Judicial
VIDEO: Acusado del asesinato de Anahí Rivas podría pagar su libertad
Juan Carlos Hernández Vázquez, la persona acusada del asesinato de la mujer trans Anahí Miranda Rivas, podría pagar una fianza de 10 mil dólares y gozar de libertad provisional, en lugar de ser detenido bajo prisión.
La medida sustitutiva fue abordada por la licenciada Marta Elena Rosales, la Juez del Juzgado Primero de Paz, quien no valoró las pruebas periciales vertidas por el ente fiscal, desacreditando la posibilidad de tipificar el delito como un «Crimen de Odio», tal y como lo establece el artículo 129 del Código Penal. En cambio, sostuvo la validez de la defensa del imputado.
«La señora juez consideró que los arraigos que la defensa técnica presentó prevalecían por sobre los elementos presentados por la representación fiscal, considerando, pues, que éste tema queda bastante a discreción del juzgador; pues, la aplicación de uno u otro elemento» informa el fiscal designado.
El Juzgado Primero de Paz consideró tomar medidas alternas a la detención, consistentes en una fianza de diez mil dólares, para la persona detenida.
Al imputado se le prohibirá salir del país, el consumo de bebidas alcohólicas; y deberá presentarse a la oficina cada 15 días a firmar.
La Policía emitió una orden de captura en contra del ciudadano Juan Carlos Hernández Vázquez, el pasado miércoles 18 de diciembre, y su requerimiento se dio este viernes 20 de diciembre del presente año.
Aún no se ha comprobado la veracidad de las pruebas; sin embargo, la Fiscalía asegura tener los elementos probatorios suficientes para acusar al imputado. Razón por la que el ente fiscal declara no estar a favor de las disposiciones emitidas por el Juzgado; en su lugar, se emitirá un recurso de apelación, para atender las pruebas periciales.
«Se estará presentando el recurso de apelación dentro del término que la ley establece, por no estar de acuerdo con los elementos vertidos por la señora Juez de Paz… Se tienen los suficientes elementos para acreditar éste hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz», declaró el ente fiscal.
Sólo dos de los nueve asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI están en proceso judicial La Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) tiene un recuento de nueve casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, en lo que va del año.
La cifra es inferior a los 12 casos de personas lgbt asesinadas en 2018. Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas.
En respuesta a las demandas de la sociedad civil, y del “Informe Situacional de Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBT” emitido por la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; para 2018, Douglas Meléndez anunció la creación de un grupo de fiscales especializados para mujeres y la población LGBTI, dentro de la Unidad de Vida, que serán responsables de procesar los casi 700 casos. de homicidios sin resolver.
“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los «Crímenes de Odio», o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas.
La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía.
Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez. Sólo 27 de los más de 500 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio.
Para 2017, se crea la reciente Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía, que corresponde a la hasta entonces creada Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República declara no tener los elementos suficientes para satisfacer la demanda judicial para el abordaje de los asesinatos hacia la Comunidad LGBT.
“Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de 800 mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, expone Ana Castillo Salazar a éste medio, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Redacción:
Por: Alessia Genoves.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
