El 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción como herramienta constitucional para ponerle fin a la criminalidad de las pandillas y devolverles a los salvadoreños la tan anhelada paz y tranquilidad.

Los resultados de la «guerra contra las pandillas» son históricos, siendo el más destacado la reducción en la cifra de asesinatos que para el 2024 posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes. El país dejó de ser el más violento del mundo para convertirse en el más pacífico.

Para este 2025, la proyección es reducir aún más este registro, así lo dio a conocer el presidente Bukele al expresar: «De continuar esta tendencia, cerraríamos el 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 -tras una ola de 87 asesinatos cometidos por pandilleros- profundizó los cambios que necesitaba el país y cerró cualquier posibilidad de las maras de reagruparse luego que las estructuras de mando de las maras Salvatrucha (MS), la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos terroristas fueran desarticuladas.

Los alarmantes índices de homicidios con los que terminaba cada año son cosa del pasado, así como las escenas diarias de asesinatos que en los gobiernos de ARENA y del FMLN acumularon más de 100,000 homicidios y una tasa de hasta 106.3 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo registrada en 2015 cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.

REFORMAS PERMITIERON ACORRALAR A LOS MAREROS

Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.

La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.

Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.

Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.

En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.

Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.

La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.

Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.

«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.

BUKELE: «EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN NOS HA PERMITIDO SABOREAR LA PAZ»

En su discurso por sus primeros cuatro años de gestión (2023), el presidente Bukele, comentó ampliamente la transformación que ha tenido el país gracias a haber enfrentado a las pandillas.

«El régimen de excepción nos ha permitido saborear por fin la paz», agregó ante la Asamblea Legislativa.

También mencionó que «al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten». Aseguró que muchas personas tuvieron que ofrendar su vida para lograr lo inimaginable en El Salvador: «vivir en un país seguro».

Destacó que hoy la nueva normalidad que viven las familias es caminar por calles donde antes no se podía por causa de las pandillas; hoy lo hacen sin temor alguno y a cualquier hora del día, dijo el mandatario.

Este sábado 22 y domingo 23 de marzo no se reportaron homicidios en El Salvador, según lo confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) en sus cuentas oficiales.

«Finalizamos el domingo 23 de marzo, con 0 homicidios en el país», escribió la PNC en X. Con esto ya son 18 días en lo que va de marzo que no se reportan muertes a causa de la violencia en el país.

Las estadísticas revelaron que los días sin asesinatos en marzo son: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

Las autoridades han hecho hincapié en que esta reducción en la criminalidad se debe a la implementación de Plan Control Territorial y al régimen de excepción, que el próximo 27 de marzo cumplirá tres años de implementación.

Lo anterior permitió que el 2024 cerrara con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes.

En México, las autoridades de ese país capturaron a César Omar Hernández Quintanilla, de 33 años alias Lunático, miembro de la Mara Salvatrucha que tiene una condena de 130 años impuesta por el Tribunal de Sentencia de San Miguel.

El terrorista fue entregado al Centro Antipandillas Transnacional (CAT), de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, para que sea expulsado de esa nación y puestos a la orden de la Policía de El Salvador.

«El marero salvadoreño figura en los más buscados de su país es entregado por México para deportarlo a El Salvador», publicó la PNC guatemalteca.

Se informó que en la frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos investigadores del Centro Antipandillas Transnacional en coordinación con autoridades mexicanas recibieron al pandillero de 33 años.

«César Omar Hernández Quintanilla, es un pandillero de alto perfil criminal que cuenta con tres órdenes de aprehensión en su país por los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas y extorsión», destacó la PNC del vecino país.

En la información publicada por la Policía de Guatemala, Hernández Quintanilla tiene tres órdenes de captura, una fue girada el 16 de febrero de 2023 y las otras dos datan de octubre y noviembre del 2024.

Lunático, el miembro de la clica «Normadis Locos Salvatruchos» una estructura que por décadas estuvo consumando una serie de delitos en el departamento de Sonsonate y posteriormente se expandió a otros territorios.

El pandillero fue capturado en Chiapas, México y según las autoridades de ese país, había ingresado por el río Suchiate, para no ser localizado, se estuvo moviendo en varios municipios de ese estado.

En junio de 2024, Tribunal de Sentencia de San Miguel lo condenó junto a otros siete pandilleros a 130 años de cárcel por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República probó que entre el 2003 y 2013, exigieron entre $25 y $1,000 semanales a comerciantes de San Miguel para dejarlos trabajar y por temor a las amenazas las víctimas pagaron las cantidades de dinero.