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Ministro de Agricultura propone reformas al FIDEAGRO para beneficiar a más de 25,000 pequeños y medianos productores
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, propuso a la Asamblea Legislativa cuatro reformas a la Ley de Constitución del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario denominado FIDEAGRO, con las que se verán beneficiados más de 25,000 medianos y pequeños productores del país.
Las reformas van encaminadas a ampliar la matriz de favorecidos, una deuda histórica que será saldada, ya que las administraciones anteriores limitaron el fondo para productores de subsistencia.
«Las modificaciones se basan en brindar capital semilla a emprendimientos no tradicionales, beneficiar a productores de otros rubros, como la ganadería, pesca, frutas y hortalizas; y aumentar el monto de los créditos hasta de un 70% reduciendo la tasa de interés hasta el 4%», explicó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Y añadió que la medida es una iniciativa del Presidente Nayib Bukele, y se suma a las otras anunciadas por el mandatario, por lo que está seguro de que tendrá un efecto muy positivo en la producción nacional, sobre todo en un momento tan importante como el inicio del ciclo agrícola y ante la crisis económica mundial, en donde los productores necesitan inyección de recursos.
Para el Ministro Parada, al ser aprobadas las reformas por parte de una Asamblea Legislativa que sí trabaja por el pueblo, se beneficiarán a unos 25,000 productores, canalizando en ellos cerca de $60 millones, con los cuales se sembrarán unas 60,000 manzanas de alimentos, para garantizar a la población la seguridad alimentaria y buscar una reducción en los precios.
Por su parte, el diputado y jefe de la Bancada Cyan, Christian Guevara, agradeció al Presidente de la República, al Ministro Parada y a los productores por trabajar y defender el agro, el cual estuvo olvidado por décadas.
«En las últimas plenarias extraordinarias quedó demostrado que los partidos de oposición piensan que los salvadoreños solo comemos maíz y frijoles, esa es su visión del agro. Una diputada del FMLN decía que tenían un buen programa de reparto de semillas y nos retó a duplicar la cantidad, y no está mal que hayan dado semillas a los agricultores, pero se las daban a sus activistas y luego las vendían. Otros de la oposición decían que no hacíamos nada por el sector, y estamos seguros de que muchos no apoyarán estas reformas, y con ello no se oponen a la Bancada Cyan, sino a los 25,000 emprendedores del agro que serán beneficiados», subrayó el diputado Guevara.
El diputado y presidente de la Comisión Agropecuaria, Ricardo Rivas, agradeció a los funcionarios y a los productores que acompañaron a entregar las reformas, porque les recordó que gracias a sus esfuerzos y entregas hay alimentos en las mesas salvadoreñas.
Además, tanto Guevara como Rivas hicieron hincapié en el trabajo articulado entre el Legislativo y Ejecutivo en favor de la población salvadoreña, que en los últimos y próximos días se ha visto beneficiada con las medidas contra la inflación, entre las cuales se encuentra la exoneración de algunos impuestos sobre el combustible y los insumos agropecuarios.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
