Judicial
Regina Cañas (“Tía Bubu”) dispuesta a declararse culpable a cambio de que le otorguen una pena menor
El fiscal General, Raúl Melara reveló en una entrevista con un periódico nacional, que hay una solicitud de procedimiento abreviado a través de los abogados que representan a Regina Cañas, en el proceso judicial que enfrenta; y afirmó que la “Tía Bubu”, está dispuesta a declararse culpable a cambio de que le otorguen una pena menor, pero eso sería posible, siempre y cuando ella pueda devolver los $95,000 que la Fiscalía le imputa que pudo haber lavado.
“En el caso de la señora Regina Cañas, se ha personado a través de sus abogados al proceso, obviamente se encuentra prófuga, entiendo que hay una solicitud para un proceso abreviado, el cual obviamente para tomarse en cuenta pasaría porque este dispuesta a devolver la cantidad de dinero por la cual está siendo procesada”, dijo Raúl Melara en una entrevista esta mañana con El Diario de Hoy.
Cañas, quien fue esposa del expresidente prófugo Funes, habría simulado haber recibido un préstamo de parte de Luis Antonio Flores Mancía, pero según la Fiscalía, no hay registro de que este señor haya hecho operaciones bancarias ni entregado ese dinero a la Tía Bubú.
La tesis de la Fiscalía en el caso de Cañas es que ella y el prófugo Funes trataron de “dar una apariencia legal a los fondos” usados por su hijo y “evitar de esta forma las consecuencias a nivel civil y sobre todo evitar una investigación de carácter penal”.
Los $95,000 fueron usados por Diego Roberto Funes Cañas, hijo de la Tía Bubu y el prófugo Funes, para la compra de ocho vehículos y una motocicleta, según las investigaciones fiscales.
Melara explicó que la institución a su cargo hace uso del procedimiento abreviado para poder descongestionar todo el sistema de justicia, pero “los beneficios no se están dando de gratis, las personas para ser beneficiadas de una reducción de la pena deben de devolver el dinero”.
Recordó el acuerdo que había con la exprimera dama, Ana Ligia de Saca que se sometería a un proceso abreviado, donde confesaría haber lavado $22 millones, pero en esta “administración se puso la condición de que si ella quería tener un procedimiento abreviado tenia que devolver la cantidad que le estaba siendo reclamada”.
Aseguró que en un momento ella dijo que estaba dispuesta, pero después, ella se retractó, y en el momento en el que ella se retracta, “doy la orden para que ese procedimiento abreviado sea eliminado totalmente. No vamos a otorgar ningún tipo de beneficio a quien no devuelva el dinero que se ha robado”, recalcó Melara.
Con información de: elsalvador.com
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
