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Más de 1.4 millones de terceras dosis de vacuna contra el COVID-19 ya han sido aplicadas en El Salvador
A escala nacional, más de 1.4 millones de terceras dosis contra la COVID-19 (el 24 % aproximadamente de la población) han sido aplicadas como parte de la estrategia de inmunización contra la enfermedad que el Gobierno de El Salvador desarrolla a través del Ministerio de Salud (Minsal).
La tercera dosis está indicada para mayores de 18 años, con el objetivo de reforzar los anticuerpos proporcionados con las dos primeras aplicaciones del biológico, de manera que las titulaciones de anticuerpos se mantengan altas y no desciendan.
De igual manera, más de 4.5 millones de primeras dosis, y más de 4.2 millones de segundas dosis han sido aplicadas en poco más de un año de iniciada la vacunación.
El viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, dijo ayer durante la Entrevista A.M que la vacunación ha sido la principal estrategia para contrarrestar los efectos de la pandemia en la población.
«La vacunación ha sido una de las estrategias más exitosas que hemos tenido en el abordaje de la pandemia de COVID-19. Estamos en la fase de transición tratando de retornar a una nueva normalidad. El Plan Nacional de Vacunación para COVID-19 ha sido exitoso. Hemos sido referentes a nivel internacional por el tema de la vacunación», indicó Alvarenga.
De igual manera, destacó la gestión y adquisición oportuna (por compra directa y a través de COVAX) de los biológicos para proporcionar a la población una vía para disminuir el impacto negativo que el virus genera a las personas que infecta.
Actualmente, la vacunación está habilitada a partir de los seis años, siendo El Salvador uno de los primeros países de la región en tener disponible el fármaco para toda la población que puede recibir las dosis respectivas de la vacuna.
«Hay muchos países que no han cumplido con sus metas, con sus condiciones. Estábamos platicando con otros ministerios de otros países, e Incluso, no han logrado tener la logística necesaria para un proceso de vacunación tan acelerado como el que nosotros tenemos», dijo el viceministro de Salud.
Por otra parte, el funcionario dijo que se continúa trabajando en atención de la pandemia con la implementación de fármacos que reducen las complicaciones a causa del virus, como el molnupiravir, un antiviral adquirido recientemente para dar tratamiento a las personas que resultan positivas a coronavirus.
Toda persona que es confirmada como portadora del virus, recibe atención por parte del Minsal, además del kit de medicamentos gratuito que incluye el antiviral.
El nuevo medicamento fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso de emergencia y, de acuerdo con el viceministro de Salud, ya sido incluido en las guías de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su implementación.
«Ya la OMS lo ha incluido como parte de las guías de tratamiento. Tenemos una cantidad de personas que están repartiendo, se está entregando en las casas. Estamos llevando un control a qué tipo de pacientes se les va a entregar», indicó Alvarenga, pero advirtió que este no sustituye la vacunación contra la enfermedad.
Por. DES.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
