Judicial
Juez rechazó modificar condena de 30 años contra involucrado en caso FOMIEXPORT
El Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador resolvió improcedente modificar la pena de 30 años a 10 solicitada por la defensa de Joel Ernesto García Gutiérrez, condenado por el caso de FOMIEXPORT en que fueron estafadas un aproximado de 1500 personas.
El juez Mario Mira Montes, en su resolución consideró que si accedía a modifica la pena a 10 años, estaría generando impunidad en este caso y que las expectativas de justicia que tienen las víctimas no pueden ser ahora soslayadas” sostuvo.
Antes de la resolución las víctimas, un aproximado de 14 se pronunciaron en la audiencia y pidieron que se haga justicia y que la pena sea congruentes con lo que ellos perdieron cuando invirtieron en dicha sociedad. Señalaron que lo que más les interesa es recuperar su dinero y que el condenado repare el daño ocasionado a las familias.
El juez considero que el delito masa, establecido en el Artículo 49 del Código Penal Vigente, fue una figura creada para evitar la impunidad relacionada a defraudaciones a gran número de víctimas y al aplicar dicha figura como lo pedía la defensa se beneficiaba al reo, pero se genera impunidad contrario a lo que dice el legislador, sostuvo.
Mientras tanto el abogado defensor, manifestó que solicitaron la modificación de la pena basado en que García fue condenado con la legislación penal anterior en 1996 y se le impuso una pena de 30 años con la figura de concurso real de delito.
Señaló “que con la legislación actual que incluye la modalidad del delito masa que es cuando a un imputado se le atribuye una multiplicidad de delitos en perjuicio patrimonial en una multiplicidad de víctimas, el hecho deberá considerarse como un solo delito y lo califica como delito masa, que tiene una penalidad de 10 años”
García fue condenado el 12 de diciembre de 1996 a 30 años de prisión por el delito de estafa actualmente se encuentra purgando la pena en un centro penal y a la orden del Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciara y de Ejecución de la Pena
Fue capturado por la INTERPOL el 19 de julio de 2017 en el Aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero cuando fue deportado de Estados Unidos, país donde huyó para evadir la justicia.
Se detalla que cuando sucedieron los hechos, era el contador de la Sociedad Financiera Fomiexport fundada en 1992 captaron fondos del público de forma ilegal, ofreciendo hasta un 125% sobre sus inversiones.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
