Nacionales
MOP ampliará carretera Los Chorros a 6 carriles en un lapso de 3 años de trabajo
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en la planificación de las obras de ampliación a seis carriles de la carretera Panamericana, en la zona conocida como Los Chorros, y el viaducto, los cuales solucionaría la problemática del tráfico vehicular que por años han sufrido los automovilistas.
El gobierno consiguió la aprobación de un préstamo por $245.8 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales serán destinados para financiar los trabajos en dicha carretera. Autoridades estiman que iniciarán en diciembre 2020 y finalizarían en 2022.
La obra se ha dividido en tres segmentos: el primero es un tramo de la carretera que inicia en Santa Tecla y termina en el balneario de Los Chorros, donde se tiene planeado ampliar la calle a seis carriles en un aproximado de cuatro kilómetros.
La segunda etapa de la obra tiene que ver con los 1.6 kilómetros de viaducto (una especie de carretera elevada contigua a la actual) que terminaría en la zona conocida como La Pedrera, considerada una de las zonas más peligrosas por los constantes derrumbes.
El último segmento comprende desde el fin del viaducto y llega al desvío de San Juan Opico, donde también habrá una ampliación a seis carriles, como en el primer tramo.
Trabajos inician en 2020
Para poder iniciar con los trabajos, las autoridades deben completar una serie de trámites que iniciarían con la licitación de una empresa que se encargará de realizar las obras. Este primer trámite está previsto para que se realice después de octubre 2020.
“Yo creería que en diciembre ya estaríamos colocando la primera piedra del proyecto, diciembre 2020. Los tiempos que hemos colocado son de dos años, dos años para ampliar el segmento uno y tres (ampliación de la carretera) y el viaducto”, dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.
Sobre el tema del viaducto, explicó que buscan evitar el problema que han tenido en la carretera al Puerto de La Libertad, porque la empresa se ha tardado más de dos años en construir 380 metros. La encargada de la obra es Eben Ezer, la empresa que han señalado de múltiples retrasos que fue contratada por la administración del FMLN.
“Hay experiencias en México, por ejemplo, el periférico elevado son cerca de seis kilómetros que se construyeron en un año, la tecnología que usaron fue prefabricado. Lo que vamos a solicitar en el diseño es que sea con este tipo de tecnología y que se pueda hacer en dos años, porque si se hace en como se estaba acostumbrados a trabajar se va a tardar entre siete y ocho años”, explicó el ministro.
Dijo también que esperan que las empresas puedan capacitar al personal salvadoreño para poder llevar a cabo trabajos de esa envergadura de manera eficiente.
Reparaciones van a continuar mientras se inicia proyecto
Debido a que lo que han contemplado como la solución definitiva al problema de Los Chorros llevaría más o menos tres años, los trabajos que ya se hace en la zona van a continuar.
“Hemos contemplado con Fovial (Fondo de Conservación Vial) hacer ciertas obras de protección en los taludes. Japón nos ha donado cerca de dos millones de mallas, es algo que vamos a utilizar mientras iniciamos con el proceso de construcción”, agregó.
La ampliación y viaducto de Los Chorros y la construcción del baipás de San Juan Opico forman parte del Plan Maestro de Movilidad.
Con préstamo aprobado por parte del BCIE, si el gobierno quiere ejecutar ese dinero debe ir a la Asamblea Legislativa a explicar en qué se van a utilizar exactamente los $245.8 millones.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
