Judicial
Peligrosos pandilleros de la MS son condenados a 104 años de prisión por homicidios en Santa Ana
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó con penas de hasta 104 años a pandilleros de la Mara Salvatrucha implicados en 13 casos de homicidio gravado y tres casos de intento de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Los sentenciados delinquían en los municipios de Atiquizaya, Ahuachapán, El Refugio y Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los casos destacan tres dobles homicidios cometidos en los años 2013, 2015, 2017 y 2019.
Uno de los fiscales explicó que la pena de 104 años de cárcel fue impuesta a William Alexander López Estupinian y a Romel Josué Alfaro Escobar quienes fueron condenados por dos casos de doble homicidio; el primero, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos; ocurrido el 30 de julio de 2017, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio; y el segundo en contra de los hermanos Héctor Antonio Cauto Morán y Hugo Javier Cauto Morán, registrado el 12 de agosto de 2017, en colonia Terrón Blanco, de la jurisdicción de Atiquizaya; además, del delito de agrupaciones ilícitas.
Por el tercer caso de doble homicidio fue condenado a 60 años de prisión Juan Antonio García Escobar cabecilla de una de la estructura PVLS, responsable del crimen de los hermanos Héctor Antonio Calito Morán y Hugo Javier Calito Morán, sucedido el 12 de agosto de 2017, en la colonia Terrón Blanco, del municipio Atiquizaya, y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Otra de las condenas es la de Jorge Antonio González Culgua, quien recibió una pena de 54 años de prisión por dos homicidios agravados, el primer crimen en perjuicio de José Geovany Pineda Juárez, ocurrico el 04 de mayo de 2015, en la colonia Zacamil; y el segundo en contra de Dagoberto Gómez (pandilla 18), en mayo de 2015, en la colonia San Miguel, ambas del municipio Ahuachapán y por el delito de agrupaciones ilícitas.
También fueron condenados a 50 años de cárcel Jairo Leonel Caishpal Corleto, Ángel Elías Esteban Contreras, Carlos Mauricio Chachagua España, Kevin Alexander Cruz Galán, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de los hermanos Andrés Alonso y Saúl Isaías Santos Duran, ocurrido el 12 de agosto de 2017, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán.
Otros que recibieron pena de 50 años de prisión son Denis Elisandro Loarca López y José Manuel Godoy, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos, hecho sucedido el 30 de julio de 2017, en colonia El Ángel, municipio El Refugio.
Juan Francisco Lemus Morán, cabecilla de clica PVLS, condenado a 43 años ocho meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López. El caso ocurrió el 7 de marzo de2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de víctima protegida y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Miguel Ángel Martínez Álvarez fue condenado a 37 años cuatro meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López, hecho sucedido el 7 de marzo de 2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de una víctima protegida y por el delito de agrupaciones Ilícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 25 años de prisión Eduardo Alexander Castillo Romero.
Mario Enrique Rosales Rivas, (hermano de la víctima) fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Rafaela Guadalupe Borja Rivas, hecho sucedido el 10 de julio de 2013, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán; por este homicidio también fue sentenciado Jaime Antonio Morales Olmos, a 24 años de cárcel, a quien también se le incluye agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Roberto Armando Martínez Jiménez y Rubén Alberto Morazán García, fueron condenados a 29 años de prisión, por el delito de homicidio agravado de Israel Antonio López Vásquez, hecho sucedido el 7 de junio de 2017 en el cantón El Tigre, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones lícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 20 años ocho meses de cárcel Alex Eduardo García García.
Miguel Ángel Aquino Galicia fue condenado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Dagoberto Gómez (pandilla 18), hecho sucedido el 4 de mayo de 2015 en la calle principal de la colonia San Miguel, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones Ilícitas.
Francisco Alberto Artiga Ramírez, sentenciado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Obed Jonatan Escobar Servellón, hecho sucedió el 2 de febrero de 2017, entre 7ª Calle Poniente y 2ª Avenida Sur, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones ilícitas; por este homicidio también recibió una pena de 25 años de cárcel Salvador Enrique Durán Aguirre.
Mientras que los cabecillas de la clica PVLS David Giovany Rivera Martínez y Francisco Emilio González Reyes recibieron la pena de 10 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas; por este mismo ilícito fue condena a 8 años de prisión Omar Alexander Menco Mendoza
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
