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Juez Toni Durán, que amenazó al Presidente Bukele en redes sociales, exonera de forma definitiva a INTRATEX por evadir $5.3 millones
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, mediante el Magistrado Juan Antonio Durán Ramírez conocido como “Toni Durán”, sobreseyó de forma definitiva a Manuel Ernesto Daura Mijango quien es el representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Daura Mijango fue acusado por la supuesta evasión de impuestos por la suma de $5.3 millones.
Toni Durán se hizo más conocido cuando en el mes de junio del presente año, publicó en el muro de su FACEBOOK, su postura con relación a las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República Nayib Bukele, después que este último criticara el fondo de la Sentencia de Inconstitucionalidad pronunciada por la Sala de lo Constitucional, y manifestara que no acataría tal decisión por primar la reapertura económica por sobre la salud de todos los salvadoreños, la respuesta de Durán fue: “Esos tuits del Presidente tergiversando las decisiones de la SalaCn, dan pena. Y no se preocupen, solo hay que tener paciencia, la Justicia tarda pero no olvida” Algunos analistas consideraron que la posición del mencionado Juez, que tiene parentesco con un Ex funcionario público del partido FMLN, no debía pasarse de largo y que podía ser una amenaza velada contra el mandatario. Sobre todo porque coincidió en el momento que se rumoraba que un grupo de diputados estaba buscando la manera para destituir al Presidente.
Más recientemente, Durán fue mencionado en un progama de entrevista, por el Dr. Favio Castillo, como miembro que integraría la Comisión que acompañaría al Vicepresidente de la República en el análisis para una Reforma de la Constitución, unos días después siempre en sus redes sociales Durán manifestó que declinaba de participar haciendo ver que se trataba de un tema de solidaridad al Órgano Judicial. Aunque una fuente cercana a la Comisión, confirmó a este medio que al hacerse públicos los mensajes desafortunados de Durán contra el Presidente, se le perdió toda confianza, porque sus pensamientos muestran una inclinación y apoyo total a “los mismos de siempre” que pretenden evitar que existan cambios judiciales profundos para seguir gozando de privilegios e impunidad.
Una Exoneración totalmente cuestionable
De acuerdo a un abogado litigante, que pidió reserva de identidad por temor a las represalias, ya que por su trabajo profesional debe verse a diario relacionado con las autoridades judiciales: “La decisión judicial pronunciada por Toni Durán no deja lugar a dudas, de las prácticas de impunidad que siguen prevaleciendo en el Sistema de Justicia. De hecho, destacó que el mencionado Juez, se encuentra cumpliendo el cargo como “suplente” en la Cámara 3ª de lo Penal, pero su proceder ha sido totalmente nefasto. Da pena ver como un profesional como el Juez Toni, cambia el manual de los derechos humanos y de la legalidad a favor del Estado, por otro “a la medida del caso”; siendo lo peor que pregona por todas partes su transparencia. Algo que es claro, que quien es en verdad transparente, no necesita recordarlo, porque los demás lo manifiestan por Él” Cerró diciendo.
Según Toni Durán, la Sociedad INTRATEX “manejó información inexacta” en la declaración de renta del año 2017, al señaizar en el formulario la casilla de “rentas no gravadas” alertando a la Hacienda Pública que tendría que pagar al fisco $5,336,293.33 lo que no se había hecho efectivo. Esto el citado Magistrado de la Cámara, lo considera que es una “Evasión no intencional del impuesto” por lo que considera que no ha existido el delito atribuido al representante legal de INTRATEX. Porque para Durán la declaración de renta contiene información “inexacta” y no “falsa”
Precisamente según el abogado consultado, la etapa de instrucción serviría para “recabar documentación y se efectuaran los correspondientes peritajes financieros para confirmar si se trató de una evasión intencional o no. Y si se trató de un “error material” o de datos falsos insertos con el fin de evadir impuestos”
Recientemente en un sonado caso, esta misma Cámara obligó que se continuara con un proceso penal en fase de instrucción, cuyos hechos demostraban a todas luces que se trataba de un asunto mercantil, alegando que no era posible pronunciarse sobre el fondo del delito, porque existía la posibilidad que durante la etapa de instrucción surgieran otros elementos probatorios necesarios para sentar la base de un Sobreseimiento Definitivo; sin embargo en este caso de manera exprés, exoneran al representante legal de INTRATEX y dejan a la Administración Tributaria, con la única posibilidad de buscar por la vía administrativa el cobro del monto evadido por más de cinco millones de Dólares.
El profesional del derecho, además recordó que la Fiscalía tiene 10 días para interponer Recurso de Casación, caso contrario el caso quedará en firme y ya no podrá ser nuevamente juzgado. Además de recomendar al Ministerio de Hacienda evaluar la posibilidad de interponer una denucia por Prevaricato y Actos Arbitrarios contra el Magistrado Toni Durán, por una resolución que afecta los intereses del Estado y que ha sido dictada contrario a derecho.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
