Judicial
Profesional del derecho interpone aviso penal ante la FGR por presunta existencia de actos de corrupción en el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador
En los últimos días ha corrido la noticia que en el Juzgado Cuarto de Familia e San Salvador se estarían dando actos de corrupción cometidos presuntamente por el Secretario y Notificador de la misma sede judicial, según una profesional del derecho quien ya ha interpuesto un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Específicamente, los casos que llamaron más la atención de la demandante han sido los que tienen que ver con declaratorias de divorcio y en de adopción, procesos que han sido según la profesional del derecho, resueltos en tiempo “récord” (pocos días), y que han sido trabajados hasta en la misma oficina de uno de los usuarios o interesados en proceso de divorcio.
Esto ha llevado a la demandante a creer que dentro del juzgado en mención existan graves indicios de haberse cometido actos de corrupción para favorecer a ciertos abogados y sus clientes, brindándoles trámites exprés que contrastan totalmente con el alargamiento de plazos y actividad judicial que normalmente representa diligenciar un proceso de familia en ese tribunal.
En el primero de los casos que llamó la atención del denunciante fue el hecho que un mismo usuario en tres ocasiones solicitó la declaratoria de divorcio de sus respectivos matrimonios y de su clienta con quien después contrajo matrimonio.
Lo curioso de ello es que todos los procesos se llevaron en el mismo juzgado, a pesar que en San Salvador, se cuenta con cuatro juzgados de familia y a la vez con una oficina receptora y distribuidora de demandas que precisamente se encarga de direccionar cada demanda, haciendo prácticamente imposible que las cuatro demandas del mismo peticionante en distintos periodos lleguen al mismo tribunal Juzgado Cuarto de Familia y sean adjudicados a los mismos empleados, el Secretario y el Notificador en todos los casos.
Sin embargo, los indicios de corrupción quedan en evidencia, al advertir que al demandante se le siguieron sus dos procesos de divorcio con sus respectivas parejas, en el mismo tribunal y se resolvieron con inusitada celeridad impropia de los plazos legales que ordinariamente se requieren para llegar a sentencia en cualquier proceso de divorcio en el referido juzgado. Además, también tuvo un similar beneficio en el mismo juzgado, con un proceso resuelto en cuestión de días, una usuaria que solo meses después terminó por convertirse en la tercera esposa del otro demandante al que se hizo referencia previamente.
De acuerdo a la relación de hechos contenidos en el aviso penal, del que se tuvo conocimiento por parte de este medio, el demandante, habría tenido contacto permanente y compensando por medio de entrega de dádivas al Secretario y Notificador del juzgado de familia donde laboraban los señalados.
Por consecuencia, el pago de esas dádivas le habría permitido al demandante que se manipulara la oficina de distribución de demandas para que sus dos demandas de divorcios y el divorcio de su actual cónyuge, fueren remitidas al Juzgado donde laboran los señalados; las demandas habrían sido preparadas por el notificador, inclusive llegando a trabajarlas en la oficina del demandante y que durante el trámite para declarar la cancelación de los matrimonios contó con asesoría permanente del Secretario del juzgado; finalmente, logró que sus procesos se resolviesen en cuestión de días, cuando lo ordinario en dicho juzgado por un caso similar podía implicar de seis a ocho meses.
Los empleados judiciales señalados en la investigación también habrían asesorado y aceptado beneficios como dádivas en el seguimiento de otros procesos de familia y hasta en más de algún caso de adopción. Finalmente, en el aviso penal, se solicitaron las bitácoras de registros telefónicos del Secretario y Notificador con el demandante y favorecido injustamente por tráfico de influencias, como por conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de cohecho activo y cohecho propio.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
