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Ministro de trabajo pide a la FGR investigar asesinato de vendedor informal en Santa Tecla por presuntos agentes del CAM bajo mando del alcalde d’Aubuisson
El 8 de noviembre del 2018 quedó marcado en la historia de la ciudad de Santa Tecla donde una manifestación de vendedores informales que solicitaban al alcalde Roberto d’Aubuisson que le permitiera colocar sus ventas en algunas de las calles de esa ciudad, se tornó en un campo de batalla que terminó con un vendedor muerto y 61 personas lesionadas.
El alcalde de esa ciudad hizo después del acontecimiento revelaron el desprecio y el desinterés hacia los comerciantes.
“A mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, y lo quiero dejar bien claro, porque vamos a seguir manteniendo el orden en Santa Tecla y no vamos a permitir que se tomen nuestras calles y quieran hacerle daño a nuestra ciudadanía», señaló d’Aubuisson.
Esas declaraciones indignaron a la población y sobre todo a la familia de Iván Alexander Sandoval, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante ese disturbio.
Aparentemente los únicos que estaban armados eran elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST), quienes supuestamente tenían proyectiles de goma.
Sin embargo la esquela de la inspección realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML) el siguiente día reveló que Sandoval murió por un proyectil de arma de fuego.
Sandoval era uno de los tantos vendedores que ese día lo único que solicitaban era la oportunidad de ganarse la vida para llevar los alimentos a su esposa y sus dos hijos con quienes vivía en el municipio de San Juan Talpa, La Paz.
No obstante el alcalde d`Abuisson insistía, «Es gente que asaber quién es, no son vendedores enlistados, no son del municipio. No eran los vendedores, eran delincuentes, mareos, que se están metiendo en la ciudad. Santa Tecla es libre de violencia».
El funcionario de Santa Tecla que fue incapaz de reconocer su responsabilidad como único jefe del CAMST incluso llegó a culpar al partido FMLN y a Nuevas Ideas por los disturbios.
«Si el FMLN o los celestinos están detrás de esto no me van a doblegar, no voy a permitir que otros vengan a robar la paz. Los verdaderos vendedores están con nosotros, en la mesa, están carnetizados», señaló.
Una esperanza para la familia de Sandoval
A ocho meses de la muerte de Sandoval, la familia no ha recibido justicia ya que no se ha encontrado a los responsables de su muerte.
El caso podría acelerar su investigación luego del aviso penal que presentó, este 3 de julio, el ministro de trabajo Rolando Castro ante la Fiscalía General de la República.
Castro se reunió con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y reveló que el titular del ministerio público se comprometió a investigar el caso y deducir las responsabilidades de los actores materiales y los actores intelectuales.
Además señaló que Melara indicó que se realizaría un «peritaje de lo más técnico y científico posible para ver si fue disparado esa arma por un agente del CAM».
El otro camino de la investigación sería «la deducción de responsabilidades que estamos pidiendo, ya que todo agente del CAM tiene como único jefe inmediato y del que reciben órdenes al alcalde», señaló Castro.
Castro además solicitó la investigación del asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista de los Estados Unidos de la empresa International Brotherhood Teamsters que fue asesinado en El Salvador.
Por otra parte solicitó información sobre el avance de la investigación del asesinato de un sindicalista de la alcaldía de Santa Ana Abel Vega.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
