Nacionales
Muyshondt desalojará a 34 familias de comunidades La Pedrera y Nueva Esperanza para construir mercado que entregará en comodato a empresa
Los días bajo un techo seguro están contados para 34 familias que residen en las comunidades La Pedrera y Nueva Esperanza, de la Escalón, en San Salvador, porque el alcalde Ernesto Muyshondt autorizó la construcción de un mercado que dará en comodato por 25 años a un inversionista extranjero, según relato de uno de los afectado de La Pedrera.
“Nos mandaron una carta donde se nos pidió que desalojemos este terreno que se encuentra aledaño a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) porque van a construir un mercado municipal”, dijo Maricela Pérez.
“Un día nos reunieron y nos dijeron que les diéramos la información de cada una de las familias que aquí vivimos, con el argumento que nos legalizarían las porciones de tierra donde tenemos construidas nuestras casas. Con esa condición, dimos la información de cada grupo familiar, pero después nos informaron que aquí se va a construir el mercado”, afirmó la afectada, quien relató que en ese momento se habló de que les harían un condominio para que se fueran a vivir ahí, aunque no se incluiría a todas las familias.
“Las familias que serían beneficias es porque son afines a ellos (al alcalde y su partido), pero nosotros no vemos colores políticos. Nosotros si no trabajamos todos los días no comemos, sin importar quien esté de presidente”, indicó.
Pérez explicó que de las 34 familias afectadas hay 118 personas entre hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. “Lo grave del caso es que de las 34 familias solamente se va a beneficiar a 22 y siguen con el proceso de depuración”.
“Nos tienen en un juego mental a fin de desesperarnos con las notificaciones que nos han mandado por individual y ya nos notificaron que solamente nos van a dejar que pasemos Navidad y Año Nuevo, para que luego desalojemos el lugar donde hemos vivido por años. En enero se tienen que ir de forma pacífica, nosotros no los vamos a desalojar de forma violenta, nos dijeron los de la alcaldía de San Salvador”, detalló.
Suleyma Benítez, otra de las afectadas, reconfirmó lo planteado por su vecina e incluso dijo que la empresa constructora de origen guatemalteca CIMERCA es la encargada de edificar el que se va a llamar Mercado de La Escalón.
“Nos dijeron que esta propiedad es privada y que fue vendida por el anterior alcalde. ¿Pero qué tiene que hacer la alcaldía en ese sentido? Ellos ya no tendrían nada que hacer aquí y los que nos desalojan son los de la alcaldía de San Salvador y piensan que somos tontos, hay que tener un dedo de frente para saber que eso es mentira. Hay un comodato de 25 años que habría firmado la alcaldía de San Salvador con el inversionista, que va a cobrar los impuestos para recuperar su dinero”, denunció Maricela Pérez.
En la carta de de desalojo se lee que la comuna firmó un acuerdo para construir en ese terreno un mercado municipal, para lo cual exigió a los habitantes de la comunidad que desalojaran el mismo. Así lo dejó registrado en varias misivas entregadas a los pobladores en dicha propiedad.
La carta fue enviada por la síndica Gloria Calderón Sol de Oñate, y en esta se advierte que la alcaldía debe disponer totalmente del inmueble para iniciar con las gestiones técnicas, y asegura que las personas deben retirarse porque ocuparon de forma “irregular” el inmueble.
La comuna dio hasta el 26 de noviembre a las familias para dejar el terreno, de lo contrario los amenazó con “tomar las acciones legales que correspondan para su desalojo”.
Esta medida de la municipalidad contrasta con las acciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, quien el sábado entregó 252 viviendas para familias afectadas por los fenómenos climáticos, mientras el alcalde de San Salvador desaloja a personas sin buscarles una situación definitiva.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
