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Presidente Bukele es el referente regional en seguridad pública
Presidentes y otros funcionarios de Latinoamérica tienen a Nayib Bukele como referente a la hora de implementar estrategias en seguridad pública, imitando o, al menos, recomendando la ejecución en sus países de acciones como las desarrolladas por el mandatario salvadoreño, encaminadas a combatir a estructuras de pandillas y al crimen organizado.
En el vecino Honduras, la presidenta Xiomara Castro — del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— ordenó, el 6 de diciembre, la implementación del estado de excepción para combatir a los grupos delincuenciales en 89 barrios de Tegucigalpa y en 73 municipios de San Pedro Sula.
Al cierre de 2022, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que el país hermano cerró con una tasa de homicidios de 35.79 por cada 100, 000 habitantes, la más baja de los últimos 16 años. La secretaría atribuyó la reducción de la violencia homicida a la implementación de las nuevas estrategias en seguridad pública, como el estado de excepción.
Debido a esa efectividad, el 7 de enero de este año el Gobierno hondureño amplió la medida legal a 45 días más para garantizar las acciones de seguridad en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero a la vez las amplió a 73 distritos de ese país, que también están asediados por las pandillas.
Siempre a escala centroamericana, el ministro de Justicia de Costa Rica, Jorge Torres, destacó hace dos semanas ante los diputados de la comisión de seguridad y narcotráfico del congreso de ese país el trabajo del presidente salvadoreño y sugirió la implementación de un sistema similar en el territorio tico.
«Un sistema de seguridad como el que tiene el presidente [Nayib] Bukele sería genial para bajar el índice de homicidios», afirmó. En esa reunión con
los legisladores también expresó que el único país de Latinoamérica que ha controlado el índice de asesinatos es El Salvador, «porque [Nayib] Bukele ha encerrado a esos delincuentes».
Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, el régimen de excepción ha permitido el decomiso de bienes muebles e inmuebles en poder de las estructuras delincuenciales y ha facilitado la captura de 61,500 pandilleros a escala nacional, incluidos cabecillas.
Pero el trabajo en seguridad del presidente Nayib Bukele ha impactado no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Hace unas semanas, el candidato a alcalde de Guayaquil (Ecuador) Pedro Pablo Duart dijo que —si obtiene la victoria electoral en la municipalidad en los comicios del próximo mes— tomará como referencia las medidas implementadas por el gobernante salvadoreño, como el control de las cárceles.
«Si controlamos las cárceles, controlamos las calles. Esto no es nuevo, ya se implementó con éxito en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Es el mismo modelo el que vamos a replicar», anunció el candidato del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Sumado al reciente anuncio de Duart, el viernes 29 de abril de 2022, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó (al igual que en El Salvador) el estado de excepción por 60 días debido a la violencia causada por el crimen organizado en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Según las autoridades ecuatorianas de seguridad, la violencia provocó en esas tres provincias 1,255 homicidios en los primeros cuatro meses de 2022.
En Colombia, Carlos Felipe Mejía, senador del Partido Centro Democrático, reconoció que la popularidad del presidente Nayib Bukele deviene de su trabajo en seguridad y la notable reducción de los homicidios.
«Su país, El Salvador, es el más seguro de Latinoamérica y tiene la tasa de homicidios más baja. ¿Qué hace? Cumplir la ley y hacerla cumplir», publicó en Twitter a inicios de este año.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
