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PDDH certifica que detención contra Enrique Rais fue arbitraria, pues se basó en escuchas telefónicas ilegales
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Apolonio Tobar, en cumplimiento de su deber de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y acatando especialmente la resolución previamente emitida por Naciones Unidas, a favor del empresario suizosalvadoreño, Enrique Rais, se pronunció declarando que al Sr. Rais se le violentaron sus derechos humanos al debido proceso legal, por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, por detención ilegal; así como el incumplimiento a la Ley de Escuchas Telefónicas.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, en conversación con este medio, presentó y expuso la mencionada resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual manifiesta, el citado profesional, viene a reiterar lo previamente decidido por Naciones Unidas, que al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, sobre todo con escuchas ilegales, en las que no existe autorización judicial para intervenir las comunicaciones del Sr. Rais, ni se capta ningún hecho irregular de éste, ni era sujeto de investigación, determinó que el empresario es víctima de abuso de poder y sufre una privación de libertad personal.
Un largo camino para obtener justicia. De acuerdo a Miranda Rubio, la denuncia por violación de derechos humanos en perjuicio del Sr. Rais, fue interpuesta ante PDDH, el día 12 de octubre de 2016, contra las actuaciones ilegales cometidas por la Fiscalía General de la República, en ese momento dirigida por el Exfiscal General Douglas Meléndez, las cuales fueron materializadas por medio de los ExDirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfredo Campos Crespo; y por el Exjefe y fiscales de la Unidad de Crimen Organizado.
Sin embargo, el caso no avanzaba, pese a las múltiples solicitudes y peticiones de medidas cautelares, dada la gravedad de los hechos en perjuicio del Sr. Rais, ya que durante toda la administración de la Exprocuradora Raquel Caballero de Guevara, el expediente fue “engavetado” quedando en una inactividad total, lo cual queda documentado en propia resolución cuando el actual Procurador manifiesta que: “Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes(…)” -pág. 32 de la resolución.
De manera que tuvieron que pasar prácticamente cinco años para que se reconocieran las flagrantes violaciones a derechos humanos por parte de la PDDH. “Es hasta que llega el lic. Apolonio Tobar como Procurador, que como Defensa del Sr. Rais, nos informan del estado del expediente de investigación y posteriormente cuando Naciones Unidas declara que la privación de libertad sufrida por nuestro cliente es arbitraria y que infringe Pactos Internacionales que son leyes de El Salvador, la PDDH acatando la resolución internacional y dando cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene el país, viene a ratificar que la detención sufrida por el Sr. Rais es ilegal y que las causas penales en su contra se basaron en escuchas telefónicas ilegales, que ni siquiera tienen relación con él, sino que eran de otras personas, escuchas que fueron alteradas, junto a otras pruebas con el objetivo de involucrar al Sr. Rais.” -afirma el abogado Miranda Rubio. PDDH decide acatar la resolución de Naciones Unidas a favor de Enrique Rais.
En la resolución que tiene fecha 28 de junio de 2021, pero que fue notificada el pasado viernes 15 de los corrientes, la PDDH es categórica en afirmar que: “(…) a la luz de la teoría de los derechos humanos -que va más allá de lo estrictamente legal-, se puede concluir que en el proceso penal, promovido en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López… ha existido la violación a los derechos humanos denunciada por sus Apoderados Generales Judiciales por haberse utilizado prueba -en contra de los imputados- que debió haberse destruido, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.”
Con esta decisión la PDDH contribuye a la orden emitida por Naciones Unidas, en el sentido que para reparar las violaciones sufridas por el Sr. Rais, en sus derechos humanos es fundamental que El Salvador adopte las medidas necesarias para remediar la situación del empresario, sin dilación alguna y ponerla de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo en su fallo la PDDH también reitera que la Fiscalía pretendió fundar las acusaciones contra Rais, con el uso de prueba ilegal. Douglas Meléndez: infractor de los derechos humanos de Enrique Rais. La PDDH, además de establecer las vulneraciones sufridas por el Sr.Rais, en cuanto al debido proceso legal, a la libertad personal, al derecho a la privacidad y secretividad de las telecomunicaciones, reconoció como responsable de las afectaciones ocasionadas a Rais, al Exfiscal general, Douglas Meléndez.
Precisamente desde el inicio de las acusaciones en su contra tanto el empresario como sus abogados sostuvieron no sólo que las órdenes de detención en su contra eran arbitrarias, sino que era víctima de una persecución penal que tenía un trasfondo comercial por sacarlo de sus negocios, principalmente los relacionados con la gestión de los desechos sólidos en Relleno Sanitario y que se fundamentó en pruebas ilegales y pruebas adulteradas.
De hecho, tanto el Juez 8º de Instrucción de San Salvador, Mario Mira Montes, como los fiscales del caso, ante lo incontestable de los argumentos y pruebas aportadas por la defensa de Enrique Rais tuvieron que reconocer que nunca contaron con autorización judicial para captar sus comunicaciones telefónicas y que la Técnico informática de Fiscalía, Ena Maricela Granados, alteró y falseó resultados para hacer parecer que unas líneas telefónicas eran utilizadas por Rais, cuando no era cierto.
De acuerdo, a Miranda Rubio, el Exfiscal general, Douglas Meléndez, fue denunciado por las actuaciones contra Rais, desde el mes de junio de 2019, sin embargo el también Exfiscal Raúl Melara, quien fue destituido por la Asamblea Legislativa por graves incumplimientos de deberes e ineptitud en el cargo, no permitió que las investigaciones en Fiscalía avanzaran, es decir que protegió a su predecesor, dejándolo impune. Sin embargo, la PDDH, además de reconocer la responsabilidad de Meléndez en las infracciones de derechos humanos, requiere al actual titular del Ministerio Público, licenciado Rodolfo Delgado Montes, par que verifique, investigue y sancione las actuaciones de aquellos funcionarios al interior de la oficina fiscal, involucrados en los hechos que concluyeron en infracción de los derechos humanos del Sr. Rais.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
