Judicial
Una ilegalidad más puesta al descubierto de la Cámara 1° de lo Penal
Este pasado martes, la Sala de lo Penal revocó la decisión de la Cámara 1° de lo Penal y ordenó realizar un nuevo juicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Escalante Díaz, quien el año pasado resultó beneficiado con una polémica resolución que lo absolvía de toda responsabilidad por el tocamiento a una niña de 10 años.
La resolución fue firmada por los magistrados de la Cámara 1° de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes favorecieron al magistrado Escalante cambiando el tipo de delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, a la falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público; por lo qué, los magistrados cometieron prevaricato por haber actuado fuera de ley al haber favorecido al magistrado Escalante, cambiando el delito y pasarlo a falta.
En tanto, la Sala ordena que aperture un juicio contra el magistrado Escalante para que se lleve a cabo una vista pública en donde sea procesado por otras agresiones sexuales en menor en incapaz.
Resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia:
II. FALLO
POR TANTO: Con base en las consideraciones que anteceden, disposiciones legales citadas y Art. 236 Inc. 3° Cn., 8, 50 Inc. 2° literal b), 144, 341, 419, 423 Inc. 2, 464 y 467 todos del Código Procesal Penal, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala como Tribunal de Apelación RESUELVE:
A. ANÚLASE la resolución dictada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de esta ciudad, a las catorce horas con treinta minutos del día cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por consiguiente, procede dejar sin efecto la madificación de la calificación jurídica del delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Art. 161 Pn., a la falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público,
Art. 392 Número 4) Pn., atribuido al imputado EDUARDO JAIME ESCALANTE DÍAZ; en consecuencia, B. Previo al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 362 No. 10) Pr. Pn., se le ordena a la Cámara proveyente dicte el auto de Apertura a Juicio correspondiente, por el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Art 161 Pn.
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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
Judicial
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Foto: Cortesía
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Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
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La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
