Judicial
Más nombres de políticos salen a la luz, y Juez ordena a FGR que sean investigados por negociar con pandillas
Ampliar las investigaciones contra funcionarios, políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que, según las pruebas presentadas en el caso “Operación Cuscatlán”, aparecen relacionados a negociaciones y entrega de dinero a pandilleros, es lo que ordenó el juez especializado de Sentencia A de San Salvador a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el comunicado de prensa, el juez estipuló en el documento que “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidentes de la República”.
Así como el David Victoriano Munguía Payés, como ministro de la Defensa; los miembros del partido ARENA, Jorge Velado y Ernesto Angulo, y “los integrantes de la red de pastores” relacionados al caso.
Asimismo, se pide también investigar a varias municipalidades del país, así como “precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de Alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos” y a “unidades de investigación de la corporación policial e integrantes de la sociedad civil mencionados en el desarrollo del juicio”.
Además, la Fiscalía deberá investigar la actuación de sus autoridades “ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”.
Además, el documento cita las seis supuestas entregas de dinero por parte del partido FMLN a los pandilleros, detallando las cantidades y el momento electoral que se vivía en el país, enfatizando que «el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue Arístides Valencia”
Asimismo, el documento cita la única entrega de dinero efectuada por el partido ARENA; «la entrega fue de sesenta y nueve mil dólares, en una oficina de Raúl Mijango”.
Investigaciones fiscales también revelaron que Medardo González y José Luis Merino, importantes políticos del FMLN, negociaron con pandilleros fondos de Alba Alimentos (de Alba Petróleos). Ninguno de ellos ha sido acusado.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
