Judicial
Peligrosos pandilleros de la MS son condenados a 104 años de prisión por homicidios en Santa Ana
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó con penas de hasta 104 años a pandilleros de la Mara Salvatrucha implicados en 13 casos de homicidio gravado y tres casos de intento de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Los sentenciados delinquían en los municipios de Atiquizaya, Ahuachapán, El Refugio y Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los casos destacan tres dobles homicidios cometidos en los años 2013, 2015, 2017 y 2019.
Uno de los fiscales explicó que la pena de 104 años de cárcel fue impuesta a William Alexander López Estupinian y a Romel Josué Alfaro Escobar quienes fueron condenados por dos casos de doble homicidio; el primero, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos; ocurrido el 30 de julio de 2017, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio; y el segundo en contra de los hermanos Héctor Antonio Cauto Morán y Hugo Javier Cauto Morán, registrado el 12 de agosto de 2017, en colonia Terrón Blanco, de la jurisdicción de Atiquizaya; además, del delito de agrupaciones ilícitas.
Por el tercer caso de doble homicidio fue condenado a 60 años de prisión Juan Antonio García Escobar cabecilla de una de la estructura PVLS, responsable del crimen de los hermanos Héctor Antonio Calito Morán y Hugo Javier Calito Morán, sucedido el 12 de agosto de 2017, en la colonia Terrón Blanco, del municipio Atiquizaya, y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Otra de las condenas es la de Jorge Antonio González Culgua, quien recibió una pena de 54 años de prisión por dos homicidios agravados, el primer crimen en perjuicio de José Geovany Pineda Juárez, ocurrico el 04 de mayo de 2015, en la colonia Zacamil; y el segundo en contra de Dagoberto Gómez (pandilla 18), en mayo de 2015, en la colonia San Miguel, ambas del municipio Ahuachapán y por el delito de agrupaciones ilícitas.
También fueron condenados a 50 años de cárcel Jairo Leonel Caishpal Corleto, Ángel Elías Esteban Contreras, Carlos Mauricio Chachagua España, Kevin Alexander Cruz Galán, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de los hermanos Andrés Alonso y Saúl Isaías Santos Duran, ocurrido el 12 de agosto de 2017, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán.
Otros que recibieron pena de 50 años de prisión son Denis Elisandro Loarca López y José Manuel Godoy, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos, hecho sucedido el 30 de julio de 2017, en colonia El Ángel, municipio El Refugio.
Juan Francisco Lemus Morán, cabecilla de clica PVLS, condenado a 43 años ocho meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López. El caso ocurrió el 7 de marzo de2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de víctima protegida y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Miguel Ángel Martínez Álvarez fue condenado a 37 años cuatro meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López, hecho sucedido el 7 de marzo de 2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de una víctima protegida y por el delito de agrupaciones Ilícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 25 años de prisión Eduardo Alexander Castillo Romero.
Mario Enrique Rosales Rivas, (hermano de la víctima) fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Rafaela Guadalupe Borja Rivas, hecho sucedido el 10 de julio de 2013, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán; por este homicidio también fue sentenciado Jaime Antonio Morales Olmos, a 24 años de cárcel, a quien también se le incluye agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Roberto Armando Martínez Jiménez y Rubén Alberto Morazán García, fueron condenados a 29 años de prisión, por el delito de homicidio agravado de Israel Antonio López Vásquez, hecho sucedido el 7 de junio de 2017 en el cantón El Tigre, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones lícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 20 años ocho meses de cárcel Alex Eduardo García García.
Miguel Ángel Aquino Galicia fue condenado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Dagoberto Gómez (pandilla 18), hecho sucedido el 4 de mayo de 2015 en la calle principal de la colonia San Miguel, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones Ilícitas.
Francisco Alberto Artiga Ramírez, sentenciado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Obed Jonatan Escobar Servellón, hecho sucedió el 2 de febrero de 2017, entre 7ª Calle Poniente y 2ª Avenida Sur, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones ilícitas; por este homicidio también recibió una pena de 25 años de cárcel Salvador Enrique Durán Aguirre.
Mientras que los cabecillas de la clica PVLS David Giovany Rivera Martínez y Francisco Emilio González Reyes recibieron la pena de 10 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas; por este mismo ilícito fue condena a 8 años de prisión Omar Alexander Menco Mendoza
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
