Nacionales
Ministro de trabajo pide a la FGR investigar asesinato de vendedor informal en Santa Tecla por presuntos agentes del CAM bajo mando del alcalde d’Aubuisson
El 8 de noviembre del 2018 quedó marcado en la historia de la ciudad de Santa Tecla donde una manifestación de vendedores informales que solicitaban al alcalde Roberto d’Aubuisson que le permitiera colocar sus ventas en algunas de las calles de esa ciudad, se tornó en un campo de batalla que terminó con un vendedor muerto y 61 personas lesionadas.
El alcalde de esa ciudad hizo después del acontecimiento revelaron el desprecio y el desinterés hacia los comerciantes.
“A mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, y lo quiero dejar bien claro, porque vamos a seguir manteniendo el orden en Santa Tecla y no vamos a permitir que se tomen nuestras calles y quieran hacerle daño a nuestra ciudadanía», señaló d’Aubuisson.
Esas declaraciones indignaron a la población y sobre todo a la familia de Iván Alexander Sandoval, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante ese disturbio.
Aparentemente los únicos que estaban armados eran elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST), quienes supuestamente tenían proyectiles de goma.
Sin embargo la esquela de la inspección realizada por el Instituto de Medicina Legal (IML) el siguiente día reveló que Sandoval murió por un proyectil de arma de fuego.
Sandoval era uno de los tantos vendedores que ese día lo único que solicitaban era la oportunidad de ganarse la vida para llevar los alimentos a su esposa y sus dos hijos con quienes vivía en el municipio de San Juan Talpa, La Paz.
No obstante el alcalde d`Abuisson insistía, «Es gente que asaber quién es, no son vendedores enlistados, no son del municipio. No eran los vendedores, eran delincuentes, mareos, que se están metiendo en la ciudad. Santa Tecla es libre de violencia».
El funcionario de Santa Tecla que fue incapaz de reconocer su responsabilidad como único jefe del CAMST incluso llegó a culpar al partido FMLN y a Nuevas Ideas por los disturbios.
«Si el FMLN o los celestinos están detrás de esto no me van a doblegar, no voy a permitir que otros vengan a robar la paz. Los verdaderos vendedores están con nosotros, en la mesa, están carnetizados», señaló.
Una esperanza para la familia de Sandoval
A ocho meses de la muerte de Sandoval, la familia no ha recibido justicia ya que no se ha encontrado a los responsables de su muerte.
El caso podría acelerar su investigación luego del aviso penal que presentó, este 3 de julio, el ministro de trabajo Rolando Castro ante la Fiscalía General de la República.
Castro se reunió con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y reveló que el titular del ministerio público se comprometió a investigar el caso y deducir las responsabilidades de los actores materiales y los actores intelectuales.
Además señaló que Melara indicó que se realizaría un «peritaje de lo más técnico y científico posible para ver si fue disparado esa arma por un agente del CAM».
El otro camino de la investigación sería «la deducción de responsabilidades que estamos pidiendo, ya que todo agente del CAM tiene como único jefe inmediato y del que reciben órdenes al alcalde», señaló Castro.
Castro además solicitó la investigación del asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista de los Estados Unidos de la empresa International Brotherhood Teamsters que fue asesinado en El Salvador.
Por otra parte solicitó información sobre el avance de la investigación del asesinato de un sindicalista de la alcaldía de Santa Ana Abel Vega.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
