Judicial
INDIGNACIÓN: Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Un grupo de pandilleros acusados de del asesinato de un joven de 20 años fueron puestos en libertad debido a que los testigos del hecho no llegaron al tribunal por miedo a represarías.
La víctima fue ejecutada por cinco delincuentes que lo interceptaron cuando regresaba de la casa de su madre en la urbanización Alta Vista.
Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Danilo Alejando Pascual, de 20 años de edad, era un joven que jamás imaginó que su vida sería truncada por cinco pandilleros de su colonia quienes lo golpearon y le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasajes cercanos a su vivienda.
El 14 de marzo del 2017, una escasez de agua potable se tuvo en la urbanización Alta Vista, en Apopa, lugar donde habitaba la víctima quien para cerciorarse de cuando regresaría el servicio decidió salir hasta la casa de su madre, con la esperanza de que fuera ella quien le resolviera la duda.
El reloj marcaba la 1:00 de la tarde, Danilo visitó a su progenitora quien cuando este decidió regresarse para su casa le dio alimentos para el almuerzo. Madre e hijo se despidieron con la esperanza de verse más tarde.
De regreso a su casa, cinco pandilleros seguían el rastro del joven quien fue acorralado en uno de los reducidos pasajes de la colonia.
Según el expediente judicial, Joaquin G., alias “Yeso” y Calos F., alias “Ganster” sujetaron a Pascual de sus manos para que Edwin M., “Farruco” y Henry G., alias “Enano” comenzaran a golpearlo.
Rosalino F., alias “El Lodo” se sumó a la agresión que fue pausada por un disparo que provocó que la víctima cayera al suelo, algo que no detuvo a los delincuentes que soltaron una ráfaga de disparos para matar al joven.
Debajo del cadáver quedó la bolsa con la comida de su mamá que lloró la muerte de su hijo de quien vecinos aseguraron que no estaba implicado en pandillas. Además, señalaron que desconocían si habría recibido algún tipo de amenaza de estos grupos delictivos.
Hasta ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con argumentos sólidos que apuntaban hacia una condena de los delincuentes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador procesó a Carlos por el delito de homicidio agravado, mientras que el resto fueron enjuiciados en otras instancias.
La debacle de Fiscalía
Un día antes del juicio contra “El Ganster”, el caso se le comenzó a desplomar a la parte acusadora ya que un testigo se negó a seguir colaborando con las autoridades debido al temor de sufrir un atentado por parte de los pandilleros.
“Mi testimonio no aporta ningún dato que esclarezca los hechos, porque no los conozco y temo por mi vida”, rezaba un escrito que el testigo presentó ante la FGR para que se desestimara su aporte.
Durante la audiencia de vista pública, la Fiscalía se dio por vencida debido a que el otro declarante no compadeció ante el tribunal justificando que había comenzado un nuevo empleo y que por ser su primer día laborando no le permitían salir.
El juez Tercero de Sentencia decidió dejar en libertad al imputado ya que no se contaba con suficientes elementos para sostener la acusación en este caso.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
