Judicial
Una ilegalidad más puesta al descubierto de la Cámara 1° de lo Penal
Este pasado martes, la Sala de lo Penal revocó la decisión de la Cámara 1° de lo Penal y ordenó realizar un nuevo juicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Escalante Díaz, quien el año pasado resultó beneficiado con una polémica resolución que lo absolvía de toda responsabilidad por el tocamiento a una niña de 10 años.
La resolución fue firmada por los magistrados de la Cámara 1° de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, quienes favorecieron al magistrado Escalante cambiando el tipo de delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, a la falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público; por lo qué, los magistrados cometieron prevaricato por haber actuado fuera de ley al haber favorecido al magistrado Escalante, cambiando el delito y pasarlo a falta.
En tanto, la Sala ordena que aperture un juicio contra el magistrado Escalante para que se lleve a cabo una vista pública en donde sea procesado por otras agresiones sexuales en menor en incapaz.
Resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia:
II. FALLO
POR TANTO: Con base en las consideraciones que anteceden, disposiciones legales citadas y Art. 236 Inc. 3° Cn., 8, 50 Inc. 2° literal b), 144, 341, 419, 423 Inc. 2, 464 y 467 todos del Código Procesal Penal, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala como Tribunal de Apelación RESUELVE:
A. ANÚLASE la resolución dictada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de esta ciudad, a las catorce horas con treinta minutos del día cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por consiguiente, procede dejar sin efecto la madificación de la calificación jurídica del delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Art. 161 Pn., a la falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público,
Art. 392 Número 4) Pn., atribuido al imputado EDUARDO JAIME ESCALANTE DÍAZ; en consecuencia, B. Previo al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 362 No. 10) Pr. Pn., se le ordena a la Cámara proveyente dicte el auto de Apertura a Juicio correspondiente, por el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Art 161 Pn.
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Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
