Judicial
«No permitiremos que tanta corrupción de Douglas Meléndez quede impune»: Antonio Vega ante petición de la FGR al Juzgado 1o de Paz por declarar libre de delitos a exfiscal de la República
El representante legal de la Sociedad QUIMAGRO, S.A. DE C.V., Licenciado Antonio Vega, se pronunció este día, respecto a la petición efectuada por la Fiscalía General de la República, mediante la cual solicitó al Juzgado 1o de Paz de San Salvador, que declare libre de haber cometido delitos, al Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien fue acusado por Omisión en la Investigación, Incumplimiento de Deberes, Actos Arbitrarios y desobediencia.
Y dijo Tajantemente :
No permitiremos que tanta corrupción de Douglas Meléndez quede impune, impugnaremos la resolución de sobreseimiento, para demostrar cuando entre en control la CICIES, lo podrido y corrupto que está la institución acusadora. Sentenció.
Según el Licenciado Vega “como ciudadano y empresario, el sistema judicial nuevamente lo vuelve a defraudar, ya que toda la batalla legal de años, se queda sin una posibilidad de alcanzar pronta y cumplida justicia, simplemente porque la Fiscalía General de la República, decide de manera “OSCURA” presentar un Requerimiento pidiendo el Sobreseimiento Definitivo de Douglas Meléndez, al cual prácticamente se limita a acceder y confirmar el Juzgado en turno.”
Cabe recordar que la petición de la Fiscalía fue presentada a sede judicial el día 20 de septiembre del presente año, no obstante fue hasta muchos días después, ante un creciente rumor que se había solicitado el sobreseimiento Definitivo, el encargado de comunicaciones del Centro Judicial de San Salvador, Ulises Marinero, confirmó que era cierto. Ante esto, el licenciado Vega considera que “En realidad se trata de un intento de blindar toda la corrupción que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, cometió para favorecer a sectores poderosos economicamente como lo es el Banco. Ya que en el fondo de esta situación, la anterior Sala de lo Constitucional dictó una Sentencia Injusta con el fin de favorecer a una institución bancaria y cuando intenté comprobar que habían cometido un delito, siguiendo el debido proceso legal, el Ex Fiscal, sin mayores diligencias declara que no hay causa que perseguir.”
El apoderado de QUIMAGRO, también manifestó lo llamativo que es el hecho que la actual Fiscalía, suele ocupar sus redes sociales oficiales para divulgar una serie de hechos que tienen interés para la población; sin embargo, la solicitud de Sobreseimiento Definitivo a favor de Meléndez, no la informó en una falta de total transparencia. “Si en realidad es un asunto legal, porque no decirlo desde el principio, por el contrario parecería que se está manejando un doble discurso, por una parte dicen que nadie está por encima de la ley; pero por otra no nos permiten que se llegue al fondo de las denuncias que he presentado contra Douglas Meléndez y los Ex Magistrados de la Sala de lo Constitucional.”
También reconoció que es preocupante, que la Fiscalía esté culpando de todo lo que no sale conforme ellos lo plantean, al sistema judicial. “Ya este país está cansado de la matonería, no queremos ni hipócritas, ni tapaderas de corruptos, suficiente el desastre que cometió Douglas Meléndez, a quien la actual administración está premiando con la impunidad.”
Según la resolución que fue notificada el día 07 de octubre del presente año, al representante legal de QUIMAGRO, la decisión se adoptó por el Juzgado 1o de Paz, el día 27 de septiembre siempre de este año, basado en que se realizaron diligencias y se comprobó que no existía el delito, por qué razón no investigar más, sobre todo cuando estamos hablando de la persona que ejerció como Titular de la Fiscalía, especialmente cuando a su antecesor se le han señalado imputaciones penales, por hechos que fueron investigados hasta oficiosamente por la institución, en cambio a Meléndez, parece que había prisa de cerrarle el caso, para evitar que fuera juzgado por la Comisión contra la Impunidad. Extrañamente también otros fiscales que manejaron casos emblemáticos en la administración de Meléndez, se les presentó una petición de sobreseimiento definitivo antes que dejara el cargo de Fiscal General.
La nueva modalidad es, a los fiscales que comenten delito se les pide sobreseimiento, a las victimas y privados, no existe la presuncion de inocencia y se apela de todo.
No permitiremos que Douglas Meléndez quede impune, apelaremos la resolución de sobreseimiento y haremos publico las arbitrariedades. para que sea del conocimiento de la CICIES, Sentenció.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
