Nacionales
Más de 1.4 millones de terceras dosis de vacuna contra el COVID-19 ya han sido aplicadas en El Salvador
A escala nacional, más de 1.4 millones de terceras dosis contra la COVID-19 (el 24 % aproximadamente de la población) han sido aplicadas como parte de la estrategia de inmunización contra la enfermedad que el Gobierno de El Salvador desarrolla a través del Ministerio de Salud (Minsal).
La tercera dosis está indicada para mayores de 18 años, con el objetivo de reforzar los anticuerpos proporcionados con las dos primeras aplicaciones del biológico, de manera que las titulaciones de anticuerpos se mantengan altas y no desciendan.
De igual manera, más de 4.5 millones de primeras dosis, y más de 4.2 millones de segundas dosis han sido aplicadas en poco más de un año de iniciada la vacunación.
El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, dijo ayer durante la Entrevista A.M que la vacunación ha sido la principal estrategia para contrarrestar los efectos de la pandemia en la población.
«La vacunación ha sido una de las estrategias más exitosas que hemos tenido en el abordaje de la pandemia de COVID-19. Estamos en la fase de transición tratando de retornar a una nueva normalidad. El Plan Nacional de Vacunación para COVID-19 ha sido exitoso. Hemos sido referentes a nivel internacional por el tema de la vacunación», indicó Alvarenga.
De igual manera, destacó la gestión y adquisición oportuna (por compra directa y a través de COVAX) de los biológicos para proporcionar a la población una vía para disminuir el impacto negativo que el virus genera a las personas que infecta.
Actualmente, la vacunación está habilitada a partir de los seis años, siendo El Salvador uno de los primeros países de la región en tener disponible el fármaco para toda la población que puede recibir las dosis respectivas de la vacuna.
«Hay muchos países que no han cumplido con sus metas, con sus condiciones. Estábamos platicando con otros ministerios de otros países, e Incluso, no han logrado tener la logística necesaria para un proceso de vacunación tan acelerado como el que nosotros tenemos», dijo el viceministro de Salud.
Por otra parte, el funcionario dijo que se continúa trabajando en atención de la pandemia con la implementación de fármacos que reducen las complicaciones a causa del virus, como el molnupiravir, un antiviral adquirido recientemente para dar tratamiento a las personas que resultan positivas a coronavirus.
Toda persona que es confirmada como portadora del virus, recibe atención por parte del Minsal, además del kit de medicamentos gratuito que incluye el antiviral.
El nuevo medicamento fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso de emergencia y, de acuerdo con el viceministro de Salud, ya sido incluido en las guías de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su implementación.
«Ya la OMS lo ha incluido como parte de las guías de tratamiento. Tenemos una cantidad de personas que están repartiendo, se está entregando en las casas. Estamos llevando un control a qué tipo de pacientes se les va a entregar», indicó Alvarenga, pero advirtió que este no sustituye la vacunación contra la enfermedad.
Por. DES.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
