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Judicial

Hombre amenazó con una “cuma” durante siete años a una menor para abusar sexualmente de ella en Sonsonate

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Miguel Cuyo Alcántara, de 43 años de edad, tendrá que pasar 26 años y ocho meses tras las rejas, luego de ser encontrado responsable de forzar a una menor de 13 años a tener relaciones con él; algo que sucedió durante 7 años en el municipio de Caluco, Sonsonate.

En la vista pública desarrollada el 27 de noviembre de 2018, en el Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate, la Fiscalía presentó prueba testimonial, documental y pericial, con la que se demostró la responsabilidad de Miguel Alcántara.

Los hechos iniciaron a darse desde el 2010, cuando la madre de la menor salía de la vivienda junto a sus hermanos y se dirigía a vender en un puesto en el mercado de la localidad. Minutos después el hombre se dirigía al cuarto de la menor, quien usaba una cuma para obligar a la menor.

La víctima debió al temor que le tenía al sujeto, calló lo sucedido y no se atrevía a contarle a nadie los que le estaba pasando.

Además, fue sometida a duros castigos y controlada excesivamente por el mismo sujeto, ya que este no la dejaba salir, ni mantenerse ni un solo momento sin él, al grado que, en 2016 la menor ingirió gramoxone y fue traslada de emergencia al hospital.

Tras el intento de quitarse la vida, el sujeto siguió cometiendo el acto contra la menor. En cierta ocasión, la madre salió como de costumbre, alrededor de la una de la madrugada y el sujeto se dispuso a seguir cometiendo el acto; sin embargo, la madre regresó a la casa y se enteró de lo que sucedía.

El hombre al verse descubierto huyó del lugar y la madre acudió ante las autoridades para informarles sobre los hechos.

Imagen de referencia.

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Pandilleros de la MS pagarán 8 años de cárcel por robo a pasajeros del transporte público

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Tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados a ocho de cárcel tras hallados culpables del cago de robo agravado, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los criminales delinquían en el municipio de Santa Cruz Michapa, del departamento Cuscatlán,  dijo el fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la sede de Cojutepeque.

Se trata de Juan Antonio García Cruz, Jhonatan Antonio Martínez Martínez y Tomás Castillo Ventura quienes fueron declarados responsables de asaltar a los pasajeros de un autobús del transporte colectivo, el 27 de julio del año 2019, aproximadamente a las 8:30 de la mañana.

Los usuarios fueron despojados de sus prendas personales y dinero cuando el autobús circulaba en la calle principal del cantón las Ánimas de Santa cruz Michapa. Los tres sujetos, portando armas cortas y un fusil AK-47, obligaron a las víctimas a entregar sus pertenencias.

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Fiscalía ordena captura de mujer por aprovecharse de la inocencia de un menor de edad en Cojutepeque

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Una joven mujer fue detenida luego de la orden girada por la Fiscalía General de la República (FGR) por agredir a una víctima menor de edad, detallan los reportes del Ministerio Público.

La mujer se habría aprovechado en repetidas ocasiones de un adolescente de 13 años, por lo que, tras la denuncia, se realizaron las investigaciones que terminaron el esta detención.

De acuerdo a las autoridades este delito se realizó durante el mes de junio de este año en el municipio de Cojutepeque, Cuscatlán.

En las próximas horas, la mujer, identificada como Alicia del Carmen Martínez, será puesta a disposición de los tribunales.

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Ordenan captura de un PPI acusado de limitar la circulación de vecinos cerca de su casa

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La Fiscalía ordenó la captura de un agente supernumerario de la División de Protección de Personalidades (PPI) acusado del delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación.

Según la fuente fiscal, la detención se realizó en el municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador.

El capturado es Rafael Alonso Díaz, quien según informes de la Fiscalía trabaja en una embajada acreditada del país.

Se presume que el detenido se oponía a la circulación de algunos vecinos en las cercanías de su vivienda.

La captura fue realizada después que el ministerio público recibiera la denuncia de los afectados.

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