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“¡No me disparen!”, suplicó la vendedora ambulante, pero todo fue en vano
Por: Carmina Castro, El Salvador Times
A Zoila Jazmín Martínez, una mujer de 31 años de edad, la mataron el 2 de marzo de 2017 a manos de pandilleros de la MS. “No me disparen”, fueron las últimas palabras que logró decirle a los dos sujetos que llegaron abrúptamente a su vivienda para asesinarla.
La mujer, quien se dedicaba a la venta ambulante, se encontraba en el interior de su casa, ubicada en la colonia Lirios del Norte, en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador, cuando llegó Moisés de Jesús Moreno, de 19 años de edad, alias “Chimbolo”, junto a Kevin Mauricio Raymundo, de 21 y de alias “El Calvo”.
Ese 2 de marzo ambos pandilleros ingresaron de forma violenta y cada uno portaba un arma de fuego, mismas con las que atacaron a Martínez, a quien le descargaron varios tiros en su rostro y en su cuerpo, según dicta el expediente judicial resguardado en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo a los datos, la mujer había entablado una relación sentimental con Moisés, 12 años menor que ella, pero dos meses antes de ser atacada ambos habrían discutido por lo que terminaron lo que habían entablado. Se desconoce el tiempo que habían permanecido juntos.
Al caso se le suma que el otro imputado, Kevin, había pretendido sostener relaciones sexuales con la mujer, pero esta no accedió, por lo que se presume que el homicidio podría tener vínculos con la disputa sostenida con su expareja y el desprecio del otro implicado por no mantener relación con él.
El día del ataque, el testigo con régimen de protección “Madrid” observó cómo “Chimbolo” y “El Calvo” salieron de la casa de la víctima y corrieron para huir de la escena del homicidio.
Martínez fue trasladada hacia el Hospital Nacional Zacamil para poder ser atendida de emergencia, luego fue transportada hacia el Hospital Rosales. El 29 de marzo de 2017, tras pasar 27 días ingresada, falleció a eso de las 10:50 de la noche.
El proceso judicial
Luego de que sucedieran los hechos, Moisés de Jesús Moreno fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fue acusado ante el Juzgado de Paz de Cuscatancingo de ser coautor directo del delito de feminicidio agravado.
El caso fue individualizado, por lo que Kevin Mauricio Raymundo está clasificado como reo ausente, según explica el expediente, en donde según la calificación jurídica de los hechos se considera que es un feminicidio debido a que –entre otras cosas- este imputado tuvo interés sexual con la víctima, pero no fue aceptada por la mujer.
El próximo 26 de febrero, el Tribunal 1° de Sentencia instalará nuevamente la audiencia tras haber reprogramado el proceso.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
