Nacionales
MOP ampliará carretera Los Chorros a 6 carriles en un lapso de 3 años de trabajo
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en la planificación de las obras de ampliación a seis carriles de la carretera Panamericana, en la zona conocida como Los Chorros, y el viaducto, los cuales solucionaría la problemática del tráfico vehicular que por años han sufrido los automovilistas.
El gobierno consiguió la aprobación de un préstamo por $245.8 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales serán destinados para financiar los trabajos en dicha carretera. Autoridades estiman que iniciarán en diciembre 2020 y finalizarían en 2022.
La obra se ha dividido en tres segmentos: el primero es un tramo de la carretera que inicia en Santa Tecla y termina en el balneario de Los Chorros, donde se tiene planeado ampliar la calle a seis carriles en un aproximado de cuatro kilómetros.
La segunda etapa de la obra tiene que ver con los 1.6 kilómetros de viaducto (una especie de carretera elevada contigua a la actual) que terminaría en la zona conocida como La Pedrera, considerada una de las zonas más peligrosas por los constantes derrumbes.
El último segmento comprende desde el fin del viaducto y llega al desvío de San Juan Opico, donde también habrá una ampliación a seis carriles, como en el primer tramo.
Trabajos inician en 2020
Para poder iniciar con los trabajos, las autoridades deben completar una serie de trámites que iniciarían con la licitación de una empresa que se encargará de realizar las obras. Este primer trámite está previsto para que se realice después de octubre 2020.
“Yo creería que en diciembre ya estaríamos colocando la primera piedra del proyecto, diciembre 2020. Los tiempos que hemos colocado son de dos años, dos años para ampliar el segmento uno y tres (ampliación de la carretera) y el viaducto”, dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.
Sobre el tema del viaducto, explicó que buscan evitar el problema que han tenido en la carretera al Puerto de La Libertad, porque la empresa se ha tardado más de dos años en construir 380 metros. La encargada de la obra es Eben Ezer, la empresa que han señalado de múltiples retrasos que fue contratada por la administración del FMLN.
“Hay experiencias en México, por ejemplo, el periférico elevado son cerca de seis kilómetros que se construyeron en un año, la tecnología que usaron fue prefabricado. Lo que vamos a solicitar en el diseño es que sea con este tipo de tecnología y que se pueda hacer en dos años, porque si se hace en como se estaba acostumbrados a trabajar se va a tardar entre siete y ocho años”, explicó el ministro.
Dijo también que esperan que las empresas puedan capacitar al personal salvadoreño para poder llevar a cabo trabajos de esa envergadura de manera eficiente.
Reparaciones van a continuar mientras se inicia proyecto
Debido a que lo que han contemplado como la solución definitiva al problema de Los Chorros llevaría más o menos tres años, los trabajos que ya se hace en la zona van a continuar.
“Hemos contemplado con Fovial (Fondo de Conservación Vial) hacer ciertas obras de protección en los taludes. Japón nos ha donado cerca de dos millones de mallas, es algo que vamos a utilizar mientras iniciamos con el proceso de construcción”, agregó.
La ampliación y viaducto de Los Chorros y la construcción del baipás de San Juan Opico forman parte del Plan Maestro de Movilidad.
Con préstamo aprobado por parte del BCIE, si el gobierno quiere ejecutar ese dinero debe ir a la Asamblea Legislativa a explicar en qué se van a utilizar exactamente los $245.8 millones.
Por: El Salvador Times.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
