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Obras Públicas impulsa la infraestructura vial en la zona costera de La Libertad
La zona costera de La Libertad está teniendo una transformación histórica en el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Por medio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se destina una sólida inversión para renovar la infraestructura vial de la zona y desarrollan proyectos estratégicos en zonas que impulsan el progreso, la economía, el turismo, y el bienestar social de los habitantes.
Una de estas grandes obras que el MOP realizará es la ampliación de la carretera del Litoral. Esta será otra megaobra dirigida a mejorar la conectividad, especialmente en el acceso a las playas de La Libertad. El proyecto tendrá una inversión aproximada de $203 millones.
La ampliación se hará en 23 kilómetros, desde la playa El Obispo hasta El Zonte. Los trabajos se desarrollarán en tres fases: la primera será desde El Obispo hasta el redondel Conchalío; la segunda y tercera fase desde dicha rotonda hasta el sector de El Zonte.
Además, el proyecto comprende la construcción de 14 puentes, tres plazoletas, siete miradores, drenajes, intercambiadores, cableado subterráneo, entre otro tipo de obras de paso.
«El presidente de la República, cuando inauguró el parque de diversiones en el puerto de La Libertad, él mencionaba de Surf City 1, fase 2, y él decía algunos proyectos que se iban a ejecutar y uno de ellos es la ampliación de la carretera del Litoral, desde El Faro hasta el sector de El Zonte», enfatizó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Esta obra se sumará a otras como Sunset Park y la carretera Camino a Surf City que ya se encuentran en funcionamiento y tiene una infraestructura de primer nivel, en óptimas condiciones para ser utilizada por turistas.
Otra de las grandes obras que ha concluido el MOP es la iluminación del Camino a Surf City con tecnología solar que se ejecutó a lo largo de 5.5 kilómetros de la carretera, con una inversión de $1.6 millones. Este proyecto favorece la seguridad vial al mejorar la visibilidad de los conductores.
De igual forma, el proyecto del paso a desnivel en el redondel Utila ha sido un impulso para mejorar la movilidad hacia la zona de La Libertad. La segunda fase, que incluía la ampliación de cuatro a seis carriles, ya fue habilitada. Con esta obra, la circulación en la zona será más ágil y reducirá los tiempos de traslado que antes se generaban por la carga vehicular.
En este tramo también mejoraron los retornos y los accesos residenciales, hicieron obras de drenajes, protección de taludes con muros de contención, remoción de postes y otros trabajos.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
