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Muyshondt desalojará a 34 familias de comunidades La Pedrera y Nueva Esperanza para construir mercado que entregará en comodato a empresa
Los días bajo un techo seguro están contados para 34 familias que residen en las comunidades La Pedrera y Nueva Esperanza, de la Escalón, en San Salvador, porque el alcalde Ernesto Muyshondt autorizó la construcción de un mercado que dará en comodato por 25 años a un inversionista extranjero, según relato de uno de los afectado de La Pedrera.
“Nos mandaron una carta donde se nos pidió que desalojemos este terreno que se encuentra aledaño a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) porque van a construir un mercado municipal”, dijo Maricela Pérez.
“Un día nos reunieron y nos dijeron que les diéramos la información de cada una de las familias que aquí vivimos, con el argumento que nos legalizarían las porciones de tierra donde tenemos construidas nuestras casas. Con esa condición, dimos la información de cada grupo familiar, pero después nos informaron que aquí se va a construir el mercado”, afirmó la afectada, quien relató que en ese momento se habló de que les harían un condominio para que se fueran a vivir ahí, aunque no se incluiría a todas las familias.
“Las familias que serían beneficias es porque son afines a ellos (al alcalde y su partido), pero nosotros no vemos colores políticos. Nosotros si no trabajamos todos los días no comemos, sin importar quien esté de presidente”, indicó.
Pérez explicó que de las 34 familias afectadas hay 118 personas entre hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. “Lo grave del caso es que de las 34 familias solamente se va a beneficiar a 22 y siguen con el proceso de depuración”.
“Nos tienen en un juego mental a fin de desesperarnos con las notificaciones que nos han mandado por individual y ya nos notificaron que solamente nos van a dejar que pasemos Navidad y Año Nuevo, para que luego desalojemos el lugar donde hemos vivido por años. En enero se tienen que ir de forma pacífica, nosotros no los vamos a desalojar de forma violenta, nos dijeron los de la alcaldía de San Salvador”, detalló.
Suleyma Benítez, otra de las afectadas, reconfirmó lo planteado por su vecina e incluso dijo que la empresa constructora de origen guatemalteca CIMERCA es la encargada de edificar el que se va a llamar Mercado de La Escalón.
“Nos dijeron que esta propiedad es privada y que fue vendida por el anterior alcalde. ¿Pero qué tiene que hacer la alcaldía en ese sentido? Ellos ya no tendrían nada que hacer aquí y los que nos desalojan son los de la alcaldía de San Salvador y piensan que somos tontos, hay que tener un dedo de frente para saber que eso es mentira. Hay un comodato de 25 años que habría firmado la alcaldía de San Salvador con el inversionista, que va a cobrar los impuestos para recuperar su dinero”, denunció Maricela Pérez.
En la carta de de desalojo se lee que la comuna firmó un acuerdo para construir en ese terreno un mercado municipal, para lo cual exigió a los habitantes de la comunidad que desalojaran el mismo. Así lo dejó registrado en varias misivas entregadas a los pobladores en dicha propiedad.
La carta fue enviada por la síndica Gloria Calderón Sol de Oñate, y en esta se advierte que la alcaldía debe disponer totalmente del inmueble para iniciar con las gestiones técnicas, y asegura que las personas deben retirarse porque ocuparon de forma “irregular” el inmueble.
La comuna dio hasta el 26 de noviembre a las familias para dejar el terreno, de lo contrario los amenazó con “tomar las acciones legales que correspondan para su desalojo”.
Esta medida de la municipalidad contrasta con las acciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, quien el sábado entregó 252 viviendas para familias afectadas por los fenómenos climáticos, mientras el alcalde de San Salvador desaloja a personas sin buscarles una situación definitiva.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
