Judicial
Juez dicta sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais
El Juzgado 14° de Paz de San Salvador dictó el sobreseimiento definitivo a favor de José Aquiles Enrique Rais López, Marie Annettee Clairmont de Rais, Michelle Marie Rais de Barake, Hugo Ernesto Blanco Rais, Claudia María Alvarenga Martínez y Demetrio Alexander Palacios, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL ING, y de Franco Pacetti. Además en dicho proceso a Rais López se le acusa de estafa.
El 26 de noviembre de 2014 Fiscalía General de la República (FGR), bajo la administración del exfiscal Luis Martínez, presentó requerimiento fiscal al Juzgado 14° de Paz solicitando sobreseimiento definitivo a favor de los 6 imputados; por lo que el juez suplente, Mauricio Álvarez, otorga el sobreseimiento definitivo. Pero, los abogados de las víctimas interponen recursos de apelación, primero ante la Cámara 2° de lo Penal y posteriormente ante la Sala de Penal, dicha Sala dio la razón a la víctima y manda que la Cámara 3° de lo Penal evalúe el sobreseimiento definitivo.
Por lo que el 29 de abril de 2016, la Cámara 3° de lo Penal dictó un sobreseimiento provisional y ordenó a la FGR a cumplir con su función de investigación, verificando los requisitos de poderes otorgados en el extranjero y que realice diligencias que pidió víctima, las cuales son: hacer auditorías, peritajes, solicitud de informes bancarios de las cuentas y transferencias que se mencionan en el requerimiento fiscal.
Hasta antes de dictar el sobreseimiento definitivo, el ministerio público fiscal no presentó ninguna de las diligencias que ordenó la Cámara 3° de lo Penal, por lo que el juez interino del Juzgado 14° de Paz, bajo el criterio del plazo razonable (finalización del tiempo del sobreseimiento provisional) dictó el sobreseimiento definitivo.
Desde la primera resolución del Juzgado 14° de Paz, hecha el 28 de noviembre de 2014 han presentado una serie de peticiones (recursos y casaciones) tanto de parte de los abogados de la víctima como los abogados de los imputados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
