Judicial
Pandillero dura pocos minutos al salir de «Zacatraz», es arrestado nuevamente al ser reclamado por EE.UU

Un pandillero que estaba recuperando su libertad al salir de la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, conocida como ‘Zacatraz’ fue arrestado de nuevo ya que Estados Unidos lo reclama para que cumpla una sentencia a tres cadenas perpetuas.
El sujeto fue identificado como Armando Eliú Melgar Díaz, de 30 años.
De acuerdo con las autoridades, el marero había sido arrestado hace unos años en El Salvador por el delito de asociaciones ilícitas y el proceso llegó hasta el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.
El juez de sentencia decidió absolver (liberar de responsabilidades) a Melgar por lo que se ordenó su liberación de la cárcel de máxima seguridad.
Cuando iba a ser puesto en libertad, agentes de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) lo capturaron de nuevo ya que Estados Unidos lo estaba reclamando por delitos cometidos en esa nación, ya que antes de ser detenido en El Salvador fue deportado del país norteamericano.
La justicia estadounidense lo requiere para que cumpla tres cadenas perpetuas a las que fue sentenciado por delitos como asesinatos, financiamiento de terrorismo, narcoterrorismo distribución o posesión de cocaína y marihuana.
La Interpol llevó al capturado al Juzgado de Paz donde se le leyó el requerimiento de las autoridades de Estados Unidos.
Las autoridades nacionales enviaron un oficio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde en menos de 60 días debe llegar oficialmente el requerimiento por parte de la justicia estadounidense, que le reclama ocho cargos criminales.
Las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos indican que Melgar lideraba una estructura de pandilleros que delinquían también en México.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Judicial
Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.