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VIDEO | Munguía Payés enfrenta juicio de enriquecimiento ilícito por más $400,000
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, su cónyuge Sandra Dinora Molina de Munguía y sus dos hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia, enfrentan hoy la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito de $498,374.31.
La diligencia que es la última del proceso, la realiza la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador y los fiscales de la Unidad Anticorrupción han ratificado su pretensión para que el exfuncionario y su grupo familiar sean condenados.
El juicio civil se originó el 7 de octubre de 2021, cuando 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron para que la Fiscalía General de la República promoviera una demanda tras un informe de la Sección de Probidad en el cual se dejó por establecido un incremento patrimonial no justificado.
En la resolución de Corte Plena, se acreditó la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Munguía Payés cuando fue ministro de Defensa entre el 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011, en el gobierno de Mauricio Funes.
David Munguía Payés también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, pero ese nombramiento fue declarado inconstitucional, por lo que otra vez fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. Durante el gobierno del también prófugo por corrupción, Salvador Sánchez Cerén, Munguía Payés estuvo dirigiendo el ministerio de Defensa del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
Cuando se ordenó el juicio civil, la CSJ también dictaminó que se inmovilizaran las cuentas bancarias para que el dinero no fuera transferido, también decretaron anotaciones preventivas a un vehículo Volvo y un BMW que Munguía Payés tiene a su nombre.
Se solicitó al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR) inmovilizar los inmuebles ubicados en San Marcos, Tamanique y Nuevo Cuscatlán.
En el desglose que hace el ministerio público se detalla que, de las 14 irregularidades, 11 son atribuidas a Munguía Payés por un monto de $481 297, las otras tres irregularidades corresponden a su grupo familiar.
A Sandra Dinora Molina de Munguía, la Fiscalía le reprocha un incremento patrimonial de $3,614, a sus hijas Sandra Beatriz, $2,662 y Blanca Patricia, $1,100.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
