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Nacionales

Ministro de Salud supervisa jornada de desinfección de alto nivel en Hospital El Salvador

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Como parte de las estrategias implementadas para prevenir contagios de COVID-19 en la red hospitalaria del país, este martes se desarrolló una jornada de desinfección en las diferentes áreas del Hospital El Salvador, el centro de atención especializado de pacientes con dicha enfermedad, cuyo funcionamiento ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, supervisó la desinfección de dicho nosocomio y destacó que este tipo de acciones son en beneficio de la población salvadoreña, así como del personal de primera línea que labora en dicho lugar.

“Continuamos verificando las estrategias que han demostrado resultados positivos en el manejo de la pandemia; parte de ello han sido todas las jornadas de desinfección que se han venido realizando, no solo en la red nacional de hospitales, también en unidades de salud y en diferentes albergues instaurados en el marco de las emergencias que ha pasado el país”, declaró el funcionario.

Alabi informó que estas desinfecciones de alto nivel permiten tener áreas más limpias y libres de bacterias por un periodo aproximado de 90 días, ya que el producto que es utilizado se adhiere a las superficies donde es aplicado, lo que disminuye la posibilidad que una persona entre en contacto con el virus.

Las labores de higienización iniciaron en el área de farmacia, laboratorio y en la zona de transferencia, que es por donde se hace el ingreso a los diferentes sectores del hospital.  Posteriormente, se realizó en el resto de áreas.

“Son estrategias que se complementan y se integran, no solo en el marco de la pandemia, son deudas históricas, porque esto disminuye la posibilidad de infecciones nosocomiales o infecciones dentro de las zonas hospitalarias donde se está dando una mejor calidad en la oferta de servicios de salud y una atención al personal sanitario que labora en estas instituciones”, sostuvo Alabi.

El titular de Salud reiteró que continuarán ejecutando todas las acciones para combatir el virus, así como el resto de enfermedades que afectan a los salvadoreños, como parte de las estrategias acertadas y oportunas que se han desarrollado desde el inicio de la pandemia.

El Hospital El Salvador brinda atención exclusiva a pacientes con coronavirus y ha sido una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar la enfermedad en el país. Este centro de salud especializado es reconocido internacionalmente como un centro hospitalario de primer nivel contra el COVID-19.

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Ordenan a COASPAE la devolución de $462 mil a 25 socios

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El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.

La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.

Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.

El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.

La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.

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Ebrio que portaba arma es condenado a 10 años de cárcel

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A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.

Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.

Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.

Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego

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Acusada de hurtar más de $29,000 enfrentará vista pública

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El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.

«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.

La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.

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