Judicial
VIDEO | Munguía Payés enfrenta juicio de enriquecimiento ilícito por más $400,000
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, su cónyuge Sandra Dinora Molina de Munguía y sus dos hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia, enfrentan hoy la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito de $498,374.31.
La diligencia que es la última del proceso, la realiza la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador y los fiscales de la Unidad Anticorrupción han ratificado su pretensión para que el exfuncionario y su grupo familiar sean condenados.
El juicio civil se originó el 7 de octubre de 2021, cuando 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron para que la Fiscalía General de la República promoviera una demanda tras un informe de la Sección de Probidad en el cual se dejó por establecido un incremento patrimonial no justificado.
En la resolución de Corte Plena, se acreditó la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Munguía Payés cuando fue ministro de Defensa entre el 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011, en el gobierno de Mauricio Funes.
David Munguía Payés también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, pero ese nombramiento fue declarado inconstitucional, por lo que otra vez fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. Durante el gobierno del también prófugo por corrupción, Salvador Sánchez Cerén, Munguía Payés estuvo dirigiendo el ministerio de Defensa del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
Cuando se ordenó el juicio civil, la CSJ también dictaminó que se inmovilizaran las cuentas bancarias para que el dinero no fuera transferido, también decretaron anotaciones preventivas a un vehículo Volvo y un BMW que Munguía Payés tiene a su nombre.
Se solicitó al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR) inmovilizar los inmuebles ubicados en San Marcos, Tamanique y Nuevo Cuscatlán.
En el desglose que hace el ministerio público se detalla que, de las 14 irregularidades, 11 son atribuidas a Munguía Payés por un monto de $481 297, las otras tres irregularidades corresponden a su grupo familiar.
A Sandra Dinora Molina de Munguía, la Fiscalía le reprocha un incremento patrimonial de $3,614, a sus hijas Sandra Beatriz, $2,662 y Blanca Patricia, $1,100.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
