Judicial
INDIGNACIÓN: Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Un grupo de pandilleros acusados de del asesinato de un joven de 20 años fueron puestos en libertad debido a que los testigos del hecho no llegaron al tribunal por miedo a represarías.
La víctima fue ejecutada por cinco delincuentes que lo interceptaron cuando regresaba de la casa de su madre en la urbanización Alta Vista.
Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Danilo Alejando Pascual, de 20 años de edad, era un joven que jamás imaginó que su vida sería truncada por cinco pandilleros de su colonia quienes lo golpearon y le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasajes cercanos a su vivienda.
El 14 de marzo del 2017, una escasez de agua potable se tuvo en la urbanización Alta Vista, en Apopa, lugar donde habitaba la víctima quien para cerciorarse de cuando regresaría el servicio decidió salir hasta la casa de su madre, con la esperanza de que fuera ella quien le resolviera la duda.
El reloj marcaba la 1:00 de la tarde, Danilo visitó a su progenitora quien cuando este decidió regresarse para su casa le dio alimentos para el almuerzo. Madre e hijo se despidieron con la esperanza de verse más tarde.
De regreso a su casa, cinco pandilleros seguían el rastro del joven quien fue acorralado en uno de los reducidos pasajes de la colonia.
Según el expediente judicial, Joaquin G., alias “Yeso” y Calos F., alias “Ganster” sujetaron a Pascual de sus manos para que Edwin M., “Farruco” y Henry G., alias “Enano” comenzaran a golpearlo.
Rosalino F., alias “El Lodo” se sumó a la agresión que fue pausada por un disparo que provocó que la víctima cayera al suelo, algo que no detuvo a los delincuentes que soltaron una ráfaga de disparos para matar al joven.
Debajo del cadáver quedó la bolsa con la comida de su mamá que lloró la muerte de su hijo de quien vecinos aseguraron que no estaba implicado en pandillas. Además, señalaron que desconocían si habría recibido algún tipo de amenaza de estos grupos delictivos.
Hasta ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con argumentos sólidos que apuntaban hacia una condena de los delincuentes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador procesó a Carlos por el delito de homicidio agravado, mientras que el resto fueron enjuiciados en otras instancias.
La debacle de Fiscalía
Un día antes del juicio contra “El Ganster”, el caso se le comenzó a desplomar a la parte acusadora ya que un testigo se negó a seguir colaborando con las autoridades debido al temor de sufrir un atentado por parte de los pandilleros.
“Mi testimonio no aporta ningún dato que esclarezca los hechos, porque no los conozco y temo por mi vida”, rezaba un escrito que el testigo presentó ante la FGR para que se desestimara su aporte.
Durante la audiencia de vista pública, la Fiscalía se dio por vencida debido a que el otro declarante no compadeció ante el tribunal justificando que había comenzado un nuevo empleo y que por ser su primer día laborando no le permitían salir.
El juez Tercero de Sentencia decidió dejar en libertad al imputado ya que no se contaba con suficientes elementos para sostener la acusación en este caso.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
