Judicial
Mandan a prisión a 15 colaboradores de la MS capturados en el Operativo Cuscatlán
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” decretó hoy instrucción formal con detención provisional contra 15 imputados presentes, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones entre otros ilícitos penales.
El caso abarca hasta 506 imputados, de los cuales 486 guardan prisión en diferentes centros penales y por quienes habrá una audiencia de imposición de medidas dentro de unos días. En esta ocasión solo se procesaron a 20 presentes, capturados el pasado 15 de febrero en el marco de la Operación Cuscatlán.
Algunos hampones son: Alejandro Huezo, Oscar Noé Valle Gómez, Oscar Vladimir Martínez, Obdín Rodríguez Vásquez, Miguel Ángel Portillo, Clemente Orellana, Oswaldo Ruiz, Erick José Rivas Beltrán, Héctor Melgar, Víctor Sibrián Rivera, César Torres, Ulises Cruz Chicas, Melvin Antonio Cruz, entre otros acusados.
La jueza, al pronunciarse sobre los imputados dejó con medidas alternativas a la detención provisional a Oswaldo Alfonso Aguilar Díaz, Ulises Alexander Cruz, Erick José Rivas, Buenaventura Gómez y Oscar Walter Ramos Rivera, acusados por agrupaciones ilícitas. Este delito contempla salidas jurídicas, además que la defensa presentó correctamente los arraigos laborales y familiares.
Las medidas son no salir del país, presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, no relacionarse con nadie que tenga que ver con el proceso y cancelar una caución financiera de cinco mil dólares.
A los otros, se les decretó instrucción formal con detención provisional, mientras que se le autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR), la cantidad de 20 semanas (cinco meses) para profundizar en las indagaciones. Los procesados están procesados por financiamiento para actos de terrorismo, agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y conspiración en el delito de homicidio agravado.
En el caso de Raúl Mijango se le dejó sobreseído definitivamente por el delito de organizaciones terroristas, debido a que se confirmó que se trataba de una doble persecución, es decir, que el mismo caso fue del conocimiento de una pasada vista pública, en el Juzgado de Sentencia Especializado “A”; no obstante, la togada le dejó la detención provisional por un ilícito de homicidio agravado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
