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Ministro de Salud supervisa jornada de desinfección de alto nivel en Hospital El Salvador
Como parte de las estrategias implementadas para prevenir contagios de COVID-19 en la red hospitalaria del país, este martes se desarrolló una jornada de desinfección en las diferentes áreas del Hospital El Salvador, el centro de atención especializado de pacientes con dicha enfermedad, cuyo funcionamiento ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, supervisó la desinfección de dicho nosocomio y destacó que este tipo de acciones son en beneficio de la población salvadoreña, así como del personal de primera línea que labora en dicho lugar.
“Continuamos verificando las estrategias que han demostrado resultados positivos en el manejo de la pandemia; parte de ello han sido todas las jornadas de desinfección que se han venido realizando, no solo en la red nacional de hospitales, también en unidades de salud y en diferentes albergues instaurados en el marco de las emergencias que ha pasado el país”, declaró el funcionario.
Alabi informó que estas desinfecciones de alto nivel permiten tener áreas más limpias y libres de bacterias por un periodo aproximado de 90 días, ya que el producto que es utilizado se adhiere a las superficies donde es aplicado, lo que disminuye la posibilidad que una persona entre en contacto con el virus.
Las labores de higienización iniciaron en el área de farmacia, laboratorio y en la zona de transferencia, que es por donde se hace el ingreso a los diferentes sectores del hospital. Posteriormente, se realizó en el resto de áreas.
“Son estrategias que se complementan y se integran, no solo en el marco de la pandemia, son deudas históricas, porque esto disminuye la posibilidad de infecciones nosocomiales o infecciones dentro de las zonas hospitalarias donde se está dando una mejor calidad en la oferta de servicios de salud y una atención al personal sanitario que labora en estas instituciones”, sostuvo Alabi.
El titular de Salud reiteró que continuarán ejecutando todas las acciones para combatir el virus, así como el resto de enfermedades que afectan a los salvadoreños, como parte de las estrategias acertadas y oportunas que se han desarrollado desde el inicio de la pandemia.
El Hospital El Salvador brinda atención exclusiva a pacientes con coronavirus y ha sido una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar la enfermedad en el país. Este centro de salud especializado es reconocido internacionalmente como un centro hospitalario de primer nivel contra el COVID-19.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
