Las políticas de seguridad pública implementadas por el Gobierno Central, dirigido por el presidente Nayib Bukele, garantizan que El Salvador continúe con la tasa más baja de homicidios en Latinoamérica, dato no registrado durante los 30 años de gobiernos de ARENA y del FMLN.

Esas políticas son de naturaleza punitiva y preventiva en contra del delito y han sido implementadas desde el inicio de la presente gestión presidencial —en 2019— y reforzadas el año pasado con el régimen de excepción.

Como fruto de esas acciones hay una drástica reducción en el índice de los homicidios, que mayoritariamente eran cometidos por pandilleros, que han sido reducidos en número porque más de 61,000 están tras las rejas gracias al estado de excepción.

De igual manera, el Plan Control Territorial (PCT) ha permitido el combate de las pandillas y del crimen organizado con el decomiso de droga procedente, principalmente, de Sudamérica.

«Cerramos el día 25 de 2023 y El Salvador continúa con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica», anunció el gobernante en Twitter, en referencia a los resultados de las políticas de seguridad impulsadas.

El miércoles pasado, el reconocido periodista venezolano Eduardo Menoni aplaudió el trabajo del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad pública y criticó a los medios de comunicación que han atacado su gestión, como lo hizo recientemente el «Washington Post» al publicar una columna de opinión escrita por Juan Martínez d’Aubuisson, periodista del medio digital «El Faro», acérrimo atacante del trabajo del Ejecutivo.

«El “Washington Post” critica a Nayib Bukele por combatir las maras en El Salvador. ¿Qué querían, que no tocara a los criminales? ¡Los medios tradicionales son basura!», escribió el periodista.

Además de los medios internacionales, los locales también atacan, como parte de la oposición política, las acciones de seguridad calificándolas de atentatorias contra los derechos humanos, a pesar de que los capturados son pandilleros o tienen vínculos con estas estructuras, según el Gabinete de Seguridad Pública.

Aparte de los medios nacionales e internacionales, los partidos políticos tradicionales también se han sumado a la agenda de ataque y obstaculización del trabajo de seguridad. Por ejemplo, ARENA y el FMLN se opusieron en 2021 al financiamiento de las fases II y III del Plan Control Territorial.

También se han negado a dar los votos para mantener la vigencia del régimen de excepción, prorrogado por décima ocasión este mes por la Asamblea Legislativa. Ambos partidos, cuando estuvieron al frente del Ejecutivo, impulsaron planes de «mano dura» para el combate de los grupos delincuenciales, e incluso pactaron con las pandillas para reducir los homicidios.