Judicial
IAIP da inicio a proceso sancionatorio contra alcaldía de Santa Tecla
El Instituto de Acceso a la Información Pública dio a conocer el día 30 de julio, que iniciaría un proceso sancionatorio contra el Concejo Municipal de Santa Tecla por el incumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de la resolución definitiva emitida por el instituto el 15 de junio.
La resolución del 15 de junio ordenaba a la municipalidad la desclasificación de información confidencial y reservada que tiene que ver con el convenio TECLASEO-AMST; ante esta iniciativa, la municipalidad tecleña se mostró inconforme.
En caso de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios, conforme al artículo 77 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), podría imponerse una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios; así mismo, se establece que la misma debe de ser pagada con fondos propios y no de la administración pública.
En razón de un incumplimiento bajo dicho dictamen, el Instituto tramitará el procedimiento según las fases establecidas en la LAIP y la Ley de Procedimientos Administrativos, garantizando la audiencia de funcionarios durante el proceso y emitirá una resolución en torno al caso.
La municipalidad tecleña ha sido señalada en diversas ocasiones por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, quien denunció irregularidades en los despidos de trabajadores de la comuna hasta con 20 años de servicio para ejecutar el convenio con la empresa colombiana TECLASEO.
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Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
