Judicial
Juez dicta sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais

El Juzgado 14° de Paz de San Salvador dictó el sobreseimiento definitivo a favor de José Aquiles Enrique Rais López, Marie Annettee Clairmont de Rais, Michelle Marie Rais de Barake, Hugo Ernesto Blanco Rais, Claudia María Alvarenga Martínez y Demetrio Alexander Palacios, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL ING, y de Franco Pacetti. Además en dicho proceso a Rais López se le acusa de estafa.
El 26 de noviembre de 2014 Fiscalía General de la República (FGR), bajo la administración del exfiscal Luis Martínez, presentó requerimiento fiscal al Juzgado 14° de Paz solicitando sobreseimiento definitivo a favor de los 6 imputados; por lo que el juez suplente, Mauricio Álvarez, otorga el sobreseimiento definitivo. Pero, los abogados de las víctimas interponen recursos de apelación, primero ante la Cámara 2° de lo Penal y posteriormente ante la Sala de Penal, dicha Sala dio la razón a la víctima y manda que la Cámara 3° de lo Penal evalúe el sobreseimiento definitivo.
Por lo que el 29 de abril de 2016, la Cámara 3° de lo Penal dictó un sobreseimiento provisional y ordenó a la FGR a cumplir con su función de investigación, verificando los requisitos de poderes otorgados en el extranjero y que realice diligencias que pidió víctima, las cuales son: hacer auditorías, peritajes, solicitud de informes bancarios de las cuentas y transferencias que se mencionan en el requerimiento fiscal.
Hasta antes de dictar el sobreseimiento definitivo, el ministerio público fiscal no presentó ninguna de las diligencias que ordenó la Cámara 3° de lo Penal, por lo que el juez interino del Juzgado 14° de Paz, bajo el criterio del plazo razonable (finalización del tiempo del sobreseimiento provisional) dictó el sobreseimiento definitivo.
Desde la primera resolución del Juzgado 14° de Paz, hecha el 28 de noviembre de 2014 han presentado una serie de peticiones (recursos y casaciones) tanto de parte de los abogados de la víctima como los abogados de los imputados.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.