Judicial
VIDEO: Acusado del asesinato de Anahí Rivas podría pagar su libertad
Juan Carlos Hernández Vázquez, la persona acusada del asesinato de la mujer trans Anahí Miranda Rivas, podría pagar una fianza de 10 mil dólares y gozar de libertad provisional, en lugar de ser detenido bajo prisión.
La medida sustitutiva fue abordada por la licenciada Marta Elena Rosales, la Juez del Juzgado Primero de Paz, quien no valoró las pruebas periciales vertidas por el ente fiscal, desacreditando la posibilidad de tipificar el delito como un «Crimen de Odio», tal y como lo establece el artículo 129 del Código Penal. En cambio, sostuvo la validez de la defensa del imputado.
«La señora juez consideró que los arraigos que la defensa técnica presentó prevalecían por sobre los elementos presentados por la representación fiscal, considerando, pues, que éste tema queda bastante a discreción del juzgador; pues, la aplicación de uno u otro elemento» informa el fiscal designado.
El Juzgado Primero de Paz consideró tomar medidas alternas a la detención, consistentes en una fianza de diez mil dólares, para la persona detenida.
Al imputado se le prohibirá salir del país, el consumo de bebidas alcohólicas; y deberá presentarse a la oficina cada 15 días a firmar.
La Policía emitió una orden de captura en contra del ciudadano Juan Carlos Hernández Vázquez, el pasado miércoles 18 de diciembre, y su requerimiento se dio este viernes 20 de diciembre del presente año.
Aún no se ha comprobado la veracidad de las pruebas; sin embargo, la Fiscalía asegura tener los elementos probatorios suficientes para acusar al imputado. Razón por la que el ente fiscal declara no estar a favor de las disposiciones emitidas por el Juzgado; en su lugar, se emitirá un recurso de apelación, para atender las pruebas periciales.
«Se estará presentando el recurso de apelación dentro del término que la ley establece, por no estar de acuerdo con los elementos vertidos por la señora Juez de Paz… Se tienen los suficientes elementos para acreditar éste hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz», declaró el ente fiscal.
Sólo dos de los nueve asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI están en proceso judicial La Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) tiene un recuento de nueve casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, en lo que va del año.
La cifra es inferior a los 12 casos de personas lgbt asesinadas en 2018. Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas.
En respuesta a las demandas de la sociedad civil, y del “Informe Situacional de Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBT” emitido por la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; para 2018, Douglas Meléndez anunció la creación de un grupo de fiscales especializados para mujeres y la población LGBTI, dentro de la Unidad de Vida, que serán responsables de procesar los casi 700 casos. de homicidios sin resolver.
“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los «Crímenes de Odio», o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas.
La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía.
Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez. Sólo 27 de los más de 500 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio.
Para 2017, se crea la reciente Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía, que corresponde a la hasta entonces creada Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República declara no tener los elementos suficientes para satisfacer la demanda judicial para el abordaje de los asesinatos hacia la Comunidad LGBT.
“Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de 800 mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, expone Ana Castillo Salazar a éste medio, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Redacción:
Por: Alessia Genoves.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
