Judicial
Ministro de la Defensa, Munguía Payés, declaró sobre el caso Tregua que continúa hoy en el Tribunal Antimafia
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, se refirió este lunes a la tregua entre pandillas a la que llamó “proceso de pacificación”, y aceptó que esta “fue una política púbica que nació en el gabinete de seguridad” del expresidente Mauricio Funes.
“El proceso de pacificación era una política pública, de gobierno, y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de estos y miembros de la OEA, y mantener informado al presidente de los avances del proceso”, dijo el general, quien ayer fue citado en calidad de testigo por el Tribunal Antimafia para declarar en el caso Tregua.
En 2013, cuando se dio la tregua entre las principales pandillas del país, Munguía Payés se desempeñaba como ministro de Seguridad, por lo que era uno de los principales promotores de dicha política pública que mediáticamente se ha calificado como un fracaso por la cantidad de muertos que dejó luego de interrumpirse.
El militar defendió el proceso y dijo que el principal fin que tenía era el de disminuir los homicidios y otros delitos y que “hay gente que puede no estar de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo, pero el Estado tiene que trabajar y hacer sus esfuerzos por combatir el crimen, y es lo que estamos haciendo”, dijo, a la vez agregó que “si por hacer el trabajo nos quieren imputar que lo hagan, pero no lo van a poder probar porque no hay caso”, afirmó.
Según Munguía Payés, es falso que la tregua haya aumentado la cifra de desaparecidos. “Ahí están los datos”, manifestó y argumentó que la cantidad de desaparecidos es mayor en la actualidad que cuando se implementó la tregua.
También reveló que parte del dinero de las tiendas de los centros penales se han ocupado por muchos años para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y que en ese periodo se utilizó para pagar informantes. “La mayor parte de información que tenía el gabinete de seguridad era aportada a través de Centros Penales. Se tienen fuentes, se decomisas mensajes. Solo se puede lograr información por la inteligencia de los Centros Penales”, justificó.
El dinero de las tiendas fue utilizado para llevar a cabo las labores de inteligencia ante la falta de recursos públicos, añadió. Además, dijo que “nunca se dio un solo centavo a las pandillas. El dinero que aportó Centros Penales estaba destinado a operaciones de inteligencia, a pagar informantes y dar beneficios a algunos privados de libertad, así es como funcionaba”, argumentó.
El caso tregua continuará el martes con la etapa de alegatos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
