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Las políticas de seguridad del Gobierno de El Salvador mantienen la tasa más baja de homicidios en la región
Las políticas de seguridad pública implementadas por el Gobierno Central, dirigido por el presidente Nayib Bukele, garantizan que El Salvador continúe con la tasa más baja de homicidios en Latinoamérica, dato no registrado durante los 30 años de gobiernos de ARENA y del FMLN.
Esas políticas son de naturaleza punitiva y preventiva en contra del delito y han sido implementadas desde el inicio de la presente gestión presidencial —en 2019— y reforzadas el año pasado con el régimen de excepción.
Como fruto de esas acciones hay una drástica reducción en el índice de los homicidios, que mayoritariamente eran cometidos por pandilleros, que han sido reducidos en número porque más de 61,000 están tras las rejas gracias al estado de excepción.
De igual manera, el Plan Control Territorial (PCT) ha permitido el combate de las pandillas y del crimen organizado con el decomiso de droga procedente, principalmente, de Sudamérica.
«Cerramos el día 25 de 2023 y El Salvador continúa con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica», anunció el gobernante en Twitter, en referencia a los resultados de las políticas de seguridad impulsadas.
El miércoles pasado, el reconocido periodista venezolano Eduardo Menoni aplaudió el trabajo del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad pública y criticó a los medios de comunicación que han atacado su gestión, como lo hizo recientemente el «Washington Post» al publicar una columna de opinión escrita por Juan Martínez d’Aubuisson, periodista del medio digital «El Faro», acérrimo atacante del trabajo del Ejecutivo.
«El “Washington Post” critica a Nayib Bukele por combatir las maras en El Salvador. ¿Qué querían, que no tocara a los criminales? ¡Los medios tradicionales son basura!», escribió el periodista.
Además de los medios internacionales, los locales también atacan, como parte de la oposición política, las acciones de seguridad calificándolas de atentatorias contra los derechos humanos, a pesar de que los capturados son pandilleros o tienen vínculos con estas estructuras, según el Gabinete de Seguridad Pública.
Aparte de los medios nacionales e internacionales, los partidos políticos tradicionales también se han sumado a la agenda de ataque y obstaculización del trabajo de seguridad. Por ejemplo, ARENA y el FMLN se opusieron en 2021 al financiamiento de las fases II y III del Plan Control Territorial.
También se han negado a dar los votos para mantener la vigencia del régimen de excepción, prorrogado por décima ocasión este mes por la Asamblea Legislativa. Ambos partidos, cuando estuvieron al frente del Ejecutivo, impulsaron planes de «mano dura» para el combate de los grupos delincuenciales, e incluso pactaron con las pandillas para reducir los homicidios.
Santos Margarito Mancía Escobar fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta que había sido hurtada horas antes en Candelaria de La Frontera, en el departamento de Santa Ana.
Según el informe policial, el delito fue cometido la madrugada del lunes en la avenida Domingo Peñate y 7ª calle Oriente del mismo municipio. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el sospechoso se acerca al lugar y posteriormente huye con el vehículo.
“La víctima interpuso la denuncia y de inmediato rastreamos diferentes puntos”, indicó la PNC. El sospechoso fue localizado en el kilómetro 86 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón Zacamil, aún conduciendo la motocicleta sustraída.
Al notar la presencia policial, Mancía Escobar intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y detenido. Será procesado por el delito de hurto agravado, informó la corporación policial.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
Una mujer de 29 años perdió la vida la mañana de este lunes tras ser atropellada por un camión de carga mientras se desplazaba en motocicleta en Ciudad Merliot, departamento de La Libertad.
El hecho ocurrió sobre la calle Chiltiupán, en las cercanías del redondel El Platillo, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) a través de sus canales oficiales.
Según el reporte preliminar, el conductor del vehículo pesado permaneció en el lugar del accidente, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni la identidad de la víctima.
La PNC informó que el paso vehicular en la zona fue restringido temporalmente, mientras personal policial y forense realizaba el levantamiento del cuerpo y recopilaba evidencias en la escena.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y mantener la precaución al circular por zonas urbanas de alto tránsito.
