Judicial
Pandillero dura pocos minutos al salir de «Zacatraz», es arrestado nuevamente al ser reclamado por EE.UU
Un pandillero que estaba recuperando su libertad al salir de la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, conocida como ‘Zacatraz’ fue arrestado de nuevo ya que Estados Unidos lo reclama para que cumpla una sentencia a tres cadenas perpetuas.
El sujeto fue identificado como Armando Eliú Melgar Díaz, de 30 años.
De acuerdo con las autoridades, el marero había sido arrestado hace unos años en El Salvador por el delito de asociaciones ilícitas y el proceso llegó hasta el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.
El juez de sentencia decidió absolver (liberar de responsabilidades) a Melgar por lo que se ordenó su liberación de la cárcel de máxima seguridad.
Cuando iba a ser puesto en libertad, agentes de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) lo capturaron de nuevo ya que Estados Unidos lo estaba reclamando por delitos cometidos en esa nación, ya que antes de ser detenido en El Salvador fue deportado del país norteamericano.
La justicia estadounidense lo requiere para que cumpla tres cadenas perpetuas a las que fue sentenciado por delitos como asesinatos, financiamiento de terrorismo, narcoterrorismo distribución o posesión de cocaína y marihuana.
La Interpol llevó al capturado al Juzgado de Paz donde se le leyó el requerimiento de las autoridades de Estados Unidos.
Las autoridades nacionales enviaron un oficio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde en menos de 60 días debe llegar oficialmente el requerimiento por parte de la justicia estadounidense, que le reclama ocho cargos criminales.
Las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos indican que Melgar lideraba una estructura de pandilleros que delinquían también en México.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
