Judicial
VIDEO: Acusado del asesinato de Anahí Rivas podría pagar su libertad
Juan Carlos Hernández Vázquez, la persona acusada del asesinato de la mujer trans Anahí Miranda Rivas, podría pagar una fianza de 10 mil dólares y gozar de libertad provisional, en lugar de ser detenido bajo prisión.
La medida sustitutiva fue abordada por la licenciada Marta Elena Rosales, la Juez del Juzgado Primero de Paz, quien no valoró las pruebas periciales vertidas por el ente fiscal, desacreditando la posibilidad de tipificar el delito como un «Crimen de Odio», tal y como lo establece el artículo 129 del Código Penal. En cambio, sostuvo la validez de la defensa del imputado.
«La señora juez consideró que los arraigos que la defensa técnica presentó prevalecían por sobre los elementos presentados por la representación fiscal, considerando, pues, que éste tema queda bastante a discreción del juzgador; pues, la aplicación de uno u otro elemento» informa el fiscal designado.
El Juzgado Primero de Paz consideró tomar medidas alternas a la detención, consistentes en una fianza de diez mil dólares, para la persona detenida.
Al imputado se le prohibirá salir del país, el consumo de bebidas alcohólicas; y deberá presentarse a la oficina cada 15 días a firmar.
La Policía emitió una orden de captura en contra del ciudadano Juan Carlos Hernández Vázquez, el pasado miércoles 18 de diciembre, y su requerimiento se dio este viernes 20 de diciembre del presente año.
Aún no se ha comprobado la veracidad de las pruebas; sin embargo, la Fiscalía asegura tener los elementos probatorios suficientes para acusar al imputado. Razón por la que el ente fiscal declara no estar a favor de las disposiciones emitidas por el Juzgado; en su lugar, se emitirá un recurso de apelación, para atender las pruebas periciales.
«Se estará presentando el recurso de apelación dentro del término que la ley establece, por no estar de acuerdo con los elementos vertidos por la señora Juez de Paz… Se tienen los suficientes elementos para acreditar éste hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz», declaró el ente fiscal.
Sólo dos de los nueve asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI están en proceso judicial La Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) tiene un recuento de nueve casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, en lo que va del año.
La cifra es inferior a los 12 casos de personas lgbt asesinadas en 2018. Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas.
En respuesta a las demandas de la sociedad civil, y del “Informe Situacional de Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBT” emitido por la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; para 2018, Douglas Meléndez anunció la creación de un grupo de fiscales especializados para mujeres y la población LGBTI, dentro de la Unidad de Vida, que serán responsables de procesar los casi 700 casos. de homicidios sin resolver.
“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los «Crímenes de Odio», o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas.
La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía.
Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez. Sólo 27 de los más de 500 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio.
Para 2017, se crea la reciente Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía, que corresponde a la hasta entonces creada Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República declara no tener los elementos suficientes para satisfacer la demanda judicial para el abordaje de los asesinatos hacia la Comunidad LGBT.
“Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de 800 mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, expone Ana Castillo Salazar a éste medio, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Redacción:
Por: Alessia Genoves.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
