Judicial
Líder de narcotraficantes ligado a Pamela Posada condenado a 300 años en prisión
27 personas ligadas a una red de narcotráfico obtuvieron la resolución del
Tribunal Especializado de Sentencia «A», en la que dictó penas de nueve y 300 años en prisión. Dentro de tal caso está inmersa la expresentadora de radio y televisión, Pamela Posada.
Con penas de nueve y hasta 300 años de prisión, esa fue la resolución que dio el Tribunal Especializado de Sentencia «A» emitió en contra de 27 personas ligados a una red de narcotráfico en la cual estaba inmersa la expresentadora de radio y televisión, Pamela Posada. El Ministerio Público presentó a dos testigos criteriados.
Dentro de la sala de audiencias «5-B» del Centro Judicial «Isidro Menéndez», la Fiscalía General de la República (FGR) celebró la condena de 27 personas, en su mayoría por delitos relativos al tráfico ilegal de drogas a nivel internacional.
«Este (grupo) tenía como única finalidad favorecer el tráfico de cocaína… 300 años fueron los que se le impusieron al líder de la estructura porque coordinaba cómo los salvadoreños y guatemaltecos recibían la droga a través de nuestras aguas territoriales», explicó el fiscal a cargo del caso quien se mostró conforme con la resolución del juez.
Entre los imputados se encuentra el líder de la organización José Leonardo Gómez Cuellar, alias «Pepe», quien fue acusado a 300 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, entre otros.
En la audiencia de vista pública realizada la semana pasada, Gómez Cuéllar señaló – usando su última palabra- ante el juez que se declaraba inocente de todos los cargos mientras deslegitimaba las investigaciones judiciales.
Pero según el testigo «Artis», él era el encargado de la coordinación del tráfico de la droga en El Salvador para hacerla llegar hasta Guatemala donde era recibida por Marlon Monroy Meono, un exmilitar mejor conocido como “El teniente”, quien fue detenido por las autoridades policiales de ese país en 2015. Monroy está ligado al cártel de Sinaloa en México.
La FGR no brindó declaraciones sobre el paradero de la presentadora de radio y televisión, Pamela Posada, quien luego de su arresto permaneció internada en el Centro Penal de Mujeres pero en septiembre del 2018 que fue trasladada a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.
En esta red, también están condenados otros pescadores que cumplirán condenas de 90, 79, 59 y 53 años.
Información tomada de El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
