Judicial
VIDEO | Munguía Payés enfrenta juicio de enriquecimiento ilícito por más $400,000
El exministro de Defensa, David Munguía Payés, su cónyuge Sandra Dinora Molina de Munguía y sus dos hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia, enfrentan hoy la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito de $498,374.31.
La diligencia que es la última del proceso, la realiza la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador y los fiscales de la Unidad Anticorrupción han ratificado su pretensión para que el exfuncionario y su grupo familiar sean condenados.
El juicio civil se originó el 7 de octubre de 2021, cuando 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron para que la Fiscalía General de la República promoviera una demanda tras un informe de la Sección de Probidad en el cual se dejó por establecido un incremento patrimonial no justificado.
En la resolución de Corte Plena, se acreditó la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Munguía Payés cuando fue ministro de Defensa entre el 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011, en el gobierno de Mauricio Funes.
David Munguía Payés también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, pero ese nombramiento fue declarado inconstitucional, por lo que otra vez fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. Durante el gobierno del también prófugo por corrupción, Salvador Sánchez Cerén, Munguía Payés estuvo dirigiendo el ministerio de Defensa del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
Cuando se ordenó el juicio civil, la CSJ también dictaminó que se inmovilizaran las cuentas bancarias para que el dinero no fuera transferido, también decretaron anotaciones preventivas a un vehículo Volvo y un BMW que Munguía Payés tiene a su nombre.
Se solicitó al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros (CNR) inmovilizar los inmuebles ubicados en San Marcos, Tamanique y Nuevo Cuscatlán.
En el desglose que hace el ministerio público se detalla que, de las 14 irregularidades, 11 son atribuidas a Munguía Payés por un monto de $481 297, las otras tres irregularidades corresponden a su grupo familiar.
A Sandra Dinora Molina de Munguía, la Fiscalía le reprocha un incremento patrimonial de $3,614, a sus hijas Sandra Beatriz, $2,662 y Blanca Patricia, $1,100.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
