Judicial
Mujer dejó a su pareja tras sufrir maltratos físicos y verbales, y él decide asesinarla junto a su cuñado
Selma Liseth Martínez Pérez, de 22 años, formó un hogar con José Jeremías Aquino Canizález, de 26, y producto de esa relación procrearon dos niñas.
Sin embargo, con el pasar de los años Canizález cambió su comportamiento para con su esposa, comenzó agredirla física y verbalmente; además, constantemente le recriminaba que tenía otra relación, según la información oficial de las autoridades.
Cansada de ese círculo de violencia, Selma decidió separarse de él y llevarse las niñas.
El 13 de noviembre de 2018, Canizález se presentó en la casa de Selma en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, para reclamarle después de que ella se negara a regresar con él.
De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto llamó a la familia para decirles que fueran a recoger a Selma, ya que los estaba esperando.
Al llegar al lugar, el hermano y otros familiares de Selma la encontraron golpeada del rostro y otras partes de su cuerpo.
Al ser interrogada por la familia, ella relató que fue su esposo quien la golpeó por el hecho de que no quería regresar con él por la violencia a la que era expuesta.
Los familiares estaban en la vivienda cuando Canizález llegó con una pistola, el hermano de Selma trató de intervenir, pero el agresor le asestó un balazo.
La víctima fue identificada por las autoridades como Francis Edenilson Martínez Pérez, de 20 años.
Después apuntó el arma a Selma y le disparó. Fue una muerte instantánea. Después de cometer los asesinatos huyó, detallaron las autoridades.
A los cuatro días de haber cometido el doble homicidio, el criminal fue capturado en la frontera La Hachadura, en Ahuachapán.
Canizález enfrentó el juicio el jueves en el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana donde el juez lo condenó a 58 años de prisión por el delito de feminicidio agravado, disparos por arma de fuego y lesiones en otro familiar.
También ordenó que debe cancelar a la familia de Selma $1,100 por responsabilidad civil.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
