Judicial
«Nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente», hija de Pablo Gómez, quien se declaró inocente en caso Saca
La corrupción del país marcó el resultado de las elecciones presidenciales este año. Pero además, los sonados casos de corrupción marcaron de cerca las vidas de algunas personas. La familia de Pablo Gómez, el único en el caso contra el expresidente Antonio Saca que no tomó el trato con la Fiscalía, para reducir su pena en un histórico proceso por corrupción en el país, sienten en carne propia cómo la corrupción cambió su vida.
Gómez fue condenado a 16 años de cárcel y el Juzgado Segundo de Sentencia determinó que el exempleado deberá pagar $5 millones por su participación en la estructura creada por el expresidente Saca para desfalcar al Estado salvadoreño.
La sentencia fue criticada por los salvadoreños, pues el exempleado de Casa Presidencial obtuvo una pena muy por encima del exmandatario a quien se le condenó a 10 años de prisión y de otros exfuncionarios que se les impuso cinco años a cambio de confesar. No obstante, Gómez fue el único imputado en este caso que no quiso negociar un procedimiento abreviado a cambio de una disminución de pena como los demás.
“Él sigue fiel con tanto que ha pasado en este tiempo. Él confió en la Corte de Cuentas, en Hacienda, en la misma Fiscalía. Nadie de la familia, tenía idea de que él iba a ser arrastrado de la forma en la que fue arrastrado en todo el proceso y nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente”, dice una de las hijas del exempleado de Casa Presidencial a El Salvador Times.
Aunque al principio, cuando Gómez, el expresidente Saca y el resto de los involucrados fueron detenidos, la familia tuvo sus dudas. Pero ahora, están seguros de que su padre es inocente y que además, hizo lo correcto al no aceptar el trato con los fiscales, por su dignidad y sus valores.
“A muchos nos sorprendió que no aceptó el procedimiento abreviado. Pero nosotros que lo conocemos, podemos decir que mi papá es así. Él no puede mentir, no puede dar falso testimonio y él mismo dice que no puede hablar de algo que no vio”, dice otra de las hijas de Gómez que hablaron con este periódico.
“Mi papá nunca se imaginó que con su trabajo se estaba haciendo algo indebido o desviando fondos de Casa Presidencial. A mi papá, siempre lo caracterizo como un persona bien sencilla, bien apegada a sus valores y a su religión”, sostuvo.
Para la familia fue duro ver como su padre fue puesto junto a Saca y otros funcionarios ahora condenados por corrupción. Saber que ese dinero de Casa Presidencial sirvió para que ellos se enriquecieran.
Una vida limitada
¿Cómo olvidar la mansión del expresidente Saca “un palacio con lujos” -como dijo el entonces fiscal general, Douglas Menéndez- con 20 habitaciones, gimnasio, capilla privada, casa de campo y demás, que según la Fiscalía fue construida con el dinero desviado del Estado?
Contrario a esa mansión, ubicada en una zona exclusiva del país, la casa de Gómez, que está en proceso de extinción de dominio, no refleja ningún lujo. Solo tiene tres modestas habitaciones, un baño estrecho y un pequeño pasillo que da con el patio.
La casa que Gómez compró con ayuda del Fondo Social de Vivienda en 1988, junto con su esposa, no tiene una piscina, tampoco tiene jacuzzi y mucho menos acabados de lujo. En la casa del expresidente, encontraron varios vehículos de lujo, el único automóvil que condujo el exempleado por muchos años, está viejo y descuidado, empolvándose en el parqueo de la colonia donde vivía junto a sus hijas.
La habitación en la que Gómez dormía hasta que fue detenido, aún conserva todo en el lugar que él lo dejó. Tampoco tiene lujos, sus camisas pueden contarse con facilidad y en las paredes ahora cuelgan algunos cuadros que ha pintado él mismo en Mariona.
Contrario a los hijos del expresidente que gozaron de viajes o de estudiar en las mejores escuelas, los cuatro hijo de Gómez fueron a la escuela pública como muchos salvadoreños y tuvieron que trabajar para poder pagar sus carreras de universidad, también como muchos salvadoreños.
“Como familia, nosotros vivimos bien alejados de su vida laboral. Él era superdedicado al trabajo, se estresaba, porque lo notábamos, pero en la casa no hablaba del trabajo. Siempre hemos tenido las cosas necesarias y esa fue su filosofía, ahorrar por si alguien se enfermaba y cosas así, pero nos tenía limitados”, continúa narrando su hija.
En la mansión del expresidente había hasta un salón de belleza, en el que la ex primera dama se arreglaba. La esposa de Gómez, en cambio, tenía un taller de costura y vendía paletas, frescos y chocobananos en la colonia para contribuir a la economía familiar, como lo hacen muchas mujeres salvadoreñas.
“Cuando usted pregunta, cuál ha sido el cambio en nuestras vidas… Pues, fue un choque bien fuerte. Ver de lo que se le acusaba a mi papá. Ver lo de la responsabilidad civil… Todo ha sido alejado de nuestra realidad. En la esfera del poder, él no estaba invitado a nada. Él era un empleado no tenía ni poder de saber, ni poder de decisión”, dice una de las jóvenes.
Por ahora, no solo todos los bienes y cuentas de Gómez están congelados y en vías de extinsión de dominio, sino que además deberán completar una responsabilidad civil de $5 millones que aún no saben de dónde saldrá.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
