Judicial
Reprograman audiencia contra expresidente Saca y dos exdirigentes del COENA por desvío de fondos de Taiwán
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, suspendió hoy una audiencia preliminar en contra de Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca y Juan Tennant Wright Castro, para que respondan por los $10 millones que donó a El Salvador la República de China Taiwán y que ARENA se apropió.
Esta diligencia serviría para que los tres imputados fueran sobreseídos de forma definitiva de lavado de dinero por prescripción del delito, pero la importancia de la diligencia, según la Fiscalía, es que se pedirá que respondan ante el Estado los $10 millones que fueron a parar a cuentas privadas, ya que si bien por la vía penal ya no se les puede perseguir, por la vía civil está activo el caso.
En el proceso el ministerio público dice que los $10 millones los recibió mediante cheques el expresidente Francisco Flores, y luego los endosó para depositarlos en una cuenta corriente del Banco Off Shore Cuscatlán International Bank And Trust, a nombre de la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, fondos que después fueron trasladados a una cuenta que ARENA tenía en el Banco Cuscatlán.
Penalmente ya no se puede hacer nada ya que Saca, Wrigth y Balzaretti Kriete, fueron exonerados de forma definitiva por orden de la Sala de lo Penal, ya que en una casación dijo que el delito de lavado de dinero atribuido a los tres ya había prescrito.
Para hacerle pagar el dinero la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado como prueba un informe denominado «Análisis financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de la República de China Taiwán», donde un perito confirma que hay pruebas que acreditan la apropiación de fondos públicos y posterior legitimación fraudulenta por medio de operaciones de lavado de dinero, y que hubo transacciones bancarias orientadas a darles apariencia legal.
En el expediente, demás, de Saca, Wright y Balzaretti Kriete, se mencionan el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), María Elena Fernández de Samayoa y María Elena de Lourdes Samayoa de Altamirano.
Según la acusación fiscal, el desembolso de los $10 millones lo hizo Taiwán entre octubre y diciembre de 2003, esas donaciones la Fiscalía la prueba con documentación entregada por la embajada de esa nación asiática en donde se confirma la cantidad y el nombre de cada proyecto.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
