Judicial
Reprograman audiencia contra expresidente Saca y dos exdirigentes del COENA por desvío de fondos de Taiwán
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, suspendió hoy una audiencia preliminar en contra de Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca y Juan Tennant Wright Castro, para que respondan por los $10 millones que donó a El Salvador la República de China Taiwán y que ARENA se apropió.
Esta diligencia serviría para que los tres imputados fueran sobreseídos de forma definitiva de lavado de dinero por prescripción del delito, pero la importancia de la diligencia, según la Fiscalía, es que se pedirá que respondan ante el Estado los $10 millones que fueron a parar a cuentas privadas, ya que si bien por la vía penal ya no se les puede perseguir, por la vía civil está activo el caso.
En el proceso el ministerio público dice que los $10 millones los recibió mediante cheques el expresidente Francisco Flores, y luego los endosó para depositarlos en una cuenta corriente del Banco Off Shore Cuscatlán International Bank And Trust, a nombre de la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, fondos que después fueron trasladados a una cuenta que ARENA tenía en el Banco Cuscatlán.
Penalmente ya no se puede hacer nada ya que Saca, Wrigth y Balzaretti Kriete, fueron exonerados de forma definitiva por orden de la Sala de lo Penal, ya que en una casación dijo que el delito de lavado de dinero atribuido a los tres ya había prescrito.
Para hacerle pagar el dinero la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado como prueba un informe denominado «Análisis financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de la República de China Taiwán», donde un perito confirma que hay pruebas que acreditan la apropiación de fondos públicos y posterior legitimación fraudulenta por medio de operaciones de lavado de dinero, y que hubo transacciones bancarias orientadas a darles apariencia legal.
En el expediente, demás, de Saca, Wright y Balzaretti Kriete, se mencionan el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), María Elena Fernández de Samayoa y María Elena de Lourdes Samayoa de Altamirano.
Según la acusación fiscal, el desembolso de los $10 millones lo hizo Taiwán entre octubre y diciembre de 2003, esas donaciones la Fiscalía la prueba con documentación entregada por la embajada de esa nación asiática en donde se confirma la cantidad y el nombre de cada proyecto.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
