Judicial
VIDEO | Munguía Payés enfrenta juicio de enriquecimiento ilícito por más $400,000
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, su cónyuge Sandra Dinora Molina de Munguía y sus dos hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia, enfrentan hoy la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito de $498,374.31.
La diligencia que es la última del proceso, la realiza la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador y los fiscales de la Unidad Anticorrupción han ratificado su pretensión para que el exfuncionario y su grupo familiar sean condenados.
El juicio civil se originó el 7 de octubre de 2021, cuando 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron para que la Fiscalía General de la República promoviera una demanda tras un informe de la Sección de Probidad en el cual se dejó por establecido un incremento patrimonial no justificado.
En la resolución de Corte Plena, se acreditó la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Munguía Payés cuando fue ministro de Defensa entre el 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011, en el gobierno de Mauricio Funes.
David Munguía Payés también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, pero ese nombramiento fue declarado inconstitucional, por lo que otra vez fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. Durante el gobierno del también prófugo por corrupción, Salvador Sánchez Cerén, Munguía Payés estuvo dirigiendo el ministerio de Defensa del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
Cuando se ordenó el juicio civil, la CSJ también dictaminó que se inmovilizaran las cuentas bancarias para que el dinero no fuera transferido, también decretaron anotaciones preventivas a un vehículo Volvo y un BMW que Munguía Payés tiene a su nombre.
Se solicitó al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR) inmovilizar los inmuebles ubicados en San Marcos, Tamanique y Nuevo Cuscatlán.
En el desglose que hace el ministerio público se detalla que, de las 14 irregularidades, 11 son atribuidas a Munguía Payés por un monto de $481 297, las otras tres irregularidades corresponden a su grupo familiar.
A Sandra Dinora Molina de Munguía, la Fiscalía le reprocha un incremento patrimonial de $3,614, a sus hijas Sandra Beatriz, $2,662 y Blanca Patricia, $1,100.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
