Judicial
Regina Cañas (“Tía Bubu”) dispuesta a declararse culpable a cambio de que le otorguen una pena menor
El fiscal General, Raúl Melara reveló en una entrevista con un periódico nacional, que hay una solicitud de procedimiento abreviado a través de los abogados que representan a Regina Cañas, en el proceso judicial que enfrenta; y afirmó que la “Tía Bubu”, está dispuesta a declararse culpable a cambio de que le otorguen una pena menor, pero eso sería posible, siempre y cuando ella pueda devolver los $95,000 que la Fiscalía le imputa que pudo haber lavado.
“En el caso de la señora Regina Cañas, se ha personado a través de sus abogados al proceso, obviamente se encuentra prófuga, entiendo que hay una solicitud para un proceso abreviado, el cual obviamente para tomarse en cuenta pasaría porque este dispuesta a devolver la cantidad de dinero por la cual está siendo procesada”, dijo Raúl Melara en una entrevista esta mañana con El Diario de Hoy.
Cañas, quien fue esposa del expresidente prófugo Funes, habría simulado haber recibido un préstamo de parte de Luis Antonio Flores Mancía, pero según la Fiscalía, no hay registro de que este señor haya hecho operaciones bancarias ni entregado ese dinero a la Tía Bubú.
La tesis de la Fiscalía en el caso de Cañas es que ella y el prófugo Funes trataron de “dar una apariencia legal a los fondos” usados por su hijo y “evitar de esta forma las consecuencias a nivel civil y sobre todo evitar una investigación de carácter penal”.
Los $95,000 fueron usados por Diego Roberto Funes Cañas, hijo de la Tía Bubu y el prófugo Funes, para la compra de ocho vehículos y una motocicleta, según las investigaciones fiscales.
Melara explicó que la institución a su cargo hace uso del procedimiento abreviado para poder descongestionar todo el sistema de justicia, pero “los beneficios no se están dando de gratis, las personas para ser beneficiadas de una reducción de la pena deben de devolver el dinero”.
Recordó el acuerdo que había con la exprimera dama, Ana Ligia de Saca que se sometería a un proceso abreviado, donde confesaría haber lavado $22 millones, pero en esta “administración se puso la condición de que si ella quería tener un procedimiento abreviado tenia que devolver la cantidad que le estaba siendo reclamada”.
Aseguró que en un momento ella dijo que estaba dispuesta, pero después, ella se retractó, y en el momento en el que ella se retracta, “doy la orden para que ese procedimiento abreviado sea eliminado totalmente. No vamos a otorgar ningún tipo de beneficio a quien no devuelva el dinero que se ha robado”, recalcó Melara.
Con información de: elsalvador.com
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
