Judicial
Reprograman audiencia contra expresidente Saca y dos exdirigentes del COENA por desvío de fondos de Taiwán
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, suspendió hoy una audiencia preliminar en contra de Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca y Juan Tennant Wright Castro, para que respondan por los $10 millones que donó a El Salvador la República de China Taiwán y que ARENA se apropió.
Esta diligencia serviría para que los tres imputados fueran sobreseídos de forma definitiva de lavado de dinero por prescripción del delito, pero la importancia de la diligencia, según la Fiscalía, es que se pedirá que respondan ante el Estado los $10 millones que fueron a parar a cuentas privadas, ya que si bien por la vía penal ya no se les puede perseguir, por la vía civil está activo el caso.
En el proceso el ministerio público dice que los $10 millones los recibió mediante cheques el expresidente Francisco Flores, y luego los endosó para depositarlos en una cuenta corriente del Banco Off Shore Cuscatlán International Bank And Trust, a nombre de la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, fondos que después fueron trasladados a una cuenta que ARENA tenía en el Banco Cuscatlán.
Penalmente ya no se puede hacer nada ya que Saca, Wrigth y Balzaretti Kriete, fueron exonerados de forma definitiva por orden de la Sala de lo Penal, ya que en una casación dijo que el delito de lavado de dinero atribuido a los tres ya había prescrito.
Para hacerle pagar el dinero la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado como prueba un informe denominado «Análisis financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de la República de China Taiwán», donde un perito confirma que hay pruebas que acreditan la apropiación de fondos públicos y posterior legitimación fraudulenta por medio de operaciones de lavado de dinero, y que hubo transacciones bancarias orientadas a darles apariencia legal.
En el expediente, demás, de Saca, Wright y Balzaretti Kriete, se mencionan el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), María Elena Fernández de Samayoa y María Elena de Lourdes Samayoa de Altamirano.
Según la acusación fiscal, el desembolso de los $10 millones lo hizo Taiwán entre octubre y diciembre de 2003, esas donaciones la Fiscalía la prueba con documentación entregada por la embajada de esa nación asiática en donde se confirma la cantidad y el nombre de cada proyecto.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
