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MOP ampliará carretera Los Chorros a 6 carriles en un lapso de 3 años de trabajo
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en la planificación de las obras de ampliación a seis carriles de la carretera Panamericana, en la zona conocida como Los Chorros, y el viaducto, los cuales solucionaría la problemática del tráfico vehicular que por años han sufrido los automovilistas.
El gobierno consiguió la aprobación de un préstamo por $245.8 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales serán destinados para financiar los trabajos en dicha carretera. Autoridades estiman que iniciarán en diciembre 2020 y finalizarían en 2022.
La obra se ha dividido en tres segmentos: el primero es un tramo de la carretera que inicia en Santa Tecla y termina en el balneario de Los Chorros, donde se tiene planeado ampliar la calle a seis carriles en un aproximado de cuatro kilómetros.
La segunda etapa de la obra tiene que ver con los 1.6 kilómetros de viaducto (una especie de carretera elevada contigua a la actual) que terminaría en la zona conocida como La Pedrera, considerada una de las zonas más peligrosas por los constantes derrumbes.
El último segmento comprende desde el fin del viaducto y llega al desvío de San Juan Opico, donde también habrá una ampliación a seis carriles, como en el primer tramo.
Trabajos inician en 2020
Para poder iniciar con los trabajos, las autoridades deben completar una serie de trámites que iniciarían con la licitación de una empresa que se encargará de realizar las obras. Este primer trámite está previsto para que se realice después de octubre 2020.
“Yo creería que en diciembre ya estaríamos colocando la primera piedra del proyecto, diciembre 2020. Los tiempos que hemos colocado son de dos años, dos años para ampliar el segmento uno y tres (ampliación de la carretera) y el viaducto”, dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.
Sobre el tema del viaducto, explicó que buscan evitar el problema que han tenido en la carretera al Puerto de La Libertad, porque la empresa se ha tardado más de dos años en construir 380 metros. La encargada de la obra es Eben Ezer, la empresa que han señalado de múltiples retrasos que fue contratada por la administración del FMLN.
“Hay experiencias en México, por ejemplo, el periférico elevado son cerca de seis kilómetros que se construyeron en un año, la tecnología que usaron fue prefabricado. Lo que vamos a solicitar en el diseño es que sea con este tipo de tecnología y que se pueda hacer en dos años, porque si se hace en como se estaba acostumbrados a trabajar se va a tardar entre siete y ocho años”, explicó el ministro.
Dijo también que esperan que las empresas puedan capacitar al personal salvadoreño para poder llevar a cabo trabajos de esa envergadura de manera eficiente.
Reparaciones van a continuar mientras se inicia proyecto
Debido a que lo que han contemplado como la solución definitiva al problema de Los Chorros llevaría más o menos tres años, los trabajos que ya se hace en la zona van a continuar.
“Hemos contemplado con Fovial (Fondo de Conservación Vial) hacer ciertas obras de protección en los taludes. Japón nos ha donado cerca de dos millones de mallas, es algo que vamos a utilizar mientras iniciamos con el proceso de construcción”, agregó.
La ampliación y viaducto de Los Chorros y la construcción del baipás de San Juan Opico forman parte del Plan Maestro de Movilidad.
Con préstamo aprobado por parte del BCIE, si el gobierno quiere ejecutar ese dinero debe ir a la Asamblea Legislativa a explicar en qué se van a utilizar exactamente los $245.8 millones.
Por: El Salvador Times.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
