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Ministro de la Defensa, Munguía Payés, declaró sobre el caso Tregua que continúa hoy en el Tribunal Antimafia
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, se refirió este lunes a la tregua entre pandillas a la que llamó “proceso de pacificación”, y aceptó que esta “fue una política púbica que nació en el gabinete de seguridad” del expresidente Mauricio Funes.
“El proceso de pacificación era una política pública, de gobierno, y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de estos y miembros de la OEA, y mantener informado al presidente de los avances del proceso”, dijo el general, quien ayer fue citado en calidad de testigo por el Tribunal Antimafia para declarar en el caso Tregua.
En 2013, cuando se dio la tregua entre las principales pandillas del país, Munguía Payés se desempeñaba como ministro de Seguridad, por lo que era uno de los principales promotores de dicha política pública que mediáticamente se ha calificado como un fracaso por la cantidad de muertos que dejó luego de interrumpirse.
El militar defendió el proceso y dijo que el principal fin que tenía era el de disminuir los homicidios y otros delitos y que “hay gente que puede no estar de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo, pero el Estado tiene que trabajar y hacer sus esfuerzos por combatir el crimen, y es lo que estamos haciendo”, dijo, a la vez agregó que “si por hacer el trabajo nos quieren imputar que lo hagan, pero no lo van a poder probar porque no hay caso”, afirmó.
Según Munguía Payés, es falso que la tregua haya aumentado la cifra de desaparecidos. “Ahí están los datos”, manifestó y argumentó que la cantidad de desaparecidos es mayor en la actualidad que cuando se implementó la tregua.
También reveló que parte del dinero de las tiendas de los centros penales se han ocupado por muchos años para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y que en ese periodo se utilizó para pagar informantes. “La mayor parte de información que tenía el gabinete de seguridad era aportada a través de Centros Penales. Se tienen fuentes, se decomisas mensajes. Solo se puede lograr información por la inteligencia de los Centros Penales”, justificó.
El dinero de las tiendas fue utilizado para llevar a cabo las labores de inteligencia ante la falta de recursos públicos, añadió. Además, dijo que “nunca se dio un solo centavo a las pandillas. El dinero que aportó Centros Penales estaba destinado a operaciones de inteligencia, a pagar informantes y dar beneficios a algunos privados de libertad, así es como funcionaba”, argumentó.
El caso tregua continuará el martes con la etapa de alegatos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
