Judicial
Pandilleros pagarán 20 años en prisión por lesionar de gravedad a un policía en San Miguel
A 20 años de cárcel han sido condenados dos pandilleros de Ciudad Barrios, en San Miguel, por intentar asesinar a un policía, al que por la gravedad de las lesiones le fue amputada una pierna y perdió un riñón.
El crimen ocurrió el 18 de junio de 2018.
La Unidad de Vida de la Fiscalía en San Miguel estableció en sus investigaciones que tres pandilleros, dos de ellos identificados como Henry Humberto Sorto Baires y José Alexander Melara Baires, emboscaron al agente de la Policía Nacional Civil.
La víctima caminaba en la calle principal de la colonia Monseñor Romero, de Ciudad Barrios, cuando los mareros lo atacaron a balazos, por lo que sacó su arma de equipo y trató de repeler el ataque.
“1016”, nombre clave del agente por régimen de protección, logró espantar a los pandilleros, pero había quedado mal herido, por lo que avisó a la corporación y fue trasladado al hospital de Ciudad Barrios.
Los agentes que lo trasladaron descubrieron que en el hospital estaba siendo atendido por una herida de bala uno de los agresores, Sorto Baires, por lo que le asignaron custodia.
La salud del policía se complicó y fue llevado al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) donde ya había perdido un riñón y para salvarle la vida le amputaron una pierna.
Después de que el marero herido se recuperara fue presentando, junto con Melara Baires, ante las autoridades judiciales acusado por homicidio agravado en grado de tentativa.
El juez avaló la investigación del ministerio público y les impuso una condena a 20 años de cárcel a ambos atacantes.
Sobre el tercer terrorista que participó no se brindó más información.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
