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INDIGNACIÓN: Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Un grupo de pandilleros acusados de del asesinato de un joven de 20 años fueron puestos en libertad debido a que los testigos del hecho no llegaron al tribunal por miedo a represarías.
La víctima fue ejecutada por cinco delincuentes que lo interceptaron cuando regresaba de la casa de su madre en la urbanización Alta Vista.
Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Danilo Alejando Pascual, de 20 años de edad, era un joven que jamás imaginó que su vida sería truncada por cinco pandilleros de su colonia quienes lo golpearon y le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasajes cercanos a su vivienda.
El 14 de marzo del 2017, una escasez de agua potable se tuvo en la urbanización Alta Vista, en Apopa, lugar donde habitaba la víctima quien para cerciorarse de cuando regresaría el servicio decidió salir hasta la casa de su madre, con la esperanza de que fuera ella quien le resolviera la duda.
El reloj marcaba la 1:00 de la tarde, Danilo visitó a su progenitora quien cuando este decidió regresarse para su casa le dio alimentos para el almuerzo. Madre e hijo se despidieron con la esperanza de verse más tarde.
De regreso a su casa, cinco pandilleros seguían el rastro del joven quien fue acorralado en uno de los reducidos pasajes de la colonia.
Según el expediente judicial, Joaquin G., alias “Yeso” y Calos F., alias “Ganster” sujetaron a Pascual de sus manos para que Edwin M., “Farruco” y Henry G., alias “Enano” comenzaran a golpearlo.
Rosalino F., alias “El Lodo” se sumó a la agresión que fue pausada por un disparo que provocó que la víctima cayera al suelo, algo que no detuvo a los delincuentes que soltaron una ráfaga de disparos para matar al joven.
Debajo del cadáver quedó la bolsa con la comida de su mamá que lloró la muerte de su hijo de quien vecinos aseguraron que no estaba implicado en pandillas. Además, señalaron que desconocían si habría recibido algún tipo de amenaza de estos grupos delictivos.
Hasta ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con argumentos sólidos que apuntaban hacia una condena de los delincuentes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador procesó a Carlos por el delito de homicidio agravado, mientras que el resto fueron enjuiciados en otras instancias.
La debacle de Fiscalía
Un día antes del juicio contra “El Ganster”, el caso se le comenzó a desplomar a la parte acusadora ya que un testigo se negó a seguir colaborando con las autoridades debido al temor de sufrir un atentado por parte de los pandilleros.
“Mi testimonio no aporta ningún dato que esclarezca los hechos, porque no los conozco y temo por mi vida”, rezaba un escrito que el testigo presentó ante la FGR para que se desestimara su aporte.
Durante la audiencia de vista pública, la Fiscalía se dio por vencida debido a que el otro declarante no compadeció ante el tribunal justificando que había comenzado un nuevo empleo y que por ser su primer día laborando no le permitían salir.
El juez Tercero de Sentencia decidió dejar en libertad al imputado ya que no se contaba con suficientes elementos para sostener la acusación en este caso.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
