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ONI, la moderna plataforma policial que identifica a pandilleros y delincuentes
La modernización de las instituciones encargadas de velar y garantizar la seguridad pública forma parte de la fase III del Plan Control Territorial; a través de esta, la Policía Nacional Civil (PNC) ha adquirido más de 6,000 teléfonos inteligentes, por medio de los cuales los agentes policiales pueden acceder directamente a la base de datos para identificar a pandilleros y delincuentes que tienen órdenes de captura.
La corporación policial, incluidos los estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), utilizan esta moderna tecnología mientras ejecutan controles vehiculares, patrullajes y operativos.
«Gracias a la transición y el nuevo modelo de servicio policial, hemos entregado más de 6,000 teléfonos inteligentes. Nuestros agentes tienen acceso a información y consultas en tiempo real en la palma de la mano», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El pasado 11 de noviembre, el funcionario informó que los alumnos de la ANSP se desplegaron en zonas estratégicas del Centro Histórico de San Salvador, donde aplicaron la función de Conocer, Identificar y Resolver (CIR) desde la plataforma ONI para contribuir a la seguridad y tranquilidad de todos los salvadoreños.
«Tenemos la primera captura de los alumnos de la promoción 133 de nuestra ANSP realizando sus prácticas y aplicando las nuevas tecnologías», detalló Villatoro el pasado 24 de octubre.
En esa oportunidad, el ministro explicó que, mientras los alumnos recababan información para la plataforma ONI, se identificó a Óscar Aníbal Espinoza Carpio, quien tenía una orden de captura por contrabando de mercadería.
«Sin duda, implementar soluciones tecnológicas y tenerlas disponibles en la palma de la mano de nuestros agentes es ya una obligación para cualquier policía en el mundo», dijo Villatoro.
El funcionario indicó que también los agentes policiales ejecutan un plan para supervisar bares y discotecas a escala nacional, donde han identificado a personas que son reclamadas por la justicia.
«Si no tuviéramos la tecnología habría sido un chequeo normal; entonces, es parte de incorporar nuevas herramientas para obtener resultados diferentes», apuntó el ministro.
CONTROLES VEHICULARES
El pasado 1.º de noviembre, la Policía reportó, en el desvío al Cerro Verde, en Santa Ana, la detención de tres estafadores, quienes tenían 32 órdenes de captura.
«Tres personas que no parecían que tenían cuentas pendientes con nada, entre las tres personas acumulaban 32 órdenes de captura por delitos de estafa. Casi un promedio de 10 órdenes por cada uno. Esa es la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para mejorar el nivel del impacto», aseguró Villatoro.
Los detenidos en un control vehicular fueron identificados como María Membreño Díaz, Wálter Geovanni Orellana Pereira y José Miguel Ortega Monroy.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
