Judicial
Reprograman audiencia caso Carla Ayala, tribunal no notificó a la defensa dictamen de acusación
l Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador reprogramó para el 27 de noviembre la audiencia preliminar contra el prófugo Juan José Castillo, alias “Samurái”, acusado del feminicidio de la agente policial, Carla Ayala.
La diligencia fue aplazada debido a que el tribunal no notificó a la defensa sobre el dictamen de acusación presentado por el ministerio público.
“Fuimos convocados este día a las 8:00 a.m. para la instalación de la audiencia, pero el día de ayer un abogado manifestó que a él no se le había notificado que Fiscalía había presentado el dictamen de acusación y la Ley le da el derecho que tiene 5 días para contestarla y hacer el ofrecimiento de prueba y se verificó que efectivamente el tribunal omitió haberle notificado que la representación fiscal lo presentó”, explicó el fiscal Arturo Cruz.
“Para evitar algún tipo de vulneración de derecho de defensa materia y técnica de los imputados se suspende esta audiencia para las 8:30 a.m. del próximo 27 de noviembre”, añadió.
Cruz dijo que como representación fiscal se sienten inconformes por los atrasos e inconvenientes que se están dando en este caso.
“Es una situación que le causa extrañeza a esta representación fiscal, transcurren 9 meses sin que nos hayan señalado audiencia preliminar, y cuando una vez nos señalan surgen este tipo de inconvenientes”, acotó.
Además señaló que existe prueba suficiente para que el proceso pase a la siguiente etapa.
“Existen diferentes testimonios que agentes policiales, de la unidad de control, disciplinarias que observaron displicencia del jefe del GRP y como otros miembros del mismo grupo que no quisieron dar con la captura del agente”, expuso.
En este caso también son procesados José Atilio Jiménez Quintanilla y Joel Isaac Castillo Arévalo, por el delito de encubrimiento, así como Ovidio Antonio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández, Juan Antonio Linares y José Antonio Pérez Pineda por Incumplimiento de Deberes.
Los imputados pertenecen al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y de acuerdo al ministerio público, todos están vinculados directa o indirectamente en el feminicidio de Ayala.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
