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Población salvadoreña respalda iniciativas económicas y de seguridad vial implementadas por el gobierno
El Gobierno está implementando una serie de medidas en beneficio de la población salvadoreña; la primera relacionada a la seguridad vial de la población y la segunda enfocada en la economía familiar, 1.8 millones de hogares salvadoreños para el mes de enero; ambas han recibido el respaldo de la ciudadanía.
El mandatario salvadoreño anunció, el martes pasado, el pago de las facturas de energía y agua potable del mes de enero, en caso de que estos sean iguales o menores a $80 y $30, respectivamente; ante esto, la población salvadoreña agradece esta medida de alivio económico, que beneficiará al 95 % de usuarios de estos servicios. La iniciativa es una medida celebrada por los salvadoreños, quienes agradecen el apoyo por parte del Presidente Nayib Bukele, al pensar en el bienestar de 1,800,000 hogares del país.
“Realmente, este Gobierno está haciendo las cosas bien», reconoció Guadalupe Alvarado sobre el liderazgo del Presidente Bukele, así como los beneficios que sus políticas traen para la población.
El Gobierno recuerda que las personas no tienen que presentarse a ninguna agencia a solicitar el beneficio, ya que es automático, por lo que cada distribuidora de energía aplicará la medida; mientras que, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) también ha tomado acciones para aplicar este beneficio a un aproximado de 770,000 usuarios de la institución.
Apoyo a las reformas de tránsito
Los salvadoreños apoyaron las reformas a la ley de tránsito que han entrado en vigencia, promovidas por el Presidente Bukele, en referencia a lo establecido a la prohibición total a la conducción de vehículos automotores tras haber ingerido bebidas alcohólicas, en cualquier cantidad.
«La cero tolerancia al alcohol me parece muy bien. Hay personas que no se miden en sus vicios, pero con esta ley esperamos que pongan punto y final con eso», afirmó Marvin Ortiz.
La cero tolerancia al alcohol para conductores tiene como principal objetivo proteger la vida de la población; con este esfuerzo, el Gobierno continúa enfocando esfuerzos a favor de las grandes mayores del país.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
