Judicial
Juez rechazó modificar condena de 30 años contra involucrado en caso FOMIEXPORT
El Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador resolvió improcedente modificar la pena de 30 años a 10 solicitada por la defensa de Joel Ernesto García Gutiérrez, condenado por el caso de FOMIEXPORT en que fueron estafadas un aproximado de 1500 personas.
El juez Mario Mira Montes, en su resolución consideró que si accedía a modifica la pena a 10 años, estaría generando impunidad en este caso y que las expectativas de justicia que tienen las víctimas no pueden ser ahora soslayadas” sostuvo.
Antes de la resolución las víctimas, un aproximado de 14 se pronunciaron en la audiencia y pidieron que se haga justicia y que la pena sea congruentes con lo que ellos perdieron cuando invirtieron en dicha sociedad. Señalaron que lo que más les interesa es recuperar su dinero y que el condenado repare el daño ocasionado a las familias.
El juez considero que el delito masa, establecido en el Artículo 49 del Código Penal Vigente, fue una figura creada para evitar la impunidad relacionada a defraudaciones a gran número de víctimas y al aplicar dicha figura como lo pedía la defensa se beneficiaba al reo, pero se genera impunidad contrario a lo que dice el legislador, sostuvo.
Mientras tanto el abogado defensor, manifestó que solicitaron la modificación de la pena basado en que García fue condenado con la legislación penal anterior en 1996 y se le impuso una pena de 30 años con la figura de concurso real de delito.
Señaló “que con la legislación actual que incluye la modalidad del delito masa que es cuando a un imputado se le atribuye una multiplicidad de delitos en perjuicio patrimonial en una multiplicidad de víctimas, el hecho deberá considerarse como un solo delito y lo califica como delito masa, que tiene una penalidad de 10 años”
García fue condenado el 12 de diciembre de 1996 a 30 años de prisión por el delito de estafa actualmente se encuentra purgando la pena en un centro penal y a la orden del Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciara y de Ejecución de la Pena
Fue capturado por la INTERPOL el 19 de julio de 2017 en el Aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero cuando fue deportado de Estados Unidos, país donde huyó para evadir la justicia.
Se detalla que cuando sucedieron los hechos, era el contador de la Sociedad Financiera Fomiexport fundada en 1992 captaron fondos del público de forma ilegal, ofreciendo hasta un 125% sobre sus inversiones.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
