Judicial
INDIGNACIÓN: Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Un grupo de pandilleros acusados de del asesinato de un joven de 20 años fueron puestos en libertad debido a que los testigos del hecho no llegaron al tribunal por miedo a represarías.
La víctima fue ejecutada por cinco delincuentes que lo interceptaron cuando regresaba de la casa de su madre en la urbanización Alta Vista.
Pandillero acusado de asesinar a un joven en Apopa queda en libertad por temor de testigos
Danilo Alejando Pascual, de 20 años de edad, era un joven que jamás imaginó que su vida sería truncada por cinco pandilleros de su colonia quienes lo golpearon y le dispararon en varias ocasiones en uno de los pasajes cercanos a su vivienda.
El 14 de marzo del 2017, una escasez de agua potable se tuvo en la urbanización Alta Vista, en Apopa, lugar donde habitaba la víctima quien para cerciorarse de cuando regresaría el servicio decidió salir hasta la casa de su madre, con la esperanza de que fuera ella quien le resolviera la duda.
El reloj marcaba la 1:00 de la tarde, Danilo visitó a su progenitora quien cuando este decidió regresarse para su casa le dio alimentos para el almuerzo. Madre e hijo se despidieron con la esperanza de verse más tarde.
De regreso a su casa, cinco pandilleros seguían el rastro del joven quien fue acorralado en uno de los reducidos pasajes de la colonia.
Según el expediente judicial, Joaquin G., alias “Yeso” y Calos F., alias “Ganster” sujetaron a Pascual de sus manos para que Edwin M., “Farruco” y Henry G., alias “Enano” comenzaran a golpearlo.
Rosalino F., alias “El Lodo” se sumó a la agresión que fue pausada por un disparo que provocó que la víctima cayera al suelo, algo que no detuvo a los delincuentes que soltaron una ráfaga de disparos para matar al joven.
Debajo del cadáver quedó la bolsa con la comida de su mamá que lloró la muerte de su hijo de quien vecinos aseguraron que no estaba implicado en pandillas. Además, señalaron que desconocían si habría recibido algún tipo de amenaza de estos grupos delictivos.
Hasta ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con argumentos sólidos que apuntaban hacia una condena de los delincuentes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador procesó a Carlos por el delito de homicidio agravado, mientras que el resto fueron enjuiciados en otras instancias.
La debacle de Fiscalía
Un día antes del juicio contra “El Ganster”, el caso se le comenzó a desplomar a la parte acusadora ya que un testigo se negó a seguir colaborando con las autoridades debido al temor de sufrir un atentado por parte de los pandilleros.
“Mi testimonio no aporta ningún dato que esclarezca los hechos, porque no los conozco y temo por mi vida”, rezaba un escrito que el testigo presentó ante la FGR para que se desestimara su aporte.
Durante la audiencia de vista pública, la Fiscalía se dio por vencida debido a que el otro declarante no compadeció ante el tribunal justificando que había comenzado un nuevo empleo y que por ser su primer día laborando no le permitían salir.
El juez Tercero de Sentencia decidió dejar en libertad al imputado ya que no se contaba con suficientes elementos para sostener la acusación en este caso.
Nota tomada de El Salvador Times
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
