Judicial
Más nombres de políticos salen a la luz, y Juez ordena a FGR que sean investigados por negociar con pandillas
Ampliar las investigaciones contra funcionarios, políticos, organismos y autoridades eclesiásticas que, según las pruebas presentadas en el caso “Operación Cuscatlán”, aparecen relacionados a negociaciones y entrega de dinero a pandilleros, es lo que ordenó el juez especializado de Sentencia A de San Salvador a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el comunicado de prensa, el juez estipuló en el documento que “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidentes de la República”.
Así como el David Victoriano Munguía Payés, como ministro de la Defensa; los miembros del partido ARENA, Jorge Velado y Ernesto Angulo, y “los integrantes de la red de pastores” relacionados al caso.
Asimismo, se pide también investigar a varias municipalidades del país, así como “precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de Alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos” y a “unidades de investigación de la corporación policial e integrantes de la sociedad civil mencionados en el desarrollo del juicio”.
Además, la Fiscalía deberá investigar la actuación de sus autoridades “ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”.
Además, el documento cita las seis supuestas entregas de dinero por parte del partido FMLN a los pandilleros, detallando las cantidades y el momento electoral que se vivía en el país, enfatizando que «el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue Arístides Valencia”
Asimismo, el documento cita la única entrega de dinero efectuada por el partido ARENA; «la entrega fue de sesenta y nueve mil dólares, en una oficina de Raúl Mijango”.
Investigaciones fiscales también revelaron que Medardo González y José Luis Merino, importantes políticos del FMLN, negociaron con pandilleros fondos de Alba Alimentos (de Alba Petróleos). Ninguno de ellos ha sido acusado.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
