Judicial
IAIP da inicio a proceso sancionatorio contra alcaldía de Santa Tecla
El Instituto de Acceso a la Información Pública dio a conocer el día 30 de julio, que iniciaría un proceso sancionatorio contra el Concejo Municipal de Santa Tecla por el incumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de la resolución definitiva emitida por el instituto el 15 de junio.
La resolución del 15 de junio ordenaba a la municipalidad la desclasificación de información confidencial y reservada que tiene que ver con el convenio TECLASEO-AMST; ante esta iniciativa, la municipalidad tecleña se mostró inconforme.
En caso de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios, conforme al artículo 77 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), podría imponerse una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios; así mismo, se establece que la misma debe de ser pagada con fondos propios y no de la administración pública.
En razón de un incumplimiento bajo dicho dictamen, el Instituto tramitará el procedimiento según las fases establecidas en la LAIP y la Ley de Procedimientos Administrativos, garantizando la audiencia de funcionarios durante el proceso y emitirá una resolución en torno al caso.
La municipalidad tecleña ha sido señalada en diversas ocasiones por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, quien denunció irregularidades en los despidos de trabajadores de la comuna hasta con 20 años de servicio para ejecutar el convenio con la empresa colombiana TECLASEO.

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Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















