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Más de 20 albergues preparados para atención de posibles emergencias por actividad de Volcán Chaparrastique
Más de 20 albergues han sido establecidos y preparados en toda la zona oriental de El Salvador para ser activados ante posibles evacuaciones que puedan generarse debido a la actividad del Volcán Chaparrastique, en San Miguel, registrada en los últimos días.
Así los señalaron las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, quienes aseguraron que, en las últimas horas, se han registrado 12 emanaciones registradas en el Volcán Chaparrastique, algunas de ellas acompañadas de ceniza.
«La Comisión Departamental de San Miguel, junto a nuestro equipo táctico operativo y Cuerpo de Bomberos están atentos a la situación, hemos realizado monitoreos en los municipios que están en advertencia debido a la actividad volcánica. Tenemos instalado el centro de control de mando, para tener la listeza operativa ante una eventual erupción», detalló Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil.
«Se recomienda mantener suspendidas las actividades agrícolas, comerciales o turísticas que se encuentren en el perímetro de 3 kilómetros del cráter y no realizar otro tipo de actividades en los alrededores del volcán de San Miguel. También se recomienda a la población, atender las indicaciones, instrucciones o solicitudes de las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres», agregó.
Ante esta situación y la posible necesidad de evacuar a los residentes de zonas aledañas al volcán, Protección Civil ha preparado un total de 25 albergues ubicados en toda la zona oriental del país. La institución también reiteró el llamado a la calma a la población y a mantenerse informados a través de canales oficiales, para evitar rumores y desinformación.
"Como Dirección de Albergues hemos preequipado 25 albergues en puntos estratégicos:
— Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) March 13, 2023
➡️7 en San Miguel
➡️9 en La Unión.
➡️7 en Usulután
➡️2 en Morazán", Director de Albergues, @JosueGarciaSV. pic.twitter.com/ZvtAEE6hit
«Como Gobierno, tenemos preequipados 25 albergues en diferentes puntos estratégicos, con el fin de garantizar bienestar a la población salvadoreño. Tenemos 7 albergues en San Miguel, 9 en La Unión, 7 en Usulután y 2 en Morazán. Actualmente no se tienen personas albergadas, pero nuestros equipos se mantienen coordinados con la dirección de Protección Civil», detalló Josué García, director de Albergues del Ministerio de Gobernación.
«Nos sumamos a estos esfuerzos en coordinación con la Dirección General de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Gobernadores y Gobernadoras Departamentales, con el objetivo de tener la capacidad suficiente de Albergues de manera preventiva», añadió.
De igual forma, las autoridades del Cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a mantener precauciones ante la continuidad de incendios en maleza y forestales que se mantiene en el territorio salvadoreño, debido a la época seca que se vive en el territorio nacional, además de las ráfagas de viento que aún se perciben.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
