratégicas para el desarrollo económico del país.
