Judicial
Peligrosos pandilleros de la MS son condenados a 104 años de prisión por homicidios en Santa Ana
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó con penas de hasta 104 años a pandilleros de la Mara Salvatrucha implicados en 13 casos de homicidio gravado y tres casos de intento de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Los sentenciados delinquían en los municipios de Atiquizaya, Ahuachapán, El Refugio y Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los casos destacan tres dobles homicidios cometidos en los años 2013, 2015, 2017 y 2019.
Uno de los fiscales explicó que la pena de 104 años de cárcel fue impuesta a William Alexander López Estupinian y a Romel Josué Alfaro Escobar quienes fueron condenados por dos casos de doble homicidio; el primero, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos; ocurrido el 30 de julio de 2017, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio; y el segundo en contra de los hermanos Héctor Antonio Cauto Morán y Hugo Javier Cauto Morán, registrado el 12 de agosto de 2017, en colonia Terrón Blanco, de la jurisdicción de Atiquizaya; además, del delito de agrupaciones ilícitas.
Por el tercer caso de doble homicidio fue condenado a 60 años de prisión Juan Antonio García Escobar cabecilla de una de la estructura PVLS, responsable del crimen de los hermanos Héctor Antonio Calito Morán y Hugo Javier Calito Morán, sucedido el 12 de agosto de 2017, en la colonia Terrón Blanco, del municipio Atiquizaya, y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Otra de las condenas es la de Jorge Antonio González Culgua, quien recibió una pena de 54 años de prisión por dos homicidios agravados, el primer crimen en perjuicio de José Geovany Pineda Juárez, ocurrico el 04 de mayo de 2015, en la colonia Zacamil; y el segundo en contra de Dagoberto Gómez (pandilla 18), en mayo de 2015, en la colonia San Miguel, ambas del municipio Ahuachapán y por el delito de agrupaciones ilícitas.
También fueron condenados a 50 años de cárcel Jairo Leonel Caishpal Corleto, Ángel Elías Esteban Contreras, Carlos Mauricio Chachagua España, Kevin Alexander Cruz Galán, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de los hermanos Andrés Alonso y Saúl Isaías Santos Duran, ocurrido el 12 de agosto de 2017, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán.
Otros que recibieron pena de 50 años de prisión son Denis Elisandro Loarca López y José Manuel Godoy, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos, hecho sucedido el 30 de julio de 2017, en colonia El Ángel, municipio El Refugio.
Juan Francisco Lemus Morán, cabecilla de clica PVLS, condenado a 43 años ocho meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López. El caso ocurrió el 7 de marzo de2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de víctima protegida y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Miguel Ángel Martínez Álvarez fue condenado a 37 años cuatro meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López, hecho sucedido el 7 de marzo de 2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de una víctima protegida y por el delito de agrupaciones Ilícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 25 años de prisión Eduardo Alexander Castillo Romero.
Mario Enrique Rosales Rivas, (hermano de la víctima) fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Rafaela Guadalupe Borja Rivas, hecho sucedido el 10 de julio de 2013, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán; por este homicidio también fue sentenciado Jaime Antonio Morales Olmos, a 24 años de cárcel, a quien también se le incluye agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Roberto Armando Martínez Jiménez y Rubén Alberto Morazán García, fueron condenados a 29 años de prisión, por el delito de homicidio agravado de Israel Antonio López Vásquez, hecho sucedido el 7 de junio de 2017 en el cantón El Tigre, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones lícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 20 años ocho meses de cárcel Alex Eduardo García García.
Miguel Ángel Aquino Galicia fue condenado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Dagoberto Gómez (pandilla 18), hecho sucedido el 4 de mayo de 2015 en la calle principal de la colonia San Miguel, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones Ilícitas.
Francisco Alberto Artiga Ramírez, sentenciado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Obed Jonatan Escobar Servellón, hecho sucedió el 2 de febrero de 2017, entre 7ª Calle Poniente y 2ª Avenida Sur, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones ilícitas; por este homicidio también recibió una pena de 25 años de cárcel Salvador Enrique Durán Aguirre.
Mientras que los cabecillas de la clica PVLS David Giovany Rivera Martínez y Francisco Emilio González Reyes recibieron la pena de 10 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas; por este mismo ilícito fue condena a 8 años de prisión Omar Alexander Menco Mendoza
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
