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Ministro de trabajo pide a la FGR investigar asesinato de vendedor informal en Santa Tecla por presuntos agentes del CAM bajo mando del alcalde d’Aubuisson
El 8 de noviembre del 2018 quedó marcado en la historia de la ciudad de Santa Tecla donde una manifestación de vendedores informales que solicitaban al alcalde Roberto d’Aubuisson que le permitiera colocar sus ventas en algunas de las calles de esa ciudad, se tornó en un campo de batalla que terminó con un vendedor muerto y 61 personas lesionadas.
El alcalde de esa ciudad hizo después del acontecimiento revelaron el desprecio y el desinterés hacia los comerciantes.
“A mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, y lo quiero dejar bien claro, porque vamos a seguir manteniendo el orden en Santa Tecla y no vamos a permitir que se tomen nuestras calles y quieran hacerle daño a nuestra ciudadanía», señaló d’Aubuisson.
Esas declaraciones indignaron a la población y sobre todo a la familia de Iván Alexander Sandoval, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante ese disturbio.
Aparentemente los únicos que estaban armados eran elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST), quienes supuestamente tenían proyectiles de goma.
Sin embargo la esquela de la inspección realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML) el siguiente día reveló que Sandoval murió por un proyectil de arma de fuego.
Sandoval era uno de los tantos vendedores que ese día lo único que solicitaban era la oportunidad de ganarse la vida para llevar los alimentos a su esposa y sus dos hijos con quienes vivía en el municipio de San Juan Talpa, La Paz.
No obstante el alcalde d`Abuisson insistía, «Es gente que asaber quién es, no son vendedores enlistados, no son del municipio. No eran los vendedores, eran delincuentes, mareos, que se están metiendo en la ciudad. Santa Tecla es libre de violencia».
El funcionario de Santa Tecla que fue incapaz de reconocer su responsabilidad como único jefe del CAMST incluso llegó a culpar al partido FMLN y a Nuevas Ideas por los disturbios.
«Si el FMLN o los celestinos están detrás de esto no me van a doblegar, no voy a permitir que otros vengan a robar la paz. Los verdaderos vendedores están con nosotros, en la mesa, están carnetizados», señaló.
Una esperanza para la familia de Sandoval
A ocho meses de la muerte de Sandoval, la familia no ha recibido justicia ya que no se ha encontrado a los responsables de su muerte.
El caso podría acelerar su investigación luego del aviso penal que presentó, este 3 de julio, el ministro de trabajo Rolando Castro ante la Fiscalía General de la República.
Castro se reunió con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y reveló que el titular del ministerio público se comprometió a investigar el caso y deducir las responsabilidades de los actores materiales y los actores intelectuales.
Además señaló que Melara indicó que se realizaría un «peritaje de lo más técnico y científico posible para ver si fue disparado esa arma por un agente del CAM».
El otro camino de la investigación sería «la deducción de responsabilidades que estamos pidiendo, ya que todo agente del CAM tiene como único jefe inmediato y del que reciben órdenes al alcalde», señaló Castro.
Castro además solicitó la investigación del asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista de los Estados Unidos de la empresa International Brotherhood Teamsters que fue asesinado en El Salvador.
Por otra parte solicitó información sobre el avance de la investigación del asesinato de un sindicalista de la alcaldía de Santa Ana Abel Vega.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
