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Ministro de trabajo pide a la FGR investigar asesinato de vendedor informal en Santa Tecla por presuntos agentes del CAM bajo mando del alcalde d’Aubuisson
El 8 de noviembre del 2018 quedó marcado en la historia de la ciudad de Santa Tecla donde una manifestación de vendedores informales que solicitaban al alcalde Roberto d’Aubuisson que le permitiera colocar sus ventas en algunas de las calles de esa ciudad, se tornó en un campo de batalla que terminó con un vendedor muerto y 61 personas lesionadas.
El alcalde de esa ciudad hizo después del acontecimiento revelaron el desprecio y el desinterés hacia los comerciantes.
“A mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, y lo quiero dejar bien claro, porque vamos a seguir manteniendo el orden en Santa Tecla y no vamos a permitir que se tomen nuestras calles y quieran hacerle daño a nuestra ciudadanía», señaló d’Aubuisson.
Esas declaraciones indignaron a la población y sobre todo a la familia de Iván Alexander Sandoval, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante ese disturbio.
Aparentemente los únicos que estaban armados eran elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST), quienes supuestamente tenían proyectiles de goma.
Sin embargo la esquela de la inspección realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML) el siguiente día reveló que Sandoval murió por un proyectil de arma de fuego.
Sandoval era uno de los tantos vendedores que ese día lo único que solicitaban era la oportunidad de ganarse la vida para llevar los alimentos a su esposa y sus dos hijos con quienes vivía en el municipio de San Juan Talpa, La Paz.
No obstante el alcalde d`Abuisson insistía, «Es gente que asaber quién es, no son vendedores enlistados, no son del municipio. No eran los vendedores, eran delincuentes, mareos, que se están metiendo en la ciudad. Santa Tecla es libre de violencia».
El funcionario de Santa Tecla que fue incapaz de reconocer su responsabilidad como único jefe del CAMST incluso llegó a culpar al partido FMLN y a Nuevas Ideas por los disturbios.
«Si el FMLN o los celestinos están detrás de esto no me van a doblegar, no voy a permitir que otros vengan a robar la paz. Los verdaderos vendedores están con nosotros, en la mesa, están carnetizados», señaló.
Una esperanza para la familia de Sandoval
A ocho meses de la muerte de Sandoval, la familia no ha recibido justicia ya que no se ha encontrado a los responsables de su muerte.
El caso podría acelerar su investigación luego del aviso penal que presentó, este 3 de julio, el ministro de trabajo Rolando Castro ante la Fiscalía General de la República.
Castro se reunió con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y reveló que el titular del ministerio público se comprometió a investigar el caso y deducir las responsabilidades de los actores materiales y los actores intelectuales.
Además señaló que Melara indicó que se realizaría un «peritaje de lo más técnico y científico posible para ver si fue disparado esa arma por un agente del CAM».
El otro camino de la investigación sería «la deducción de responsabilidades que estamos pidiendo, ya que todo agente del CAM tiene como único jefe inmediato y del que reciben órdenes al alcalde», señaló Castro.
Castro además solicitó la investigación del asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista de los Estados Unidos de la empresa International Brotherhood Teamsters que fue asesinado en El Salvador.
Por otra parte solicitó información sobre el avance de la investigación del asesinato de un sindicalista de la alcaldía de Santa Ana Abel Vega.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
