Nacionales
Muyshondt desalojará a 34 familias de comunidades La Pedrera y Nueva Esperanza para construir mercado que entregará en comodato a empresa
Los días bajo un techo seguro están contados para 34 familias que residen en las comunidades La Pedrera y Nueva Esperanza, de la Escalón, en San Salvador, porque el alcalde Ernesto Muyshondt autorizó la construcción de un mercado que dará en comodato por 25 años a un inversionista extranjero, según relato de uno de los afectado de La Pedrera.
“Nos mandaron una carta donde se nos pidió que desalojemos este terreno que se encuentra aledaño a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) porque van a construir un mercado municipal”, dijo Maricela Pérez.
“Un día nos reunieron y nos dijeron que les diéramos la información de cada una de las familias que aquí vivimos, con el argumento que nos legalizarían las porciones de tierra donde tenemos construidas nuestras casas. Con esa condición, dimos la información de cada grupo familiar, pero después nos informaron que aquí se va a construir el mercado”, afirmó la afectada, quien relató que en ese momento se habló de que les harían un condominio para que se fueran a vivir ahí, aunque no se incluiría a todas las familias.
“Las familias que serían beneficias es porque son afines a ellos (al alcalde y su partido), pero nosotros no vemos colores políticos. Nosotros si no trabajamos todos los días no comemos, sin importar quien esté de presidente”, indicó.
Pérez explicó que de las 34 familias afectadas hay 118 personas entre hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. “Lo grave del caso es que de las 34 familias solamente se va a beneficiar a 22 y siguen con el proceso de depuración”.
“Nos tienen en un juego mental a fin de desesperarnos con las notificaciones que nos han mandado por individual y ya nos notificaron que solamente nos van a dejar que pasemos Navidad y Año Nuevo, para que luego desalojemos el lugar donde hemos vivido por años. En enero se tienen que ir de forma pacífica, nosotros no los vamos a desalojar de forma violenta, nos dijeron los de la alcaldía de San Salvador”, detalló.
Suleyma Benítez, otra de las afectadas, reconfirmó lo planteado por su vecina e incluso dijo que la empresa constructora de origen guatemalteca CIMERCA es la encargada de edificar el que se va a llamar Mercado de La Escalón.
“Nos dijeron que esta propiedad es privada y que fue vendida por el anterior alcalde. ¿Pero qué tiene que hacer la alcaldía en ese sentido? Ellos ya no tendrían nada que hacer aquí y los que nos desalojan son los de la alcaldía de San Salvador y piensan que somos tontos, hay que tener un dedo de frente para saber que eso es mentira. Hay un comodato de 25 años que habría firmado la alcaldía de San Salvador con el inversionista, que va a cobrar los impuestos para recuperar su dinero”, denunció Maricela Pérez.
En la carta de de desalojo se lee que la comuna firmó un acuerdo para construir en ese terreno un mercado municipal, para lo cual exigió a los habitantes de la comunidad que desalojaran el mismo. Así lo dejó registrado en varias misivas entregadas a los pobladores en dicha propiedad.
La carta fue enviada por la síndica Gloria Calderón Sol de Oñate, y en esta se advierte que la alcaldía debe disponer totalmente del inmueble para iniciar con las gestiones técnicas, y asegura que las personas deben retirarse porque ocuparon de forma “irregular” el inmueble.
La comuna dio hasta el 26 de noviembre a las familias para dejar el terreno, de lo contrario los amenazó con “tomar las acciones legales que correspondan para su desalojo”.
Esta medida de la municipalidad contrasta con las acciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, quien el sábado entregó 252 viviendas para familias afectadas por los fenómenos climáticos, mientras el alcalde de San Salvador desaloja a personas sin buscarles una situación definitiva.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
