Judicial
IAIP da inicio a proceso sancionatorio contra alcaldía de Santa Tecla
El Instituto de Acceso a la Información Pública dio a conocer el día 30 de julio, que iniciaría un proceso sancionatorio contra el Concejo Municipal de Santa Tecla por el incumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de la resolución definitiva emitida por el instituto el 15 de junio.
La resolución del 15 de junio ordenaba a la municipalidad la desclasificación de información confidencial y reservada que tiene que ver con el convenio TECLASEO-AMST; ante esta iniciativa, la municipalidad tecleña se mostró inconforme.
En caso de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios, conforme al artículo 77 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), podría imponerse una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios; así mismo, se establece que la misma debe de ser pagada con fondos propios y no de la administración pública.
En razón de un incumplimiento bajo dicho dictamen, el Instituto tramitará el procedimiento según las fases establecidas en la LAIP y la Ley de Procedimientos Administrativos, garantizando la audiencia de funcionarios durante el proceso y emitirá una resolución en torno al caso.
La municipalidad tecleña ha sido señalada en diversas ocasiones por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, quien denunció irregularidades en los despidos de trabajadores de la comuna hasta con 20 años de servicio para ejecutar el convenio con la empresa colombiana TECLASEO.
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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 57 años de prisión por delitos cometidos en perjuicio de sus tres hijos. La mujer recibió una pena de 45 años por el homicidio agravado de su hija de 5 años, y 12 años adicionales por el abandono y maltrato de sus otros dos hijos menores de edad.
Durante el juicio, también fue procesado Carlos Francisco Sosa Pérez, pareja de Cruz Martínez, quien fue hallado culpable por comisión por omisión en los delitos de abandono, desamparo y maltrato infantil. El tribunal le impuso una condena total de 12 años de prisión, con tres años por cada menor y por cada delito.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 25 de abril de 2024, en el distrito de San Martín, donde la niña murió en su vivienda a causa de múltiples golpes propinados por su madre.
El Ministerio Público logró sustentar los hechos mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales demostraron que los tres menores eran víctimas frecuentes de maltrato y negligencia por parte de los acusados.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $60,225 en efectivo y un vehículo Kia Forte, modelo 2015, pasen a favor del Estado, al determinarse su vinculación con delitos relacionados con lavado de dinero y actividades de narcotráfico.
Según la investigación de la Fiscalía, ambos bienes fueron incautados a Carlos Rafael Barrientos, quien fue intervenido por agentes policiales en enero de 2022, durante un patrullaje en la carretera que conecta Metapán con Santa Ana.
De acuerdo con el reporte judicial, los policías observaron un vehículo que circulaba de forma imprudente y, al interceptarlo, localizaron un maletín en el asiento trasero con más de 60 mil dólares en efectivo. El conductor no logró justificar el origen del dinero.
Posteriormente, peritajes científicos revelaron que tanto el dinero como el vehículo presentaban rastros de cocaína, lo que reforzó su relación con actividades ilícitas.
Judicial
FGR logra condena histórica contra 66 pandilleros de la MS-13: penas alcanzan hasta 807 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una histórica condena contra 66 miembros de la clica Saylor Locos Salvatruchos, de la pandilla MS-13, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan hasta los 807 años de prisión por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en los municipios de Lolotique, Moncagua, Chapeltique y San Miguel.
Las investigaciones fiscales comprobaron que los imputados estuvieron involucrados en 24 homicidios agravados, 12 extorsiones, un caso de privación de libertad, dos proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, y cuatro expedientes relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas. También se les procesó por asociaciones delictivas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo fue el asesinato de una pareja el 4 de agosto de 2019 en el cantón El Platanar, Moncagua. Según las autoridades, los pandilleros sospechaban que una de las víctimas colaboraba con la Policía al brindar información sobre el paradero de un marero.
Entre los cabecillas condenados figura Hérbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue sentenciado a 807 años de prisión por su participación en 20 homicidios, así como por extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer homicidios. Otros sentenciados destacados incluyen a Gérber Natividad López Mejía, alias Aliens, condenado a 727 años por 18 homicidios, y Melquisidec Jiménez Zavala, alias Yaspers, sentenciado a 663 años por 17 asesinatos.
De los 66 pandilleros procesados, 18 enfrentaron juicio en calidad de rebeldes y los demás comparecieron de manera virtual ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel. La FGR subrayó que esta sentencia representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban con impunidad en el oriente del país.
